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Presenta Informe final Comisión de la Verdad sobre hechos ocurridos en Oaxaca el 2016

Publicado por Naked snake el Miércoles, 4 mayo 2016
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Oaxaca.-La Comisión de la Verdad de Oaxaca (CVO) difundió este martes su informe final sobre los hechos que motivaron las violaciones a los derechos humanos del pueblo oaxaqueño en 2006 y 2007.

El documento de 957 páginas fue fechado en marzo de 2016 y firmado por José Alejandro Solalinde Guerra, Marina Patricia Jiménez Ramírez y Diego Enrique Osorno González .

Dentro de las cifras de víctimas por violación a los derechos humanos en México, se contabilizan aquellas que han sufrido las desapariciones forzadas aunque a la fecha no se cuenta con cifras oficiales exactas y confiables. Por ejemplo, en abril de 2014 se mencionó la cifra de 26 mil, dos meses después el Gobierno federal reconocía a 20 mil 810, de las cuales 13 mil 195 desaparecieron en el régimen del presidente Felipe Calderón (2006-2012) y 7 mil 615 durante el régimen actual. A finales de septiembre de 2015, el gobierno volvió a reconocer cerca de 20 mil 00[1].

Por su parte, otros organismos gubernamentales manejan cifras diferentes. Este es el caso de la CNDH, organismo que registró cuatro quejas en 2006 y 77 en 2010, mientras que el Programa de Personas Desaparecidas de la misma dependencia registró la presunta desaparición de 346 personas en 2010; en tanto que la PGR contaba con 63 averiguaciones previas por el delito de desaparición forzada, 49 de ellas relacionadas con la Guerra Sucia.

Por otra parte, las organizaciones civiles reportaron que cerca de 3 mil personas habrían sido desaparecidas en el país entre 2006 y 2011. Dentro de las cifras, el número de mujeres es desconocido: en las cantidades proporcionadas por la CNDH de 2006 a 2011 existen 5 mil 397 personas reportadas como extraviadas o ausentes, de las cuales mil 885 son mujeres (OFACONU, 2012 párr. 18 y 23).

Cabe destacar que las cifras de las violaciones a los derechos humanos se han incrementado con el empleo de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública destinadas a los organismos de seguridad civiles, situación que se presentó, en mayor medida, a partir de 2006.

Dada la presión nacional e internacional con respecto al tema de la desaparición forzada, a finales de diciembre de 2015, se envió a la Cámara de Senadores como iniciativa la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Desaparición de Personas que  reforma y deroga diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley General de Salud. Asimismo, propone castigar hasta con 150 años de prisión a quienes cometan este delito y 135 años a quien cometa el delito de desaparición por particulares.

Habrá que esperar si dicha ley retoma la definición de desaparición forzada establecida en los tratados internacionales destinados a esta materia y de los cuales México forma parte. Esto debido a que, si bien se ha tipificado el delito de desaparición forzada a través de los códigos penales, en estos no se define el significado de la misma tal y como se establece en los tratados internacionales, además de que se equipara este delito con el de secuestro o de detención ilegal.

Ante la visita del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas en marzo de 2011, este dio a conocer algunas de sus preocupaciones. Una de ellas se refería a que esta violación es solo un delito autónomo en el Código Penal Federal desde 2001 y en la legislación penal de ocho estados (Aguascalientes, Chiapas, Chihuahua, Durango, Distrito Federal, Guerrero, Nayarit y Oaxaca). Además de que, primero, en cada una de las legislaciones respectivas no se emplea la misma definición de desaparición forzada ni aquella contenida en la Declaración. Segundo, la desaparición forzada se refiere solo a “actos cometidos por funcionarios públicos sin incluir la posibilidad de que las desapariciones forzadas sean perpetradas por grupos organizados o particulares que actúen en nombre del Gobierno o con su apoyo directo o indirecto, su autorización o aquiescencia. La pena varía dependiendo de la jurisdicción. El castigo no es necesariamente proporcional a la gravedad del delito, comparado con el de otros crímenes, como el secuestro”[2].

De igual manera, el Grupo de Desapariciones Forzadas señaló que, debido a la impunidad, muchos casos que deberían encuadrarse bajo el delito de desaparición forzada son clasificados e investigados como “levantones”, o las personas son consideradas “extraviadas” o “perdidas”, particularmente en grupos como mujeres, menores y migrantes, sin una adecuada investigación (debida diligencia) para descartar la posibilidad de que se trate de una desaparición forzada (OFACONU, 2012, párr. 14).

En esta sección se hará alusión al tema de la desaparición forzada durante el movimiento social de 2006-2007. Para ello se dividirá en tres partes: La primera de ellas explicará el significado del término desaparición forzada establecido en los instrumentos internacionales tanto universales como regionales. Asimismo, se mencionará la definición que se retoma en el ordenamiento nacional, para evidenciar la diferencia entre la definición internacional y la nacional y lo que ello genera.

En la segunda parte se estudiará —una vez dada a conocer las cifras de personas desaparecidas en el estado de Oaxaca— la situación de los miembros del Partido Democrático Popular Revolucionario-Ejército Popular Revolucionario (PDPR-EPR) que desaparecieron en el contexto del movimiento social en Oaxaca en 2006 y 2007. La tercera y última parte se destinará a las conclusiones.

La definición del término desaparición forzada se ha venido acuñando en diferentes instrumentos internacionales. Por ejemplo, en el Preámbulo de la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas Contra las Desapariciones Forzadas; adoptada en la resolución 47/133 de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 18 de diciembre de 1992, se señala que se considera desaparición forzada cuando

se arreste, detenga o traslade contra su voluntad a las personas, o que éstas resulten privadas de su libertad de alguna otra forma por agentes gubernamentales de cualquier sector o nivel, por grupos organizados o por particulares que actúan en nombre del gobierno o con su apoyo directo o indirecto, su autorización o su asentimiento, y luego se niegue revelar la suerte o el paradero de esas personas o a reconocer que están privadas de la libertad, sustrayéndolas así a la protección de la ley.

En el mismo Preámbulo se señala que la práctica sistemática de la desaparición forzada representa un crimen de lesa humanidad. [3]

Posteriormente, se estableció, a nivel regional, la Convención Interamericana Sobre Desaparición Forzada de Personas, adoptada por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) el día 9 de junio de 1994[4], en cuyo artículo 2 establece:

la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes.

Sin embargo, debido a que no existía un instrumento universal donde se consagrase no solo la definición sino el derecho a no sufrir desaparición forzada, en 2001 se encargó a un experto un estudio sobre el tema y, tras un análisis de ello, la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas[5] decidió iniciar la redacción de un tratado en 2003. En diciembre de 2006, la Asamblea General adoptó la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas  (OFACONU, 2009, pp.8 y 9)[6].

Dicha Convención, además de ser vinculante, estableció el derecho a no ser objeto de desaparición forzada, creó un órgano de supervisión que es el Comité de desaparición forzada y estableció disposiciones que obligan a los Estados a prevenir y sancionar dicho delito. Asimismo, en el artículo 2 se dice que:

se entenderá por “desaparición forzada” el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley.

Adicionalmente, en el artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, se establece que la desaparición forzada es considerada un crimen de lesa humanidad cuando se comete como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque.

Con respecto al ordenamiento nacional, en 2006 se contaba, por un lado, con el Código Penal Federal y, por otro, con el Código Penal del Estado de Oaxaca. En el primero, los artículos 215-A, 215-B, 215-C y 215-D estaban destinados al delito de la Desaparición Forzada de Personas[7], de los cuales solo mencionaremos los dos primeros:

Artículo 215-A: Comete el delito de desaparición forzada de personas, el servidor público que, independientemente de que haya participado en la detención legal o ilegal de una o varias personas, propicie o mantenga dolosamente su ocultamiento bajo cualquier forma de detención.

Artículo 215-B: A quien cometa el delito de desaparición forzada de personas se le impondrá una pena de cinco a cuarenta años de prisión.

Por su parte, en el ordenamiento del estado de Oaxaca se cuenta con los artículos de 348-Bis-D y 348-Bis-E, del Código Penal. En los que se puede encontrar lo siguiente:

Artículo-348 Bis-D, Comete el delito de desaparición forzada, quien por orden o con la autorización o apoyo de autoridades del Estado, privare en cualquier forma de la libertad a una o más personas, por motivos políticos, ocultando su paradero, negándose a revelar su destino o reconocer su detención, así como el servidor público que ordene, autorice o apoye la desaparición.

Se equipara al delito de desaparición forzada de persona, la ocultación de familiares de víctimas de este delito o nacidos de una madre víctima de desaparición forzada, durante el cautiverio.

Artículo 348-Bis-E: A quien cometa el delito de desaparición forzada de personas, se le impondrá una pena de prisión de cinco a treinta años de prisión y multa de trescientos a setecientos salarios mínimos, así como la inhabilitación por el tiempo de la pena fijada en la sentencia ejecutoriada, para el desempeño de cualquier cargo o empleos públicos.

