Persisten fuertes prejuicios de género en el Poder Judicial

Oaxaca.-La ex ministra Olga Sánchez Cordero consideró que entre el personal judicial prevalecen prejuicios contra las mujeres, por lo que se requiere un cambio de paradigma y la aplicación del Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Al participar en el Congreso Internacional “Buenas prácticas en el juzgar: el género y los Derechos Humanos”, en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Sánchez Cordero destacó los aportes del Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género, así como de otros protocolos enfocados a la niñez, la población indígena, las personas con discapacidad y los grupos vulnerables, y que fueron elaborados por la SCJN en 2013. No obstante, la ex ministra apuntó que se necesita un “cambio de paradigma” y de pensamiento en las y los jueces, quienes mantienen “fuertes prejuicios sobre las mujeres”. Enumeró casos –de los que conoció durante más de 20 años de trayectoria jurisdiccional– en los que las y los juzgadores argumentaron la vestimenta de las mujeres, para responsabilizarlas de asesinatos y violaciones en su contra. Olga Sánchez Cordero, quien fue la primera mujer notaria en México, se dijo “sorprendida” por el actuar de sus compañeros y la complicidad de otros operadores de justicia, para evitar que una mujer presentara una denuncia por acoso sexual. No obstante –sostuvo– la aplicación e interpretación del Derecho basada en estereotipos de género no es la única que fortalece brechas de poder y niega el ejercicio de derechos, sino también omitir el impacto diferenciado de las disposiciones jurídicas por cuestiones de género. Puso como ejemplo las leyes locales sobre paridad de género en candidaturas, que buscan una igualdad política “horizontal” pero no “vertical”, ya que aceptan a las mujeres como regidoras, pero no como alcaldesas, apuntó. “Disfraza la paridad a través de una norma que no responde a este principio”, lo que se traduce en una forma de violencia política, observó Sánchez Cordero. Y refrendó: “Quien opera el Derecho tiene la obligación de advertir que un contenido de ciertas normas reproduce prácticas sociales estereotípicas, y se basa en valoraciones de género que definitivamente limitan, obstaculizan o excluyen a una persona en el goce y el ejercicio de sus derechos”. Observó que no obstante este panorama de malos ejemplos, existen –aunque pocas– buenas prácticas para juzgar con perspectiva de género en México. La ex ministra relató que un juez local consiguió la libertad de una mujer que fue detenida por introducir droga a un penal, al argumentar la vulnerabilidad que enfrentaba frente a su extrema condición de pobreza y de género, así como la presión a la que estaba sometida para que los grupos criminales no asesinaran a su cónyuge. Agregó que otro juez consiguió que se negara la “renuncia voluntaria” y restituyera el empleo a una mujer embarazada que estaba a punto de parir y que había firmado su cese, por lo que perdía su derecho a las prestaciones correspondientes por maternidad. Un caso más fue cuando la defensoría de oficio del Poder Judicial obtuvo la libertad de 50 mujeres indígenas que no hablaban español y que fueron encarceladas por delitos contra la salud. “Esto era algo que no hubiera visto hace 50 años” –resaltó–, por lo que se han dado muchos avances, pero aún faltan más buenas prácticas y que todos los juzgadores apliquen el Protocolo de la SCJN. La ex ministra abundó que aún prevalecen entre los juzgadores muchas malas prácticas que impiden la igualdad ante la ley, principalmente porque hacen “lo que han hecho siempre”, sin cambiar de paradigma, de mentalidad, sin “hacer una diferencia en el juzgar”. Acotó que si bien el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género no es obligatorio, se basa en normas nacionales e internacionales que sí son de carácter obligatorio para el Poder Judicial.