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Tortura contra mujer debe ser castigada por la justicia civil

Publicado por Naked snake el Martes, 19 abril 2016
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Por: Anayeli García Ramírez/Cimacnoticias

Oaxaca.- Organizaciones de Derechos Humanos (DH) criticaron que el caso de tortura contra una mujer en el municipio de Ajuchitlán del Progreso, Guerrero, cometido por una militar y un policía federal en 2015, esté en manos del fuero militar y no ante un juzgado civil.

Agrupaciones como el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, y la Red Todos los Derechos para Todas y Todos, afirmaron que estos hechos ameritan una profunda investigación.

tortura2La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó que los hechos ocurrieron el 4 de febrero de 2015 y que dos militares estaban encarcelados y son investigados por el delito de “desobediencia” ante un juzgado militar, mientras que la Procuraduría General de la República (PGR) abrió una investigación para determinar “la responsabilidad en cuanto a las afectaciones civiles”.

Al respecto, la Sedena argumentó que el proceso se desarrollará en los “dos fueros”: en el militar, por “desobediencia” únicamente, y en el ordinario, por el delito que la PGR considere, pero para las y los activistas, de acuerdo con la legislación nacional los actos de tortura deben ser competencia de la PGR y los involucrados deben ser procesados ante los jueces civiles.

Además en 2014 se reformó el artículo 57 del Código de Justicia Militar para que las violaciones a DH fueran juzgadas en tribunales civiles y así garantizar la imparcialidad, lo que para grupos civiles y sobrevivientes de tortura sexual o familiares de desaparecidos presuntamente por el Ejército fue un logro contra la impunidad.

En un comunicado, las agrupaciones dijeron que este caso, incluyendo la conducta pública de los mandos militares que minimizaron la gravedad de los hechos, reafirma la institucionalidad de la tortura en México y demuestra la necesidad de que el marco normativo se modifique para que todo acto de tortura se prevenga, investigue, castigue y repare conforme a los estándares internacionales de DH.

Los hechos que se exhiben en un video que comenzó a circular en redes sociales entre el 13 y 14 de abril, así como muchos casos más de tortura, deben ser considerados para acelerar y profundizar la discusión que actualmente se realiza en el Senado sobre los contenidos de una nueva Ley General de Tortura, demandaron activistas.

Asimismo, exigieron a la PGR que investigue y acuse ante jueces ordinarios a los responsables de estos hechos sucedidos en 2015, e informe de los avances sobre las pesquisas.

También reclamaron a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) que contacte a la mujer torturada, para verificar su situación legal y su afectación psicológica, ya que según versiones periodísticas, esta persona está detenida acusada de secuestro, en un penal de máxima seguridad en Nayarit.

De acuerdo con las organizaciones civiles, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) también debe intervenir e integrar de oficio una queja por violaciones graves a los DH, e investigar la cadena de mando, la conducta de las autoridades superiores que dieron la orden, y el alcance de la autoría intelectual de los hechos.

A la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) le pidieron informe sobre la situación legal de los elementos que intervinieron en esta tortura, y sobre el seguimiento de los casos, las sanciones disciplinarias y penales a los policías federales involucrados.

El pasado sábado 16 de abril el titular de la Sedena, Salvador Cienfuegos Zepeda, dirigió un mensaje para condenar y disculparse por los hechos de tortura contra la mujer.

Al respecto, Amnistía Internacional-México –organización que desde hace 20 años ha documentado casos de ejecuciones extrajudiciales de civiles, desapariciones forzadas, torturas y detenciones arbitrarias por parte de las fuerzas armadas– repudió que la Sedena y el gobierno mexicano califiquen estos hechos como “aislados”, pues supuestamente fueron cometidos por gente que actuó por “cuenta propia”.

“Es necesario que el gobierno y particularmente las autoridades militares reconozcan la magnitud y gravedad de las violaciones de DH perpetradas por el personal militar en el desempeño de operaciones de seguridad pública en los últimos años, y que actúen rápidamente para cambiar esta tendencia”, urgió el organismo.

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