Como bien se puede apreciar, en el articulado de ambos códigos penales solo se hace alusión a empleados de gobierno, dejando fuera a grupos e individuos particulares, lo que ocasiona un gran problema de impunidad, debido a que es conocido que, en México, la mayor parte de las desapariciones de personas son llevadas a cabo por particulares, muchas veces, al servicio de una autoridad —sea esta municipal, estatal o federal—. Muestra de ello, es el caso de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala, Guerrero, entre los que se incluye a Christian Tomás Colón Garnica, un estudiante oaxaqueño que se encontraba estudiando en la institución de aquel municipio guerrerense.

De acuerdo la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, cuando se presenta la desaparición forzada se violan otros derechos, tanto civiles como políticos: el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica; el derecho a la libertad y seguridad de la persona; el derecho a no ser sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; el derecho a la vida, en caso de muerte de la persona desaparecida; el derecho a una identidad; el derecho a un juicio imparcial y a las debidas garantías judiciales; el derecho a un recurso efectivo, con reparación e indemnización; y el derecho a conocer la verdad sobre las circunstancias de la desaparición. Asimismo, provoca violación a derechos económicos, sociales y culturales como los son: el derecho a la protección y a la asistencia a la familia; el derecho a un nivel de vida adecuado; el derecho a la salud; o el derecho a la educación, entre otros (OFACONU, 2009, pp. 3 y 4).

Según el Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas[8],  se tienen 216 personas desaparecidas de 2005 a julio de 2015, en 35 de los 570 municipios que componen el estado de Oaxaca.  De estas cifras, 97 desapariciones se registraron durante el periodo de gobierno de Ulises Ruiz Ortiz y 119 desde el inicio del gobierno de Gabino Cué a julio de 2015[9].

De las 216 desapariciones, 18 pertenecen al fuero federal y se encuentran en el periodo de 2005 a julio de 2015, mientras que 198 corresponden al fuero común, registradas en el periodo de 2007 y 2015. De esas cifras, 115 son varones y 101 mujeres; la media de edad es de 27 años[10].

Personas desaparecidas por año: total 216

 2001 2003 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1 1 8 4 24 53 6 18 24 5 40 24 8

Fuente: Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas

Estas cifras por municipio se distribuyen de la siguiente manera: No especificado, 79; Oaxaca de Juárez, 54; Santa Cruz Xoxocotlán, 14; San Agustín Atenango, 8; San Juan Bautista Tuxtepec, 8; Zaachila, 5; Santa Lucía del Camino, 5; San Antonio de la Cal, 4; San Pedro Ixtlahuaca 4, San Jacinto Amilpas, 3. Dos personas desaparecidas en cada uno de los siguientes municipios: Huajuapan de León, Cuilapan de Guerrero, San Bartolo Coyotepec, San Sebastián Tutla, Santo Domingo Tehuantepec y Tlacolula de Matamoros. Con una persona: Coatecas Altas, Ánimas Trujano, Loma Bonita, Tlaxiaco, Magdalena Apasco, San Agustín de las Juntas, San Agustín Etla, San José Tenango, San Pablo Etla, San Pablo Huitzo; además, San Pablo Villa de Mitla, San Pedro Cajonos, San Pedro Mixtepec, San Pedro Totolapan, San Vicente Coatlán, Santa Catarina Juquila, Santa María Atzompa, Santa María del Tule y Zimatlán[11].

Cabe señalar que, de acuerdo con el concepto de desaparición forzada en la legislación nacional, no todas las cifras proporcionadas por el Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) se refieren a ella. En dicha base se encuentra toda persona extraviada o desaparecida, lo cual genera un problema  relacionado con la justicia  e impunidad, debido a que quizás en esos casos señalados por el RNPED se encuentra un número importante de persona que son víctimas de la desaparición forzada. Por ejemplo, el caso de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, presuntos miembros del EPR, detenidos y desaparecidos entre 24 y 25 de mayo 2007.

Existen otros casos registrados por la CVO como el de la comunidad Agustín Atenango, en la región de Silacayoapan, donde se tienen 8 personas reportadas en julio de 2005. Lauro Juárez, desaparecido el 31 de diciembre de 2007, miembro del Frente Popular Revolucionario (FPR); las indígenas triquis Daniela Ortiz Ramírez y Virginia Ortiz Ramírez, desaparecidas el 5 de julio del 2007 y otros miembros del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT). Sergio Bautista, miembro de la Unión Campesina Democrática (UCD) junto con Alberto Santiago Velásquez, desaparecidos el 20 de abril del 2008[12]. Los siguientes son casos más recientes, como el de los profesores Carlos René Román Salazar[13], ocurrida presuntamente el 14 de marzo de 2011, o el de Guadalupe Pérez Sánchez[14], el 15 de mayo de ese mismo año.

De los noventa existen registros oficiales confiables de casos de desaparición, sin embargo, defensores de derechos humanos han denunciado diversos casos.

“La desaparición forzada de personas en Oaxaca no es un hecho reciente, ni aislado, ni mucho menos casual. Obedece a un contexto de acciones de hostigamiento implementado en contra de personas identificadas con la lucha social que se ha venido enfrentando en diferentes épocas o momentos contra el orden de cosas establecido”, asegura el abogado oaxaqueño Israel Ochoa Lara. El letrado recordó durante el foro que las desapariciones forzadas en Oaxaca rememoran “los años setenta del siglo pasado, durante la época del llamado movimiento democrático universitario”. Sin embargo, “la época de mayor actividad represiva en la cual se suscitaron diversos casos de desaparición de personas ocurrió a partir de 1996 y hacia la actualidad”. En la memoria de Ochoa Lara se encuentran las historias de esos casos. (Noticias, 26 de mayo de 2011)

En Oaxaca han existido algunas organizaciones civiles interesadas en abordar la problemática de las desapariciones forzadas. En mayo de 2011, durante la Semana Internacional del Detenido Desaparecido, el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos Hasta Encontrarlos organizó en Oaxaca el Foro de Desapariciones Forzadas en Oaxaca, el rostro de la impunidad, en el cual se plantearon algunos de los casos ocurridos en los noventa, durante administraciones estatales encabezadas y conformadas por actores políticos involucrados en los hechos del 2006 y 2007, así como en la actualidad.

Sucesión de casos desde los 90

Septiembre de 1996. Evaristo Peralta Martínez, exregidor de Cárceles y Panteones del municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz.

11 de febrero de 1997. El pintor Nicéforo Urbieta.

19 de febrero de 1997. Máximo Pacheco Alonso, originario de Llano Paraje Loxicha.

6 de marzo de 1997. Doroteo Felipe Santiago y Hermenegildo Martínez Martínez Valencia. Desaparecieron en un operativo del Ejército Mexicano y agentes de la entonces Policía Judicial del Estado, en Magdalena Loxicha.

El 21 de marzo de 1997. El maestro Ignacio Niño García. Agentes de la Policía Judicial del Estado y hombres vestidos de civil desalojaron a un grupo de personas de un plantón en el municipio de San Agustín Loxicha.

El 20 de julio de 1997. Felipe de Jesús Antonio Santiago y Marcelino Santiago Pacheco, indígenas loxichas. Detenidos y desaparecidos en el llamado parque del Amor de la ciudad de Oaxaca. “Estuvieron desaparecidos durante nueve meses, sometidos a torturas físicas y psicológicas, y posteriormente presentados y acusados de diversos delitos en las cárceles de las poblaciones de Pochutla y Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, respectivamente”, recuerda el abogado.

El 26 de diciembre de 1997. Álvaro Sebastián Ramírez. Fue capturado en el centro de la ciudad de Oaxaca y presentado 15 días después por la policía en el Reclusorio de la Villa de Etla. Fue puesto a disposición de diversos jueces estatales y federales para enfrentar diversos procesos penales.

El 25 de febrero de 1998. Desapareció Adalberto Jorge Pacheco Santiago, en la comunidad La Conchuda, perteneciente a San Agustín Loxicha.

A mediados de 1998, en la ciudad de Oaxaca, fue capturado y desaparecido Simón Antonio Juárez, originario de Llano Maguey, Loxicha.

15 de julio de 1998. Ignacio Gómez García. No se supo de su paradero durante cuatro meses. Posteriormente fue presentado por la policía en el reclusorio de la población de Jamiltepec. Ese mismo día fue detenido en San Felipe del Agua, Oaxaca, Juan Sosa Maldonado, quien al igual que Ignacio Gómez García fue presentado 25 días después de su desaparición por la Policía Judicial del Estado en el reclusorio de Matías Romero. También en 1998 desapareció el profesor Mario Cruz López. (Noticias, 26 de mayo de  2011)

Desaparición de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya

El Partido Democrático Popular Revolucionario—Ejército Popular Revolucionario (PDPR-EPR) es la organización guerrillera vigente más antigua de México, la cual tiene una presencia importante en Oaxaca.

