Se investigan contradicciones en acción policíal en Nochistlán: CNDH

Oscar VALDIVIESO El presidente  la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez,  dio a conocer que ha solicitado a autoridades federales y estatales todos los informes  sobre los hechos el pasado domingo en Nochisxtlán, para esclarecer todas las contradicciones que se han presentado y determinar si las fuerzas federales dispararon o no armas de cargo en el enfrentamiento contra integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) ) con un saldo de ocho personas asesinados “Estamos recabando el mayor cúmulo de información, vamos a solicitar a las distintas autoridades, federales y estatales, un informe puntual sobre lo que ellos tienen qué decir de cómo se dieron los hechos, pediremos informe a las autoridades respecto de los mandos que iban a cargo, para que rindan su propia parte informativa, desde luego que estamos entrevistando a personas de la población y a representantes de la CNTE, toda la información que podamos recabar, nuestra tarea es la identificación de violaciones a derechos humanos y los delitos los persiguen los ministerios públicos", manifestó Tras participar en el seminario Violencia y paz: diagnóstico y propuestas para México, organizado por el Senado, el ombudsman nacional expuso que “estamos integrando toda información y una de las vertientes es determinar la participación de las autoridades. ¿Cómo se dio esa participación?, confirmar o no si iban armados. ¿En qué momento o no tuvieron esa intervención? ¿Si se ciñeron o no a los protocolos? Porque hay protocolos que deben seguirse, con los mejores estándares”. En entrevista indicó que comentó que desde el inicio del enfrentamiento se abrió una investigación, y ahora se tiene que conocer a detalle cómo sucedieron los hechos y verificar si hubo violaciones a los derechos humanos y actuar, porque México requiere conocer la verdad.   “Se investiga si hubo excesos o no de parte de la policía. Ustedes saben que ha habido contradicciones, que si iban armados o no, nosotros señalaremos por qué se reconoció que iban armados”. Ya agregó: “Insistimos aquí que el uso de las armas debe ser el último recurso, tiene que haber una racionalización de su uso. No es que estén prohibidas, desde luego que hay uso legítimo de la fuerza, pero ésta tiene que ser proporcional a la resistencia. Por otro lado La  salvaguarda  de  la  vida,  la  integridad  y  la  seguridad  de  toda  persona,  así  como  el  respeto,  en  el marco de la ley, al goce y ejercicio de sus demás derechos humanos, entre los que se encuentran los relativos a la libertad de expresión, a la protesta social pacífica y a la libre circulación, se configuran como la más alta prioridad del ser y quehacer de las autoridades de los tres niveles  de  gobierno, así como una responsabilidad compartida de todos los miembros de la sociedad. El ejercicio de las atribuciones que corresponden a las autoridades para garantizar la seguridad y las condiciones de convivencia armónica y respetuosa entre las personas, debe hacerse en el marco de la ley  y  con  estricto  respeto  a  los  derechos  humanos,  privilegiando  el  diálogo  y  la   construcción  de acuerdos  como  forma  de  resolver  los  diferendos.  El  uso  de  la  fuerza  por  parte  de  las  fuerzas  de seguridad debe ser excepcional, reservándose únicamente para casos plenamente justificados, en los que se han agotado o resultan inviables cualquier otra forma de disuasión o contención, y con sujeción a los protocolos que rigen su actuación conforme a estándares internacionales. Del  mismo  modo,  el  ejercicio  de  todo  derecho,  así  como  el  planteamiento  de  cualquier  protesta  o inconformidad,  debe  realizarse  invariablemente  de  manera  pacífica,  con  respeto  a  los  derechos  de terceros, sin afectar el orden público, infringir la ley o atentar contra las instituciones, el derecho a la información, la comunicación y el libre tránsito de los demás. La legitimidad de los reclamos sociales debe estar demostrada con la legalidad de sus actos; por lo que no se justifica ninguna violencia