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Miércoles 24 de abril, 2024.
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En la reunión, los representantes de Cejil y del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan informaron que hay diversas acciones de reparación que no se han cumplido, por lo que pidieron que en agosto próximo los jueces de la CoIDH vengan a México para hacer una revisión más exhaustiva.
Buob explicó que, para ambos casos, hay por lo menos 16 medidas de reparación en materia de justicia, reconocimiento de responsabilidad, educación, salud, indemnización, reformas legislativas, políticas públicas y reparaciones comunitarias.
Uno de los temas que más preocupan es la falta de justicia, y es que en diciembre de 2013 se detuvo a cuatro soldados que fueron identificados por Inés y Valentina, pero hasta la fecha el caso sigue en investigación por lo que aún no hay sentencia, y uno de ellos murió en prisión.
Según la denuncia de las indígenas por los hechos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) –la de Inés presentada en junio de 2004 y la de Valentina en noviembre de 2003–, a esta última la habrían agredido ocho militares, y a Inés Fernández la habrían violentado 11 elementos de las fuerzas armadas.
Luis Carlos Buob señaló que las organizaciones que defienden a las víctimas saben que el militar que murió este año habría sido asesinado, aunque reconoció carecer de elementos para sostener si el crimen tuvo relación con las denuncias de Inés y Valentina.
Por otra parte, para las agrupaciones que acompañan el caso se deberían abrir investigaciones penales o disciplinarias al personal judicial del fuero civil que obstaculizó la presentación de las denuncias por las violaciones contra las indígenas, pero en este tema –explicó el abogado– todavía no hay ningún proceso.
En su momento, Inés y Valentina acusaron que el agente del Ministerio Público del distrito judicial de Allende, en Guerrero, dificultó la recepción de sus denuncias; y en el caso de Inés, el médico que la atendió en la clínica de Caxitepec, en el mismo estado, no avisó a las autoridades correspondientes tras la agresión sexual.
“Para las víctimas, por supuesto, el tema de justicia y combate contra la impunidad es bastante importante, y entonces nosotros pusimos énfasis en que a seis años de la sentencia de la Corte Interamericana y 14 años de sucedidos los hechos, aún no hay una resolución firme”, remarcó Buob.
Hasta ahora un logro es que los tres militares son juzgados ante el fuero civil, con lo que se garantizaría imparcialidad judicial, pero las organizaciones pidieron que en agosto próximo se celebre una reunión para que las autoridades encargadas de cumplir la sentencia de la CoIDH detallen el nivel de avance.
En ambos casos, las autoridades se comprometieron a castigar a los culpables, así lo dijeron el 15 de diciembre de 2011 a Valentina Rosendo durante un acto de disculpa pública del Estado mexicano; y el 6 de marzo de 2012 a Inés Fernández, a quien también le ofrecieron justicia.
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