Son ya casi 50 años de lucha congruente y firme, de convicción revolucionaria reivindicando las necesidades históricas del pueblo oprimido y explotado, dice el Comité Central del Partido Democrático Popular Revolucionario (PDPR)-Comandancia General del Ejército Popular Revolucionario (EPR) a Contralínea. En entrevista, el EPR reivindica ser una evolución de la Unión del Pueblo (UP), que luego se denominó Partido Revolucionario Obrero Clandestino Unión del Pueblo (PROCUP). No se refiere ya al Partido de los Pobres (PDLP), de Lucio Cabañas, y cuya sigla acompañó a la del PROCUP en la década de 1980 y hasta mediados de la de 1990: PROCUP-PDLP. El máximo órgano directivo del EPR asegura que nació en 1964, a diferencia de lo que han señalado estudios académicos y otras organizaciones guerrilleras, quienes ubican la fundación de la UP entre 1970 y 1972. Con la fecha ofrecida por el EPR, la organización se sitúa como la decana del movimiento guerrillero en México. Incluso, antes del ataque al Cuartel de Madera, Chihuahua, realizado en 1965 por los guerrilleros comandados por Arturo Gámiz. La guerrilla con estructuras en al menos 11 estados de la República no reconoce haber sufrido desprendimiento alguno. Mucho menos, padecer una diáspora. Propaganda del régimen, considerar a las siglas ERPI (Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente), FARP (Fuerzas Revolucionarias Armadas del Pueblo), CCP-CJ28 (Comité Clandestino de los Pobres-Comando Justiciero 28 de Junio), MRLCB (Movimiento Revolucionario Lucio Cabañas Barrientos) o, entre otras más, TDR-EP (Tendencia Democrática Revolucionaria-Ejército del Pueblo) como desprendimientos de la estructura eperrista. Lo que ha ocurrido, asegura, es una depuración. (Contralínea, enero de 2014)

Uno de sus miembros, Gabriel Alberto Cruz Sánchez, nació el 24 de marzo de 1952 en la ciudad de Oaxaca. Es el sexto de ocho hermanos. A los 11 años de edad ingresó a la secundaria de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca, donde empezó a participar en el movimiento estudiantil de aquella época. Fue uno de los organizadores de la Coalición Obrero Campesino Estudiantil de Oaxaca (COCEO), que a su vez creó un Bufete Jurídico Universitario para asesorar las luchas campesinas y obreras. El crimen de estado cometido en 1968 en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco marcó un parteaguas en el movimiento estudiantil oaxaqueño en el que Gabriel participaba. Sus compañeros del PDPR-EPR difundieron una semblanza en la que recuerdan así los sucesos:

El 2 de Octubre conocimos la masacre de los estudiantes en Tlatelolco en el Distrito Federal y los estudiantes de la UABJO para esos días ya habían realizado movilizaciones de solidaridad. También se luchaba por reivindicaciones locales, como lo eran detener el intento de alza de pasaje para los estudiantes, denuncia de la represión de campesinos y el decomiso de sus mercancías, los problemas agrarios, entre muchos otros. Después de la masacre de Tlatelolco seguía tomado el edificio central de la universidad. Te recuerdas haciendo guardias, círculos de estudio, ayudando a rescatar las mercancías robadas por la policía a los vendedores ambulantes, después fueron desalojados los universitarios oaxaqueños del edificio central, siendo incendiado el portón de la UABJO, medidas de un Estado represivo y autoritario. (El Insurgente, diciembre de 2014)

Cruz Sánchez asumió durante sus estudios de bachillerato un perfil de líder. También se distinguió por su transparencia y honestidad.

nos viene a la memoria la ocasión en que fuiste secretario general de la preparatoria, te tocó negociar en varias ocasiones con los empresarios dueños de los autobuses urbanos, para evitar el alza del pasaje, es en esta labor cuando ellos te ofrecieron traicionar a la base estudiantil, queriendo corromperte ofreciéndote prebendas como carro, casa, dinero y beca a cualquier país que tu eligieras, pero nada ni nadie lograron quebrantar tu convicción de honradez y sentido de la responsabilidad. Ante tal proposición aceptas una cita para “negociar” con dichos empresarios, y sin que éstos se enteraran, citaste a la base estudiantil en el gimnasio universitario y cuando llegan, qué sorpresa se llevaron, en lugar de negociación se enfrentan a un gimnasio repleto de estudiantes en donde desenmascaras la proposición y planteas a la asamblea que decidiera si aceptabas o no dicha propuesta, tú sabías que los estudiantes se negarían a esto y que el movimiento contra el alza del pasaje y el transporte libre para el estudiantado continuaría bajo el interés de la base universitaria. (El Insurgente, diciembre de 2014)

En 1970, Cruz Sánchez fue detenido y encarcelado por el secuestro de Sadot Sánchez Carreño, entonces líder de las juventudes priistas y a la postre miembro del aparato gubernamental priista oaxaqueño y senador de la República.

La movilización estudiantil continuaba y los porros hacían su papel de reprimir dichos movimientos. En este proceso fue asesinado por porros el compañero y amigo Gastón Eruviel Martínez Salazar. Inmediatamente se organiza una asamblea en la Preparatoria No. 1 para tomar decisiones sobre el plan a seguir ante este asesinato, es así como surge la idea de que para acelerar el esclarecimiento se decide que era necesario presionar al Estado, y llevarse a alguien con peso político, sin más qué decir tomas al primero que te encuentras y con un amigo de la prepa decides llevarte a Sadot Sánchez Carreño, destacado miembro del PRI local. Fue espontáneo, sin pensar dónde llevarlo, ni con quién y es así que te encuentran a los tres días y te llevan a la cárcel en donde fuiste tratado como criminal por el Estado y sus esbirros, ya que por meses te aislaron y sometieron a castigos, tu madre siempre estaba contigo llevándote comida cuando la dejaban pasar, tu sonrisa se dibuja al contar aquellas anécdotas. (El Insurgente, diciembre de 2014)

Cruz Sánchez se incorporó a las filas de Unión del Pueblo, la organización guerrillera que antecede al PDPR-EPR.

Al salir de la cárcel tu labor de constructor y de organizador se fortaleció y en lugar de amedrentarte se consolidó tu carácter y tu ímpetu revolucionario. Te integraste sin más ni menos a la labor revolucionaria. En el año de 1972, ya como Unión del Pueblo (UP), hoy sabemos que tu familia fue víctima de la represión policiaca, así son detenidos tus hermanos Casto y el más pequeño de tan solo doce años, a los que torturaron con el fin de que dijeran dónde estabas, al no encontrarte también detuvieron a tu sobrina. Es así que a partir de 1972 empieza la persecución policiaca hacia tu persona, fueron 35 años de vivir en la clandestinidad dentro de la clandestinidad, en los cuales demostraste siempre tu carácter alegre y personalidad firme, así como la constancia en la labor revolucionaria. (El Insurgente, diciembre de 2014)

Edmundo Reyes Amaya nació en San Pablo Huixtepec, Oaxaca, el 10 de noviembre de 1949. De acuerdo con una investigación periodística de Emiliano Ruiz Parra, en su acta de bautismo aparece como Edmundo, aunque en el registro civil es Andrés.

Fue el mayor de 10 hermanos de una familia en donde solo alcanzó para que terminara la primaria. Su infancia y su juventud transcurrieron entre Oaxaca y la Ciudad de México, en donde fue albañil, cargador y obrero. En 1976 se casó con Lucina y con ella vivió de vender ropa en los pueblos de los Valles Centrales de Oaxaca. Se mudó con su familia a México cuando su hijo mayor tenía 15 y la menor 12 años. Su único lujo era el beisbol. De joven había sido catcher en Los Astros y en Los Delfines en ligas amateurs de Oaxaca y el Distrito Federal. Coleccionaba gorras de beisbolista, tenía un bat y una manopla con la que jugaba con su hijo mayor. Los fines de semana iba con sus hijos a ver los juegos de Ciudad Deportiva. Su familia solo lo perdía de vista cuando iba a ver a sus padres a Oaxaca. Así ocurrió el 23 de mayo, que se despidió de beso de Lucina y Nadín con el compromiso de volver el 30 de ese mes. (Reforma, 4 de noviembre de 2007)

Según El Insurgente, órgano de análisis y difusión del PDPR-EPR:

Edmundo Reyes Amaya por lo menos desde la década del 90 era buscado también por el aparato civil-militar de inteligencia, sobre todo en Oaxaca, donde le temían por su alta combatividad y congruencia política, de esto pueden dar cuenta diversos activista políticos de los Loxicha y diversas personalidades defensoras de los derechos humanos, a quienes los criminales al servicio del Estado hostigaba y presionaba para tratar de hacerse de información que les permitiera detener-desaparecer como lo hicieron a nuestro camarada.

