Lilia TORRENTERA G.
Oaxaca.- La Asociación civil Mexicanos Primero anunció hoy que con base a un amparo judicial obtenido contra acuerdos ilegales entre el gobierno federal y la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE y la Sección 22 que trasgredan la Ley de Educación, iniciará la solicitud de información de las mesas de negociación de manera semanal para echar abajo pactos que dañen la educación de la niñez del país.
En un comunicado, Méxicano Primero señala que en julio pasado, un juez federal otorgó a
Aprender Primero, A.C., área jurídica de Mexicanos Primero, A.C., un amparo en el que ordenó a la Secretaría de Gobernación (SEGOB) dejar insubsistentes los acuerdos firmados en años pasados con la Sección XXII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), por considerarlos contrarios a la Constitución y a las leyes secundarias en materia educativa.
"El Poder judicial envía un mensaje claro y contundente al Poder Ejecutivo: todo acuerdo con la CNTE o el SNTE se tiene que ceñir a lo establecido con la ley", señala el comunicado.
Esta agrupación civil indica que para cerciorarse de la legalidad de cada acuerdo tomado, ha iniciado la solicitd de información de manera semanal de todos los acuerdos que tanto la Secretaría de Gobernación (SEGOB) como la Secretaria de Educación Pública (SEP) suscriban con las dirigencias de la CNTE y la Sección 22 del SNTE.
"Mantendremos informada a la opinión pública del estado que guardan nuestras solicitudes de información y los acuerdos entre la Autoridad y las cúpulas sindicales. En caso de considerar que algún acuerdo va en contra de la Constitución y de las leyes y/o viola el derecho humano de los niños a tener una educación de calidad, acudiremos nuevamente al Poder Judicial de la Federación para que éste determine lo que corresponda".
Méxicano primero expone que "el derecho humano a la educación no puede ser suplantado por ningún acuerdo o pacto que violente la ley. El derecho de los niños a aprender es lastimado severamente cuando la misma autoridad, garante del orden democrático, permite un régimen de excepción sin justificación legal alguna".
Y agrega
"La correcta implementación del proyecto de transformación educativa exige compromiso de las partes como la única alternativa posible a favor del aprendizaje de la joven generación en México. La sociedad civil está vigilante de que el Estado de Derecho se cumpla en nuestro país y se respete el interés superior de la infancia".