como recurso de presión o imposición alguna. Nada justifica la pérdida de vidas humanas. El ejercicio de la violencia, así como la violación de la ley, vulneran nuestras instituciones, los fundamentos mismos de nuestro Estado Democrático de derecho y afectan a la sociedad mexicana en su conjunto. Derivado del origen de estos hechos, es necesario señalar que en Oaxaca, y en otras entidades de laRepública,  también  han  sido  vulnerados  los  derechos  de  niños  y  adolescentes,  que  día  con  día observan cómo pasa el tiempo de su escolaridad, que nadie podrá regresarles, sin que puedan hacer efectivo su derecho constitucional a la educación, dejándose de lado el interés superior que la vigencia de sus derechos debería tener. Las niñas, niños y adolescentes son víctimas del conflicto y no una de las partes del mismo. Como consecuencia de la violencia en los hechos ocurridos el 19 de junio, este Organismo Nacional ha registrado,  hasta  esta  fecha,  ocho  personas  fallecidas,  41  policías  federales  y  14  policías  estatales heridos,  y  53  civiles  lesionados.  Como  víctimas  de  la  violencia,  la  CNDH  les  reitera  a  las  personas lesionadas,  a  sus  familiares,  así  como  a  los  deudos  de  los  fallecidos,  su  solidaridad,  apoyo  y acompañamiento, siendo una prioridad que reciban la atención que requieran, en particular la de carácter  médico,  en  el  caso  de  quienes  resultaron  lesionados,  como  se  precisa  en  las  medidas cautelares que emitió para tal efecto. Asimismo,  esta  Comisión  Nacional  condena  el  fallecimiento  de  los  reporteros  Elidio  Ramos  Zárate  y Raúl Cano López, quienes el 19 de junio cubrían los hechos de violencia y fueron agredidos, perdiendo la  vida  el  primero  en  el  lugar  de  los  hechos,  mientras  que  el  segundo  murió  en  un  hospital  como consecuencia de las heridas recibidas. La CNDH hace expresa su solidaridad y apoyo a sus deudos, así como  la  exigencia  a  la  autoridad  de  que  se  investigue  y  sancione  conforme  a  derecho  a  quienes resulten responsables. En un contexto como el actual, el ejercicio del derecho a la información adquiere particular relevancia, por  lo  que  cualquier  afectación  o  ataque,  que  busque  inhibir  la  labor  de  periodistas  o  afecte  su integridad  física  y  mental,  como  las  agresiones  antes  mencionadas  o  la  retención  de  la  que  fueron objeto  dos  reporteros  de  Azteca  Noticias,  trasciende  a  las  víctimas  directas  y  repercute  en   toda  la sociedad. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos lamenta y reprueba los hechos de violencia ocurridos en Nochixtlán, Oaxaca, mismos que investiga en el ámbito de su competencia desde la fecha misma en que se verificaron, y reitera su convicción sobre la necesidad de que se construya un entorno de paz y entendimiento, que garantice la convivencia pacífica entre las y los mexicanos en la marco de la ley, razón por la cual, hace un llamado a las partes involucradas, a efecto de:

1. Abrir espacios de diálogo en un ambiente de respeto y confianza que permita sentar las bases de una resolución duradera de las controversias o diferendos, en beneficio de la paz, la justicia y el respeto a los derechos humanos;
2. Propiciar la  construcción  de  acuerdos  que  restablezcan  la  paz  y  el  orden  en  el  Estado  de Oaxaca, teniendo como eje articulador el respeto a los derechos humanos de las personas y la legalidad;
3. Realizar por  parte  de  las  autoridades  competentes,  las  indagatorias  que  correspondan  para determinar y sancionar los ilícitos que se hubiesen cometido, de una y otra parte, en Nochixtlán, Oaxaca, el pasado 19 de junio;
4. Brindar a cada una de las víctimas, así como a sus deudos y familiares, la atención y apoyo que requieran;
5. Propiciar que  se  respeten  y  sean  vigentes  los  derechos  de  niñas,  niños  y  adolescentes,  en particular el relativo a la educación;
6. Se garantice el libre desarrollo de las tareas que llevan a cabo periodistas y comunicadores en aras de preservar el derecho a la información que asiste a toda la sociedad.