De acuerdo con el testimonio vertido ante la CVO por familiares de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya,

Edmundo y Gabriel son originarios del estado de Oaxaca, son luchadores sociales que pertenecían al Partido Democrático Popular Revolucionario —Ejército Popular Revolucionario. Ambos realizaban actividades de formación política y concientización en diferentes sectores populares así como en el interior de su organización. Tanto Edmundo como Gabriel mantuvieron en la clandestinidad su actividad política en esta organización, nuestras familias se enteraron de esta situación al momento en que se denunció su desaparición y con los años hemos podido conocer algo acerca de su militancia por información hecha pública por parte de su organización. (Testimonio CVO)

En una comunicación hecha llegar el 10 de noviembre de 2015, el PDPR-EPR comparte su testimonio a la CVO.

Este comunicado se los enviamos para que hagan las investigaciones que les correspondan dentro de lo posible, con la mayor premura, para evitar cualquier tipo de intervención del Estado mexicano, ya que familiares de luchadores sociales detenidos, ejecutados extrajudicialmente y desaparecidos por temor y amenazas recibidas no han hecho, por sí solos, declaraciones a la Comisión, ni públicas, lo que se ha constituido en un obstáculo para la propia Comisión en cuanto al conocimiento de la verdad. (Testimonio CVO)

El grupo da su visión sobre el contexto histórico en el que ocurrió el conflicto del 2006-2007, así como una caracterización del movimiento social:

El pueblo de Oaxaca, es un pueblo que a través del tiempo ha intentado sacudirse de la opresión y del despojo, razón por la cual ha sido brutalmente reprimido, aunque también ha alcanzado victorias que han quedado plasmadas en su ya histórica resistencia. En los años 40 y 50 se habían generado movimientos populares para destituir a los gobernadores Edmundo M. Sánchez Cano (1944-1947) y Manuel Mayoral Heredia (1950-1952), entre otros, estos movimientos populares fueron brutalmente reprimidos, hubo muertos, heridos, aun así lograron triunfar en su objetivo, expulsar a estos malos gobernantes.

En el año 2006, nuevamente, se agudizó el movimiento popular esta vez en apoyo al magisterio como sucedió en los años 70, en que el movimiento popular estudiantil logró la destitución del represor gobernador Manuel Zárate Aquino.

El entonces presidente José López Portillo, movilizó al Ejército federal y envió a más de 20 mil soldados a la ciudad de Oaxaca que realizaron maniobras militares que empezaron con un desfile de esos que, antes que nada, tratan de intimidar al pueblo para iniciar, a la vez, una “cacería de brujas” y con el cinismo que les caracteriza encarcelar a luchadores sociales y personas no organizadas, personalidades que se dedicaban y deseaban transformar principalmente a la heroica Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca y la vida de los ciudadanos que ya en ese tiempo eran acusados, sin prueba alguna, de ser miembros de nuestro partido, el Partido Revolucionario Obrero Clandestino “Unión del Pueblo”, PROCUP.

Así el movimiento popular estudiantil logró hacer renunciar a Manuel Zárate Aquino y el estado mexicano logró imponer al tristemente célebre general Eliseo Jiménez Ruiz (1977-1980), represor del movimiento popular estudiantil de 1968 en el D.F. y represor del pueblo de Guerrero quien continuó con la represión cometiendo crímenes de lesa humanidad como la desaparición forzada ahora en Oaxaca.

Desde los periodos de Diódoro Carrasco Altamirano (1992-1998), y de José Murat Casab (1998-2004), sobre todo el primero, organizó y preparó a los cuerpos policiacos y paramilitares que desempeñarían la función de reprimir, llegando al clímax con la soberbia, el descaro y cinismo de Ulises Ruiz Ortiz (2004-2010), razón por la que el pueblo oaxaqueño también exigió su destitución aunque se enfrentó a la impunidad y apoyo total que el Gobierno federal representado por Felipe Calderón Hinojosa le otorgó al enviar nuevamente al Ejército federal y a la entonces PFP al mando de Ardelio Vargas Fosado, cuyo negro historial se inicia con su participación en “labores de inteligencia” en la extinta Dirección Federal de Seguridad (DFS), estuvo en Chiapas en 1994 durante el levantamiento zapatista, Director del Cisen del año 2000 al 2005, director de la Agencia Federal de Investigación (AFI), en el año 2004 y Comisionado de la Policía Federal Preventiva (PFP) y dirigió las operaciones en Oaxaca a partir del 28 de octubre del 2006. Actualmente, es director del Instituto Nacional de Migración.

Un factor común de los anteriores y los actuales movimientos populares en apoyo a campesinos indígenas, comerciantes, estudiantes, maestros ha sido que los gobernantes en turno utilizan grupos paramilitares para realizar los hechos más crueles y despiadados, como viene sucediendo, hasta llegar a las ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas realizadas durante el gobierno de Ulises Ruiz Ortiz, ante el avance del movimiento popular como ejemplo, la instrumentación por Heliodoro Díaz Escárraga del Plan Hierro.

Así que ha sido una secuencia de violencia y opresión contra el pueblo oaxaqueño, al llegar Ulises Ruiz se agudiza la represión contra los manifestantes, contra la CNTE representada por la sección XXII y contra las organizaciones que la apoyaron y formaron la APPO en donde se empiezan a dar no solamente aprehensiones sino ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas.

Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya fueron detenidos entre el 24 y 25 de mayo de 2007 y partir de entonces sometidos a desaparición forzada. El 25 de mayo, el PDPR-EPR emitió un comunicado en el que reiteraba su postura en contra de los gobiernos estatal y federal:

En Oaxaca se siguen los pasos de Felipe Calderón, el autoritarismo, la violación a las garantías individuales y la violencia institucional han sido el sello de este sexenio. Calderón en plena desfachatez no se detiene en aplicar e imponer su política represora, fiel a su doctrina panista no cesa en aplicar la guerra contrainsurgente en contra del pueblo mexicano. Ante la política fascista de Ulises Ruiz y Felipe Calderón el movimiento popular oaxaqueño debe prepararse de manera organizada reconstruyendo la unidad de todos los sectores sociales, tomando como principio que todo movimiento popular debe de implementar la Unidad desde las bases y debe de generar la educación política masiva. El fascismo del estado burgués tendrá como respuesta la lucha clandestina, y por consiguiente la lucha armada revolucionaria. A todos nuestros combatientes de nuestro ejército, a todos nuestros militantes de nuestro partido, sigamos en nuestra preparación política-militar, continuemos con la lucha guerrillera, hagamos de nuestros 43 años de lucha, nuestra bandera de la historia y de nuestro futuro revolucionario. (EPR, Comunicado, 25 de mayo del 2007)

Unos días después, el PDPR-EPR emite un nuevo comunicado en el que denuncian la detención de tres de sus integrantes en la ciudad de Oaxaca, ocurrida el 25 de mayo de ese año:

Informamos:
Que el día 25 de mayo de este año, en la ciudad de Oaxaca, entre las 20 y 22 horas en una acción fortuita de la policía, fueron detenidos tres de nuestros militantes: Raymundo Rivera Bravo de 55 años, Edmundo Reyes Amaya de 50 años y un tercero del cual por el momento no tenemos sus datos personales.
Estos compañeros militantes están siendo torturados de manera brutal en las oficinas de la PGR por el ejército, la AFI y agentes norteamericanos que fungen como asesores de la policía y el Ejército.
Sabemos que esta es la forma en que este Estado fascista, representado por Felipe Calderón y Ulises Ruiz se regodea y hace alarde de su poder, sobre todo cuando no hay ninguna autodefensa, por lo que los hacemos responsables de lo que pueda suceder a nuestros compañeros.
Es necesario que todo aquel que se considere parte de la oposición a un régimen de este tipo, se pronuncie por la presentación de nuestros militantes y advertimos que si de alguna forma pretenden asesinar o desaparecerlos tendremos que apoyarnos en todo el pueblo para exigir su presentación con vida de inmediato.
Saben los representantes del régimen que nosotros contamos con una ética distinta a la de ellos, jamás hemos actuado sin que sea una justa respuesta, por lo que lo más adecuado sería que no se siga actuando como lo están haciendo en contra de los ciudadanos y sobre todo con los luchadores sociales.
Hacemos un llamado por este conducto a la solidaridad de todos los organismos defensores de los derechos humanos para integrarse a la demanda de la inmediata presentación con vida de nuestros tres militantes.

