Y es que ya no sólo es posible falsificar todo lo falsificable en la plaza Santo Domingo –desde un título profesional hasta una credencial de elector–, sino que el robo de la identidad de los mexicanos mayores de edad es global. El corazón mismo de los procesos electorales el listado nominal está disponible en la compañía de comercio electrónico Amazon, que almacena y comercia con la identidad de todos los mexicanos con derecho a voto. Sí, resulta que los datos básicos de los casi 93 millones de electores pueden ser adquiridos, consultados, usados y hasta alterados, a través del gigante del comercio, sin que el INE, el Tribunal Electoral, la PGR o el Gobierno de México puedan hacer algo. Y no se diga la impotencia de cada uno de los mexicanos con derecho a voto, cuyos datos básicos están en manos de los partidos y sus mafiosas tribus, sino que esos mismos datos son oro molido para mercenarios de la publicidad, para grupos criminales y hasta profesionales del odio y la venganza. Resulta que manos inescrupulosas –probablemente un partido político o del propio INE–, puso a la venta los nombres, ocupación, sexo y dirección de cada uno de los mexicanos mayores de edad, información que supuestamente está bajo resguardo del INE. Por lo pronto, con la filtración del Listado Nominal de Electores, se presume un primer conflicto y una primer beneficio para políticos y/o partidos responsables de la grave irregularidad. ¿Y cuál es ese conflicto? El manoseo de la elección del próximo 5 de julio –que renovará 12 gobiernos estatales, entre otros procesos electorales–, y cuyos resultados podrían ser alterados desde el origen. ¿Por qué? Porque con toda la información del Listado Nominal, manos interesadas podrían diseñar la alquimia electoral –vía electrónica–, para engordar los votos de tal o cual candidato o partido. Y lo único que se requiere para esa operación es saber quiénes son y dónde están determinados electores. Lo demás es trabajo de mercadotecnia y publicidad. Pero a pesar de que el INE interpuso una demanda ante la PGR y la Fepade, las preguntas están en otro lado. ¿Quién fue capaz de un crimen como el de filtrar los datos de más de 90 millones de mexicanos? ¿Para qué? ¿Cuál es la ganancia política y económica de ese delito? ¿Tienen el INE, la PGR y el Estado la capacidad de investigar y sancionar ese tipo de delitos? ¿Qué riesgo corre la seguridad, la integridad y los bienes de los más de 90 millones de mexicanos cuyos datos básicos circulan de mano en mano? Hasta ahora la responsabilidad recae en dos grupos potencialmente interesados: los partidos políticos y los trabajadores del INE. ¿Habrá una sanción ejemplar o, como ya es costumbre, veremos que impera el reino de la trampa y el “cochupo”. Pero no menos escandaloso es el riesgo político del robo de la identidad de todos los mexicanos. No sólo resulta vergonzoso el nivel pedestre de los consejeros del INE –por su notoria parcialidad y valemadrismo institucional–, sino porque si no son capaces de resguardar los datos básicos de los electores. Y frene a esa debilidad institucional, la pregunta obliga. ¿Cómo pretenden ser garantes de los procesos electorales? Igual que los ladrones de la identidad de los mexicanos, los consejeros del INE deben ser llevados a juicio. Al tiempo.