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Viernes 19 de abril, 2024.
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CIMACFoto: César Martínez López[/caption]
Casi desde su llegada a México en noviembre de 2014, el Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) –que investiga el caso Ayotzinapa– pidió entrevistar a integrantes del 27 Batallón de Infantería de Iguala, Guerrero, por la información que pudieran aportar sobre la desaparición forzada de 43 estudiantes normalistas.
Sin embargo, la PGR se negó mes con mes a procesar la solicitud, con la cual se podrían esclarecer los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014, advierten especialistas.
En septiembre de 2015, el GIEI reveló en su primer informe que el Ejército vigiló a los jóvenes desde que salieron de la Normal Rural de Ayotzinapa, para actividades de “boteo” y toma de autobuses.
Además, testigos señalaron la presencia de agentes de inteligencia militar en la calle Galeana y el Palacio de Justicia, donde habrían estado los normalistas; que el Ejército visitó la comisaría de Barandilla donde habría sido llevado normalistas detenidos; y luego la misma patrulla se dirigió al Hospital Cristina, donde se habían refugiado sobrevivientes y uno de los heridos de gravedad.
El Ejército también resguardó la escena del crimen donde se hallaron los cuerpos de dos normalistas en la calle Juan N. Álvarez y Periférico Norte tras un segundo ataque. Luego, otra patrulla militar resguardó el lugar donde apareció el cuerpo sin vida y torturado de Julio César Mondragón antes de que llegaran las autoridades civiles, informó el GIEI.
Pese a esta información aún quedaban cabos sueltos sobre si los militares sólo habrían presenciado estos hechos, o si sabían más sobre a dónde fueron llevados los normalistas, cuyo paradero aún se desconoce, por lo que el GIEI insistió en entrevistar al Batallón.
La PGR mostró por escrito las declaraciones ministeriales de 11 militares del 27 Batallón, pero en las cuales se omitieron las preguntas y se borró gran parte de las respuestas. Las declaraciones ministeriales del Ejército constan en la segunda parte del expediente del caso que hizo público la PGR el 11 de abril, pero aparecen censuradas.
Pese a que aún no queda clara la participación militar en los hechos y se desconoce el paradero de los normalistas, el Estado retiró el apoyo al GIEI para su permanencia en México, por lo que el equipo deberá irse luego de que hoy dé su segundo informe, en el que mostrará el cuestionario que hubiera aplicado a los soldados.
AÑOS DE EVADIR LA JUSTICIA
El Sistema Interamericano de DH ha emitido más de una sentencia contra México por la participación del Ejército en casos de desaparición forzada, tortura sexual y obstrucción de la justicia.
Aunque la CoIDH ordenó, por estos casos, que el Estado mexicano investigue la participación de militares en violaciones a las garantías humanitarias, que reforme su Código de Justicia Militar para erradicar el fuero castrense y homologarlo con convenciones internacionales, y que legisle adecuadamente sobre desaparición forzada, estos mandatos no han modificado el sistema de justicia militar.
La CIDH también ha emitido recomendaciones a México para que investigue diligentemente y sancione conforme al fuero civil a militares involucrados en violaciones sexuales contra mujeres.
Entre los casos más emblemáticos destaca que en 1994 soldados detuvieron arbitrariamente, violaron y torturaron a tres hermanas tzeltales, en Chiapas, en medio del contexto de represión al EZLN.
Seis años después de los hechos, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional llevó el caso a la CIDH, que determinó que el Estado mexicano violó los derechos a la libertad e integridad personal y a la protección de la honra y de la dignidad, garantías judiciales y protección judicial en perjuicio de las mujeres.
En 2002, la indígena tlapaneca Valentina Rosendo Cantú fue interceptada por militares en la montaña de Guerrero, donde la interrogaron, la golpearon y luego abusaron sexualmente de ella. Tras denunciar los hechos, la Sedena desmintió la acusación y aseguró que no había operaciones en la zona, por lo que la acusación pretendía afectar “intereses personales de delincuentes que habitan en esa área”.
En ese mismo año, ocurrió la violación de Inés Fernández Ortega por militares, cuyo caso –junto con el de Valentina–derivó en dos sentencias de la Corte Interamericana, las cuales ordenaron además de la reparación del daño a las víctimas, reformar el artículo 57 del Código de Justicia Militar para permitir el enjuiciamiento de los militares que participen en delitos contra civiles.
Aún sin cumplir el mandato, en 2006 un grupo de militares en el municipio de Castaños, Coahuila, violó a 13 mujeres. Dos años después, sólo tres soldados de los 12 que confesaron, fueron sentenciados por violación.
En 2007, al menos cuatro indígenas adultas mayores de la sierra de Zongolica, en Veracruz, también habrían sido agredidas sexualmente por militares. En respuesta, el entonces mandatario, Felipe Calderón, negó toda responsabilidad de los militares y aseguró que Ernestina Ascencio, la primera de las víctimas, murió por “complicaciones de úlcera”.
Fue la presión constante de activistas que derivó a que en 2014 se reformara el Código de Justicia Militar (artículo 57), que obliga a que los soldados que cometan violaciones a DH de civiles sean juzgados ante tribunales ordinarios.
No obstante, en 2015 la CoIDH determinó que esa reforma es insuficiente y parcial, y estableció que la jurisdicción militar no era competente para juzgar y sancionar violaciones a DH cometidas por militares.
En el contexto de violencia y crimen organizado que vive el país, grupos civiles denuncian que las violaciones a DH se están multiplicando –como evidenció el reciente video de tortura militar contra una mujer de Guerrero–; sin embargo, no ha habido otra reforma al Código de Justicia Militar que facilite las investigaciones y permita sanciones expeditas contra los agresores.Te podría interesar...
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