El nombre de Raymundo Rivera Bravo era uno de los nombres que también usaba Gabriel Alberto Cruz Sánchez y es por ello que el PDPR-EPR lo refirió así en su primera denuncia pública de los sucesos. A raíz de la denuncia y luego de una serie de atentados realizados por el grupo en contra de instalaciones energéticas, el Estado reaccionó parcialmente. La CNDH llevó a cabo una investigación en la cual concluyó que tanto Gabriel Alberto cruz Sánchez como Edmundo Reyes Amaya ambos habían sido víctimas de desaparición forzada.

Servidores públicos del Estado mexica­no, particularmente del Gobierno federal; del Gobierno del estado de Oaxa­ca; así como del municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca; vulneraron en perjuicio de los agraviados Edmundo Reyes Amaya o Andrés Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez o Raymundo Rivera Bravo, los derechos de libertad, integridad personal, legalidad, seguridad jurídica, acceso a la justi­cia, defensa y debido proceso, previstos en los artículos 14, segundo párrafo; 16, primer párrafo; 17, primero y segundo párrafos; 20, apartado B, y 21, pá­rrafo noveno, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al omitir realizar las acciones adecuadas, para ubicar su paradero e incurrir en serias contradicciones en sus informes, respecto de su participación en el operativo a partir del cual se denunció la desaparición de ambas personas. (CNDH, Recomendación 7/2009)

También fue formada de manera especial una Comisión de Mediación (COMED) entre el Gobierno federal y el PDPR-EPR, la cual estaba integrada por ciudadanos de alta calidad intelectual, moral y convicción democrática como Miguel Ángel Granados Chapa, Carlos Montemayor, Samuel Ruiz García y Gilberto López y Rivas. El 14 de agosto de 2008 este organismo civil hizo pública la conclusión de que:

Elementos claves en todo el proceso de la desaparición y búsqueda de Ed­mundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez han sido el ejército mexicano y diversas instancias gubernamentales en Oaxaca. […] “El ejército participó activamente en el operativo del día 24 de mayo de 2007 en el hotel El Árbol en la ciudad de Oaxaca. Elementos del Ejército acordonaron la calle y penetraron en el hotel. Este hecho está confirmado por diferentes testimonios: los periodísticos, los de empleados y dueños de establecimientos comerciales vecinos al hotel El Árbol, los empleados de recepción del hotel y los cuatro policías ministeriales de Chiapas que se hospedaron ahí ese día. El 24 de mayo de 2007 en la calzada Francisco I. Madero número 131 y sus inmediaciones, […], en la colonia centro de Oaxaca, se realizó un operativo conjunto entre elementos del Ejército Mexicano adscritos a la VIII Región Militar en Ixcotel, Oaxaca; de la Dirección General de Seguri­dad Pública de la entonces Secretaría de Protección Ciudadana y de la en­tonces Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia, ambas del estado de Oaxaca, así como de la Dirección General de Seguridad Pública del municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca. El entonces director de la Policía Ministerial del estado de Oaxaca, comisionó en esa fecha a ocho elementos de esa Procuraduría. Éste reconoció que a dicho lugar “llegaron todas las corporaciones policíacas de Oaxaca; esto es, la ministerial, la preventiva y la municipal, además del propio Ejér­cito mexicano, y que el operativo duró aproximadamente 40 minutos sin que se le reportara la detención de alguna persona (COMED, Informe).

En su informe, la COMED refiere que, en agosto de 2007, dos personas que se presentaron como militares acudieron a las oficinas de la organización social Izquierda Democrática Popular (IDP)

y ahí le informaron a Pablo Torres Hernández que los dos eperristas desaparecidos se encontraban vivos y recluidos en el Campo Mi­litar N°1, en separos presuntamente adjuntos a la Puerta 1. Con ese motivo hubo varias diligencias en ese campo militar, dos de la CNDH y una ordenada por el Juez Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal. Todas arrojaron datos negativos, pero la filtración misma abundó en la relevancia del papel del ejército en este proceso de pesquisas y acciones del Gobierno federal.

El 21 de abril de 2015, en un comunicado dirigido a la Comisión Civil de Seguimiento y búsqueda para la localización y presentación con vida de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, el PDPR-EPR da a conocer hallazgos de la investigación que han hecho por su cuenta sobre lo sucedido, en la cual se corroboran y precisan algunas versiones. Se trata de 17 puntos clave que aquí se presentan:

  1. Los compañeros estaban cubriendo una agenda de trabajo de análisis y elaboración de alternativas en torno a la actividad revolucionaria que se llevaba en esas fechas en la entidad de Oaxaca, por consecuencia tenían días de estar realizando diferentes reuniones de trabajo con compañeros de las estructuras clandestinas. El compañero Gabriel alcanzó a Edmundo en la ciudad de Oaxaca el día 22.
  2. Al mismo tiempo realizaban labor de preparación política y formación ideológica, lo que requería constantes traslados entre la zona urbana y rural, de un municipio a otro, al interior de la ciudad a diferentes colonias, expuestos de forma constante en el cumplimiento las tareas desarrolladas en un contexto de estado de sitio policiaco-militar desplegado por el gobierno de Ulises Ruiz Ortiz. En el momento de su detención se encontraban desarmados y no asumían una actitud ofensiva militar.
  3. Durante todo este tiempo se comunicaron en los tiempos y formas acordadas con la estructura a la que se reportaban.
  4. El día 24 de mayo, a las 11 horas, el compañero Gabriel se reportó, como estaba establecido, informando y confirmando que trabajarían en el transcurso de la noche, pero el lugar donde lo harían no tenía cobertura para la comunicación, por tal motivo no podría haber contacto por la noche, que no nos preocupáramos. Sin embargo, a las 20 horas una comisión los buscó, intentando establecer comunicación sin lograr dicho cometido. En la misma comunicación del 25 de mayo a las 11 horas informa que se comunicaría al día siguiente a las 6 horas del 25 de mayo, por tal motivo no se establecieron los mecanismos de alerta partidaria.
  5. Confirmamos, después de un exhaustivo proceso de información y comprobación, que el día 24 de mayo de 2007, al concluir una reunión de trabajo, a las 17 horas fueron trasladados del sur de la ciudad de Oaxaca en un vehículo por una comisión de partido y los dejaron cerca de la Central de Autobuses de Segunda Clase, en el periférico y privada Las Flores. La comisión desconocía, por motivos de compartimentación, la dirección a la que se dirigían y la agenda a cubrir ese día. Una vez que descendieron del automóvil el movimiento de los compañeros es a pie.
  6. Lo que la comisión de traslado desconocía es que a las 18 horas tenían una cita en el Jardín Madero, entre Morelos y cerca del centro comercial  Gigante, hoy Soriana Madero, el encuentro estaba previsto en la esquina de la calle Francisco Madero y Húzares. Sabemos que el contacto se realizó y se trasladaron a un domicilio de partido en el cual trabajaron en el transcurso de la noche con el Comité Estatal, en concreto en la elaboración de un comunicado que fue enviado el 25 de mayo por la tarde y publicado en la página electrónica de CeDeMA. El comunicado está signado por el Comité Estatal.
  7. De acuerdo a lo establecido – el día 24 de mayo – entablar comunicación a las 6 horas del 25 esperamos la llamada, la cual no se realizó, por tal motivo se inició el proceso de localización para verificar que estuvieran bien los compañeros, a la vez  se iniciaba la alerta interna.
  8. A las 6:30 horas del 25 se intentó establecer comunicación por medio del teléfono celular personal de Gabriel Alberto, sin lograrlo; siempre nos envió al buzón. A partir de ese momento se perdió toda comunicación con los dos compañeros.
  9. Declarada la emergencia interna de seguridad, otra estructura que se coordinaba con el compañero Edmundo, intentó entablar comunicación llamando a su teléfono celular personal a las 14 horas del día 26. El teléfono daba el tono de que la llamada era recibida por el teléfono, sin embargo no era contestado; se estuvo localizándolos por diferentes medios sin lograrlo; la incomunicación vía celular y la no localización física de nuestros dos compañeros, vino a confirmar la alerta de seguridad. Elementos que dentro de las normas y principios de seguridad partidaria, nos confirmaban que se trataba de una detención-desaparición.
  10. Por las normas de seguridad que exige la clandestinidad, el esclarecimiento de los detalles y el motivo de su desaparición se fue articulando  gradualmente con la recopilación de la información al interior  y exterior de nuestras estructuras. Concluyendo y confirmando en el transcurso de 48 horas que su detención-desaparición fue obra del Estado por medio de su aparato represivo en acción coordinada de fuerzas locales y federales.
  11. Comprobamos que la reunión de trabajo con el Comité Estatal el 24 por la noche se desarrolló cabalmente, por la mañana entre las 5:00 y 5:30 horas se retiraron del domicilio en un vehículo, el comisionado de transportarlos reportó que los dejó en el punto acordado sin novedad, por el área donde había pasado la tarde-noche anterior por ellos.
  12. Esta era la última reunión de trabajo en el estado de Oaxaca de ambos comisionados -Gabriel Alberto y Edmundo- el compañero Gabriel tenía un compromiso en un estado colindante el día 26 por la mañana, de lugar de donde se le esperaba también llamaron a su teléfono celular a las 14 horas para confirmar el compromiso acordado, sin obtener resultados positivos, su teléfono continuaba enviando a buzón.
  13. Gabriel Alberto tenía un buzón en la ciudad de Oaxaca donde guardaba artículos personales y materiales de trabajo que debían ser trasladados ese día, por lo cual debía pasar antes de las 7 horas por ellos, el día 25 de mayo ya no llegó al buzón, infraestructura que mantuvimos funcionando por mucho tiempo después, en la cual no se presentó ningún elemento extraño, se comprobó que siempre estuvo fuera de peligro hasta la fecha.
  14. Previo a declarar públicamente su detención desaparición por motivos políticos cubrimos todo el procedimiento de verificación que incluye entre otros aspectos la revisión de toda estructura y relación política con las que se coordinaban y tenían contacto.
  15. El siguiente paso fue dar a conocer el día 27 de mayo a partir de las 7 horas a diferentes organismos no gubernamentales defensores de derechos humanos la detención-desaparición de nuestros compañeros. Solicitud de búsqueda y denuncia  ante ONG de la cuales inicial [Sic] la respuestas fue de evasión y negativa; prevaleció por horas la indolencia y la incredulidad de estos organismos, solo con uno después de insistir y proporcionar elementos fehacientes, que las cusas eran políticas, reafirmar que se trataba de dos revolucionarios y de apelar a la calidad de su misión humanitaria es que se logra convencer que estábamos ante un delito de lesa humanidad cometido por motivos políticos en la persona de nuestros compañeros Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, por su condición de revolucionarios. Fue difícil enfrentar la actitud de estas ONG que fue que de organismo nos enviaran a otro, y de éstos al que nos había remitido con ellos, pareció que nadie quería agarrar la papa caliente, al no querer asumir su misión humanitaria con consecuencia. Además a pesar de señalar de que se trataba de un asunto sumamente importante de esencia política por tratarse es riesgo la vida de dos revolucionarios por la perpetración de la detención-desaparición de nuestros dos compañeros, uno de estos representantes de una ONG nacional absurdamente nos solicitó cubrir requisitos no fundamentales para ese momento conduciéndose hasta de forma burocrática, al determinar su actuación más por la formalidad que por la esencia del caso: denunciar el crimen de lesa humanidad, buscarlos con celeridad y solicitar su presentación con vida.
  16. Tenemos conocimiento de un dato adicional, el 25 de mayo por la noche, en las oficinas de la Procuraduría Estatal de Justicia de Oaxaca, un ciudadano que tuvo acceso a los separos (por obvias razones nos reservamos la identidad), vio dos cuerpos muy golpeados y tirados en el suelo, que en un principio supuso estaban ebrios porque no se movían, pero luego observó su condición de torturados. Al conocer la noticia y los rostros de nuestros compañeros los identificó plenamente.
  17. En la información adicional también se encuentra que, al enterarnos que algunas personalidades defensoras de derechos humanos tenían información que podía ayudar a esclarecer el crimen de lesa humanidad cometido en nuestros compañeros, solicitamos la dieran a conocer, no sabemos por qué en ese momento no lo hicieron, pero hoy es del conocimiento público la detención del indígena Daniel Santiago Matías de los Loxicha, el mismo 25 de mayo, al cual lo interrogaron después de visitar a los presos de esta región, sabemos que el comandante Daniel Camarena Flores con la anuencia de Evencio Nicolás Martínez Ramírez, ex procurador del Estado, le mostró una fotografía del compañero Edmundo y le pedía información sobre él. Hecho que confirma la participación de las estructuras del Estado en el cometido de este crimen de lesa humanidad. Daniel Camarena Flores tiene un largo historial represivo que lo ha mantenido de manera ininterrumpida como una pieza clave en el aparato represivo desde los años 70. Sin duda vinculado directamente a la detención-desaparición de nuestros dos compañeros, así como del resto de detenidos-desaparecidos en Oaxaca durante el movimiento magisterial popular.

