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Ejecutivos estatales obligados a cumplir la Norma 046

Jueves 14 de julio, 2016.
01:46 pm
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Gloria Analco/SemMéxico Oaxaca.- Legisladoras, junto con organizaciones de la sociedad civil, procederán por todos los medios legales, hasta llegar al ámbito internacional, si es necesario, para que los Ejecutivos estatales cumplan con la Norma 046 en todas las entidades. Así lo aseguró a SemMéxico la senadora Matha Tagle, quien conforma el grupo de legisladoras -junto con sus homólogas Diva Hadamira Gastélum y Angélica de la Peña, entre otras- que se empleará a fondo para que las mujeres tengan acceso a la interrupción del embarazo por violación como lo señala la ley. norma 38Es inadmisible, dijo, que las niñas y mujeres sean obligadas a ser madres por causa de una violación, una realidad que se sigue presentando en nuestro país, ya que entre 2006 y 2014 casi 100 mil menores de 15 años dieron a luz, y entre 2013 y 2014 se registraron 364 partos de niñas de 10 años. Agregó que además el 90 por ciento de las mujeres que sufren una violación quedan en la impunidad, no se castiga a los responsables y no puede obligarse a las mujeres a cargar con la responsabilidad de un embarazo no deseado. Es por ello, dijo, que harán frente a la controversia constitucional en contra de la Norma Oficial Mexicana 046-SSA2-2005 presentada por el Congreso de Aguascalientes, o intentos en esa misma dirección como el del Congreso de Guanajuato, que pretenden negar ese derecho a las mujeres. Al respecto Tagle dijo que no toleraran que sigan repitiéndose casos como el de Paulina, en Baja California, niña de 13 años de edad que fue víctima de violación sexual y se le negó el acceso al aborto legal al que tenía derecho y que sentó un precedente para que fueran modificadas las leyes a favor de las víctimas de ese delito. Ese hecho, dijo Tagle, acaba de repetirse en Baja California Sur donde una joven de origen indígena, de 18 años de edad, fue víctima de violación con el hecho agravado de rapto, a quien le fue negado el derecho de interrumpir su embarazo como lo establece la NOM-046-SSA2-2005. Organizaciones civiles de esa entidad se movilizaron y solicitaron la intervención de las legisladoras para hacer valer los derechos de la joven indígena. Legisladores de varios grupos parlamentarios, entre ellos la senadora Martha Tagle, suscribieron un punto de acuerdo en el Senado de la República que exhorta a las autoridades del estado de Baja California Sur a aplicar las sanciones correspondientes a las y los funcionarios que obstaculizaron el derecho a la atención debida a la joven víctima de violación sexual. Fue oportuna la intervención de las legisladoras que propiciaron el viaje de la joven a la Ciudad de México para que en tiempo y forma pudiera procederse al aborto. Tagle comentó que fue trascendental el caso de Paulina del Carmen Ramírez Jacinto, en el año de 1999, porque al impedirle las autoridades tener un aborto a pesar de haberse comprobado la violación, su caso fue llevado en 2002 a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Ello, dijo, dio lugar a que en 2006 el Estado mexicano firmara un acuerdo con la CIDH en el que se comprometió a actualizar la NOM 190-SSA1-1999, relativa a la atención médica a la violencia familiar, y así surgió la NOM-046, que sin embargo exigía una autorización judicial para acceder a un aborto en caso de violación. Esa limitante, agregó, entorpecía el derecho de las mujeres a acceder a la ley, razón por la cual el pasado 24 de marzo fue modificada la NOM-046 para que las autoridades sanitarias no exijan a las víctimas de violación una autorización judicial para acceder al aborto. Pero ello ha provocado, dijo, la reacción negativa de grupos conservadores entre las autoridades que anteponen sus posturas personales a lo que dictan las leyes, propiciando violencia institucionalizada en contra de la independencia personal, social o sexual de las mujeres que ahora cuentan con el amparo de la ley.

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