Ante esta información, el PDPR-EPR, considera equivocadas las líneas de investigación que refieren que Cruz Sánchez y Reyes Amaya fueron detenidos en el hotel El Árbol el día 24 de mayo, así como también la que se refiere a la detención por parte de la Policía Federal de caminos en un Volkswagen.

En el caso del hotel, no son nuestros métodos porque se cuenta con base política e infraestructura para tales fines, por lo tanto, cualquier detención que se quiera presentar el día 24 de mayo, a cualquier horario, no corresponde, nuestros compañeros estaban trabajando en un domicilio clandestino.

El PDPR-EPR estima que el día de la detención-desaparición de Reyes Amaya y Alberto Cruz Sánchez, fue el 25 de mayo entre las 5:30 y 6:29 horas.

La comisión que transportó a los compañeros el día 24 de mayo y los dejó en la dirección descrita, realizó una investigación de campo y comprobamos que entre las 17:00 y 18:00 horas de ese día no pasó nada extraordinario, no hubo ningún operativo que detuviera desapareciera a los compañeros.

Por otra parte, en una comunicación hecha llegar a la CVO el 10 de noviembre de 2015, el PDPR-EPR da su caracterización del movimiento social ocurrido en el 2006 y 2007, así como una serie de indicios sobre cinco lugares en los cuales agentes del Estado mexicano presuntamente habría realizado inhumaciones clandestinas de activistas del movimiento social.

Uno de los lugares referidos es en los alrededores de una sede institucional

El teniente de navío Manuel Moreno Rivas y el teniente de fragata José Manuel Vera Salinas  agentes del Cisen fueron parte de comandos paramilitares formados para señalar y asesinar a miembros del movimiento popular magisterial además, son conocedores de que algunas personas del movimiento fueron sepultadas atrás de las instalaciones del cuartel general de la Agencia Estatal de Investigaciones denominada Los Pinos, en la jurisdicción de Santa María Coyotepec, atrás de este cuartel devastaron un cerro y actualmente ya construyeron casas habitación. Esta información la tienen los ex presidentes municipales de Santa María Coyotepec Jorge Pablo Jiménez (2005-2007) y Gerardo Guzmán de la Rosa (2008-2010), pueblo en donde hubo una de las más crueles represiones.

Personal de la CVO acudió a todos los lugares para corroborar la existencia de los domicilios, así como también tomar gráficas. En febrero de 2016 se volvió a ese y los demás lugares referidos para constatar que, pese a haber hecho desde noviembre de 2015 la denuncia correspondiente tanto en la Fiscalía de Delitos de Trascendencia Social de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, así como en la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organiza (SEIDO) de la Procuraduría General de la República (PGR), el lugar se encontraba sin resguardo alguno ni había sido inspeccionado como amerita:

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Otro domicilio referido es una casa particular, la cual tampoco fue resguardada ni inspeccionada:

en la casa del teniente de fragata Manuel Vera Salinas que ya vendió su mujer, en la Privada de Naranjo Nº 200, Fraccionamiento La Cascada, a un lado de la casa del exgobernador José Murat Casab, muy cerca de la Fuente de las Ocho Regiones, donde residen la burguesía y los políticos de oficio de la Ciudad de Oaxaca y hoy, el gobernador Gabino Cué Monteagudo.

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El domicilio particular ubicado en los Valles Centrales de Oaxaca, en donde actualmente opera una asociación civil también es señalado:

es una casa con membrete de asociación civil utilizada para rehabilitación ubicada pasando el pueblo de Ánimas Trujano en la curva antes de llegar a Santa María Coyotepec, del lado oriente de la carretera Nº 175 rumbo a Puerto Escondido, esta casa operó como casa de seguridad y fosa clandestina durante el gobierno de Ulises Ruiz Ortiz.

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Otro de los sitios es un predio de uso gubernamental:

Un lugar más en el que fueron enterrados clandestinamente luchadores sociales y víctimas del movimiento magisterial popular de 2006 en la parte norte del basurero que se encuentra en la colonia El Manantial, perteneciente al municipio de Zaachila en colindancia con San Bartolo Coyotepec que está rumbo a Ocotlán pasando la “Y”, en donde se divide la carretera para ir hacia Zimatlán, en donde al operador de una retroexcavadora que generalmente permanecía en ese sitio y que trabajaba en dicho basurero se le hizo raro que dejaba la máquina en un lugar y al otro día la encontraba en otro lugar, razón por la cual puso más cuidado, al poco tiempo descubrió restos humanos y por ese hecho fue amenazado y sin haber participado en los crímenes cometidos, fue asesinado, poco después su familia huyó por temor, pasando a formar parte de los miles de desplazados internos en el país. La información también la tienen Margarito Pedro Castillo (2005-2007) y Agustín Antonio Manzano (2008-2010) ex presidentes municipales de San Bartolo Coyotepec, los de Santa María Coyotepec y los del Distrito de Zaachila.

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Y el quinto sitio señalado es otra propiedad particular del actual director de Seguridad Pública de Zimatlán, quien fue el comandante en jefe de los grupos especiales capacitados por el Ejército mexicano en 1997, después del alzamiento del EPR en Oaxaca. De acuerdo con testimonios recibidos por la CVO, este jefe policial recibió capacitación directa del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales del Ejército en las instalaciones de la Séptima Zona Militar. En su rancho, actualmente, se dedica a la cría de ganado, incluyendo búfalos:

Pedro Hernández Hernández subdirector operativo de la policía ministerial del Estado (MPE) quien hizo de su rancho en el pueblo de Vigallo, perteneciente al distrito de Zimatlán, un cementerio clandestino y su ex chofer Ángel Reyes Cruz.

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Otros testimonios recolectados por la CVO —incluyendo informantes de los cuerpos de seguridad pública— también señalan los lugares mencionados por el PDPR-EPR como sitios en los que pudieron haberse cometido inhumaciones clandestinas. Un sexto lugar es el panteón municipal de Puerto Escondido, lugar en el que, en mayo de 2012, se llevó a cabo una diligencia especial por parte de la Procuraduría General de la República, en coordinación con familiares de Reyes Amaya y Cruz Sánchez, quienes solicitaron la participación de peritos independientes:

como un hecho que destacamos de todo este proceso, se trata de imponer  a toda costa la hipótesis de que uno de los desaparecidos está muerto, llegando a asegurar que había más del 80 % de probabilidades de que se encontraría un cuerpo que correspondería a uno de ellos, que se encontraba enterrado en un panteón de Puerto Escondido, Oaxaca, hecho por el cual se realizó una diligencia de exhumación con el apoyo de expertos independientes del Equipo de Antropología Forense de Argentina (EAAF), ante la desconfianza de los familiares en los peritos de la PGR, hecho que nos permitió determinar una vez más el engaño y la perversidad del Estado al tratar de entregar a las familias  los restos de otra persona que no era el de sus seres queridos, y que de no ser por el apoyo del EAAF, tenemos la certeza de que el Estado hubiera entregado esos restos a los familiares con la finalidad de dar por cerrado el caso. Comisión Civil de Seguimiento y Búsqueda

Las víctimas que pudieran encontrarse en estos sitios no necesariamente son Cruz Sánchez y Reyes Amaya. Como se mencionó al principio de este apartado, de 2001 a 2015, se han registrado 216 desapariciones, de las cuales hay que resaltar los 26 casos reportados entre 2006 y 2007, durante la parte más álgida de la represión oficial.

En la misiva hecha llegar a la CVO el PDRP-EPR hace los siguientes señalamientos:

Quienes están obligados a declarar dónde están los desaparecidos de este movimiento popular y nuestros compañeros Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya son Pedro Hernández Hernández, subdirector operativo de la Policía Ministerial del Estado (MPE), quien hizo de su rancho en el pueblo de Vigallo, perteneciente al distrito de Zimatlán, un cementerio clandestino y su exchofer Ángel Reyes Cruz; Ardelio Vargas Fosado, comisionado de la Policía Federal Preventiva; el comandante de la 28ava. Zona Militar de Oaxaca general Juan Alfredo Oropeza Garnica, Ulises Ruíz Ortiz,  gobernador ;y Heliodoro Díaz Escárraga su asesor; ya que ordenaron personalmente los delitos de lesa humanidad cometidos contra todos y ,en particular, contra nuestros compañeros, quienes fueron detenidos y torturados, los trajeron al Campo Militar núm.1 y se encuentran encarcelados, en una de sus tantas mazmorras militares, (Testimonio CVO)

El general Alfredo Oropeza Garnica, quien comandó la Octava Región Militar durante el conflicto del 2006 y 2007 en Oaxaca dejó su cargo en abril de 2008  envió una serie de partes informativos al entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa a través del subsecretario de Gobernación, Abraham González. En uno de ellos se refiere al caso de Cruz Sánchez y Reyes Amaya y la implicación del secretario de Gobierno, Jorge Franco Vargas, así como de los oficiales de la Marina Armada encargados de cuerpos de seguridad pública estatal, Manuel Moreno Rivas y José Manuel Vera Salinas:

Esta comandancia sostiene la hipótesis de que posiblemente Franco Vargas haya ordenado el secuestro de los dos integrantes del EPR que esa organización reclama, por lo que hay necesidad de realizar pesquisas a fondo con el propio [Jorge] Franco Vargas y los dos tenientes. de navío que fueron autoridades y siguen lucrando con recursos del Gobierno del estado.

Por tal motivo, solicito que esta información se haga del conocimiento de la Secretaría de Gobernación y que políticamente se bloquee la existencia de este tipo de organizaciones ilegales, y que se realice una amplia investigación para confirmar la veracidad de este informe por parte de instancias federales, para que, de acuerdo a lo que disponga la superioridad, se impida la operación de organizaciones al margen del Estado y se devuelva a las corporaciones de seguridad publica los recursos humanos y materiales que les han sido segregados en detrimento de las seguridad y confianza institucional de la sociedad oaxaqueña en general. (Milenio, 5 de mayo de 2008)

En otro parte informativo, el mando militar afirma que Franco Vargas “opera una organización supraestatal con la presunta complacencia del gobernador del estado, en la que figuran unos 40 elementos de la policía ministerial y una cantidad no precisada de elementos de la Policía Preventiva, así como vehículos, armas y equipo electrónico de inteligencia montado en una camioneta con un valor de 8 millones de pesos”. En el documento se indican también una serie de domicilios, que hasta el día de hoy, nunca han sido investigados con la diligencia requerida. La CVO constató la existencia de estos y tomó gráficas de los domicilios en la actualidad. Estos son:

Bungalows Los Cárdenas en avenida Hidalgo No. 300, propiedad de Aristeo López Martínez, coordinador general de Seguridad Publica Vialidad y Tránsito Municipal de Oaxaca.

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Domicilio en avenida Guadalupe Hinojosa de Murat s/n. en el fraccionamiento Casas Geo de Xoxocotlan, Oaxaca propiedad del teniente de navío Manuel Moreno Rivas

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– Domicilio en calle José López Alavés esquina con Prolongación Naranjos, colonia Reforma, propiedad del tte. nav. José Manuel Vera Salinas

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La CVO ha confirmado que el proceso de investigación y búsqueda de Cruz Sánchez y Reyes Amaya fue deficiente desde un inicio, tal y como lo constató la CNDH por parte de instancias locales, como la Secretaría de Protección Ciudadana (ahora Secretaría de Seguridad Pública), la Procuraduría General de Justicia (ahora Fiscalía General del Estado), así como la Dirección General de Seguridad Pública del municipio de Oaxaca; otras instancias federales evidenciadas son la Procuraduría General de la República, la Subpro­curaduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada y la Secretaría de la Defensa Nacional, que no facilitó el testimonio del titular de la Comandancia de la VIII Región Militar en Ixcotel, Oaxaca; así como del  jefe de la Sección Segunda del Estado Mayor de la misma región militar; y el del jefe de la Sección Tercera del Estado Mayor, que se des­empeñó como oficial de Estado Mayor en la región militar mencionada; así como el mayor de Infantería. Tampoco se le permitió a la CNDH acceder al interior del Campo Militar número 1, lugar al que referían diversos testimonios, como probable centro de detención de Cruz Sánchez  y Reyes Amaya.

Aunado a ello, durante la investigación y búsqueda de Cruz Sánchez y Reyes Amaya, algunos de los jefes policiacos señalados por su posible participación en su desaparición, fueron igualmente víctimas de desaparición forzada como Jonás Corro, comandante del Cuarto Grupo de la Policía Ministerial del Estado y responsable de la guardia de la Comandancia General de la policía el día de la detención-desaparición de Cruz Sánchez y Reyes Amaya. Otros jefes policiales fueron ejecutados extrajudicialmente, como sucedió el 30 de enero de 2008 con Alejandro Barrita López, jefe de la Policía Auxiliar, Bancaria, Industrial y Comercial. La otra ejecución extrajudicial es la de Aristeo López Martínez, coordinador de la Policía Municipal de Oaxaca, ocurrida el 23 de enero de 2009.

Pese a la relevancia del cargo que ocupaban, ninguno de los tres casos anteriores ha sido esclarecido por las autoridades y las investigaciones se estancaron prácticamente desde el comienzo de los hechos. Estos tres crímenes, no solo podrían estar vinculados a la desaparición de Cruz Sánchez y Reyes Amaya, sino a las actividades relacionadas con los grupos armados ilegales que se documentan y denuncian en el presente informe.

Como parte del trabajo recopilado por la Comisión de Mediación en el Documento del proceso de mediación entre el PDPR-EPR y el Gobierno federal, se registra que la Secretaría de Gobernación emitió en 2008 un boletín en el que, por primera vez en la historia del país, se reconocía que la Procuraduría General de la República investigaba el caso de los eperristas sin limitación alguna bajo el tipo penal de desaparición forzada de personas. Sin embargo, la Averiguación Previa  047/2008 quedó clasificada no por desaparición forzada, sino por secuestro. Por su parte, en su Recomendación del 13 de febrero de 2009, la CNDH denunció que:

El Estado ha dejado de cumplir los compromisos adquiridos en el plano internacional en materia de Derechos Humanos; y es por ello que esta Comi­sión Nacional insiste en la importancia de que éste dé a conocer, de manera inmediata, la verdad de los hechos que propiciaron la detención y posterior desaparición de los agraviados Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez…

y exigió que

dé a conocer la suerte final que corrieron los mismos; o, en su caso, se les deje en completa libertad; o, incluso, se les ponga a disposi­ción de las autoridades competentes, en el supuesto de que hayan incurrido en la comisión de alguna conducta delictiva; sin dejar de considerar que a la brevedad posible y con total transparencia dé a conocer los resultados de las investigaciones que desde hace más de 18 meses emprendió la institución del Ministerio Público de la Federación, sobre el caso de ambas personas.

En junio de 2014, los familiares de Cruz Sánchez y Reyes Amaya lograron una importante resolución del Poder Judicial de la federación, en la cual se ordena a 28 autoridades federales y estatales que practiquen las siguientes diligencias:

Que se trasladen a los lugares de posible detención u ocultamiento y en especial realicen la búsqueda de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez en las principales instalaciones militares.

Que tomen comparecencia a los funcionarios de la PGR,  a funcionarios estatales o mandos militares que estuvieron en funciones en mayo del 2007.

Que informen sobre la inhumación de cadáveres en los centros de detención y zonas militares que pudieran coincidir con la de nuestros familiares.

Los familiares formaron una Comisión Civil de Seguimiento y Búsqueda, integrada por personalidades, defensores de derechos humanos así como por abogados y familiares de Cruz Sánchez y Reyes Amaya. Sin embargo, a la fecha, esta resolución judicial no ha sido acatada. Tal instancia solicitó a la SCJN que atrajera el caso; sin embargo, el poder supremo se rehusó. Así, una y otra vez el Estado en múltiples ocasiones ha evadido su responsabilidad de garantizar el acceso a la verdad y la justicia.

Uno de los fallos más graves es el incumplimiento de la resolución judicial 29/2014 emitida por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito el 19 de junio de 2014.

En noviembre de 2015, la CVO, después de obtener información relevante sobre lugares donde podrían haberse llevado a cabo inhumaciones clandestinas de personas desaparecidas, abrió una averiguación previa ante la Fiscalía de Delitos de Trascendencia Social de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, así como también dio parte a la averiguación previa abierta sobre el caso de Cruz Sánchez y Reyes Amaya en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, sin que hasta la entrega de este informe se hubiera llevado a cabo el resguardo, así como la inspección de los domicilios señalados para confirmar o descartar la existencia de fosas clandestinas.

REFERENCIAS:

[1] Enfoques (2014, abril). “Exige ONU aclarar 26 mil desapariciones forzadas en México”. El Financierohttp://www.elfinanciero.com.mx/mas/enfoques/exige-onu-aclarar-26-mil-desapariciones-forzadas-en-mexico.html.http://www.animalpolitico.com/2014/06/de-donde-sale-la-cifra-de-desaparecidos-en-mexico-cuestiona-economist/#axzz3ADuNtzHu.Milenio Digital (2015). CIDH: en México faltan cifras de desapariciones y enfrentamientos con Ejército. 29 de septiembre. Disponible:

http://www.milenio.com/policia/cidh_informacion-visita_in_loco_cidh_mexico-desapariciones_forzadas-ejecuciones_0_600540007.htmlMOGUEL, M. y ZEBROWSKY, N. (2014).  El debate entre políticas de seguridad, democracia y derechos humanos: El caso de la nueva Gendarmería Nacional. Fundar, Centro de Análisis e Investigación. México. Nota a pie de página núm. 2.

[2] OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS (2012). Informe de Misión a México. Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias. México.

[3] OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS (2009). Desaparición forzada o involuntaria. Folleto informativo Nº 6/Rev.3. Ginebra.

[4] Ratificada por México el día 9 de abril de 2002.

[5] Actualmente es el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

[6] El 18 de marzo de 2008, México ratificó la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.

[7] SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, INSTITUTO DE LA JUDICATURA FEDERAL y SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES (2011). Normativo y precedentes sobre Desaparición Forzada de Personas y jurisdicción Militar. México, p. 7.

[8] Es una base de datos operada por la Secretaría de Gobernación, Presidencia de la República y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que se alimenta a partir de los reportes de las procuradurías locales de cada Estado de la República. En dicha página electrónica se menciona lo siguiente: “Se debe entender por persona desaparecida a toda aquella que, con base en información fidedigna de familiares, personas cercanas o vinculadas a ella, la hayan dado por desaparecida de conformidad con el derecho interno, lo cual puede estar relacionado con un conflicto armado internacional o no internacional, una situación de violencia o disturbios de carácter interno, una catástrofe natural o cualquier situación que pudiera requerir la intervención de una autoridad pública competente. En esta sección se presenta la información de personas desaparecidas suministrada por la PGR, con base en los datos contenidos en averiguaciones previas iniciadas por esa Institución a partir de enero de 2014, en cumplimiento de los compromisos establecidos en el marco de la Alianza para el Gobierno Abierto. Es importante señalar que las personas cuyos datos se encuentran en esta base de datos en calidad de desparecidas, no necesariamente obedecen a una investigación iniciada por desaparición forzada. Según el Código Penal Federal, Artículo 215-A, comete el delito de desaparición forzada de personas, el servidor público que, independientemente de que haya participado en la detención legal o ilegal de una o varias personas, propicie o mantenga dolosamente su ocultamiento bajo cualquier forma de detención”.http://www.pgr.gob.mx/Transparencia/Paginas/desaparicion-personas.aspx

[9] SILVA ALANÍS, PEDRO (2015,septiembre 27) . Al menos una víctima en 35 de los 570 municipios; 38% de los casos, en 4 municipios.Noticias digital. Disponible en:

http://www.noticiasnet.mx/portal/oaxaca/general/agropecuarias/304240-desaparecidos-216-oaxaquenos

[10] Edades en el día de desaparición: 10 niños entre 0 y 10 años; 35 adolescentes entre 12 y 17 años; 35 adultos entre 18 y 30 años;  26 adultos de entre 30 y 40 años; 11 personas de 41 a 50 años; 7 personas de entre 50 y 60,

años y 4 mayores de 60 años.

[11] Fuente: Elaboración Noticias, Voz e Imagen de Oaxaca con datos del Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas. Se pueden consultar las siguientes páginas electrónicas:

http://www.ssp.gob.mx/extraviadosWeb/portals/extraviados.portal?_nfpb=true&_st=&_windowLabel=Extra_FlowController_1&Extra_FlowController_1_actionOverride=%2FConsulta%2FExtra_Flow%2Fsiguientes#wlp_Extra_FlowController_1

http://difoaxaca.gob.mx/personas-extraviadas-ausentes/

[12] Informe Periódico Universal EPU Oaxaca, México 2009.

[13] El profesor es conferencista, investigador e impulsor del proyecto alterno de educación, integrante del Centro de Desarrollo Educativo de la Sección XXII, es el impulsor principal de la Propuesta Alternativa a la ACE que fundamentó el Plan para la Transformación Educativa de Oaxaca (PTEO). Para la Sección XXII “el profesor hoy desaparecido es parte de la estructura sindical-educativa de la Sección XXII del SNTE, miembro de uno de los colectivos de profesores y organización indígena que reivindican la autonomía, reconstitución y libre asociación de los pueblos, por lo cual ha sido acusado de rebelde y radical. CHAVELA RIVAS, SILVIA (2013,marzo 14). Carlos René, dos años desaparecido. Grupo OVNI Noticas digital. Disponible:

http://noticiasnet.mx/portal/oaxaca/general/141873-carlos-rene-dos-anos-desaparecido

[14] Profesor que pertenece a la Sección 22 y participó en el movimiento de manera y en el interior de la Delegación de la Región Cañada. HERNÁNDEZ Y HERNÁNDEZ, JOSÉ (2012) Todo un velo de misterio” la desaparición del profesor Guadalupe Pérez Sánchez. Revista El Tucán. Disponible en:

http://revistatucan.com/politica/todo-un-velo-de-misterio-la-desaparicion-del-profesor-guadalupe-perez-sanchez/

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