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Impiden a indígenas oaxaqueñas ejercer cargo de agentes municipales

Publicado por Naked snake el Martes, 9 agosto 2016
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Por: Anayeli García Martínez/Cimacnoticias 
Oaxaca.-En diciembre de 2015 la indígena mazateca Agustina Castellanos Zaragoza fue electa para ser agente municipal de San Felipe Zihualtepec, una localidad ubicada en el municipio de San Juan Cotzocón, en el estado de Oaxaca; sin embargo, sólo ejerció el cargo 109 días porque el alcalde, Eleazar Poblano Celis, “no quiso a una mujer en ese puesto”.  

  Ante la violencia en su contra, desde mayo pasado, Agustina junto con las integrantes de su planilla, su suplente Cecilia Fermín Bautista y la alcalde municipal propietaria Estela Muñoz Rubio, y su suplente Petra Martínez Marcelino, acudieron a las instituciones electorales para solicitar su reinstalación, un proceso que ya lleva cuatro meses.

Así lo expone en una relatoría de hechos que entregó al Instituto de la Mujer Oaxaqueña (IMO) y según se deprende del juicio que presentó ante las autoridades electorales estatales y federales, a quienes pide que se haga valer su derecho a realizar las funciones para las cuales fue electa.

Agustina Castellanos Zaragoza | Foto retomada del sitio primeralinea.mx

Agustina Castellanos Zaragoza | Foto retomada del sitio primeralinea.mx

En marzo de este año, el Tribunal Electoral de Oaxaca resolvió el juicio a favor de las mujeres y señaló que debían seguir en sus cargos, pero eso no sucedió, por lo que las agraviadas ahora acudieron a la recién creada Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas que depende del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

VIOLENCIA POLÍTICA

El 13 de diciembre del año pasado Agustina y las tres mujeres fueron electas a través del sistema normativo indígena, es decir, por medio de una Asamblea Comunitaria. Ellas fueron designadas para ejercer el cargo durante un año, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016, pero ni siquiera cumplieron la mitad de su gestión.

De acuerdo con la información que la también profesora jubilada– dio al IMO, en esa elección participaron cuatro planillas: dos integradas por hombres, otra mixta y la que ella encabezó, conformada por cuatro mujeres. Al resultar triunfadoras, por primera vez en la localidad hubo cuatro gobernantes mujeres.

A decir de Agustina, desde el inicio de la campaña el presidente municipal de San Juan Cotzocón, Eleazar Poblano Celis, formó su propia planilla para que compitiera por la agencia, aquella encabezada por Heraclio Uriarte Gaspar, pero al ver que las cuatro mujeres eran apoyadas por la población comenzaron las agresiones con rumores que cuestionaban que una mujer “fuera a mandar”.

Aún así resultó triunfadora y el 16 de enero tomó protesta del cargo. A finales del mes organizó la primera Asamblea General para informar los horarios de atención de la agencia municipal, quiénes participarían como policías, quién sería la secretaria y cómo se organizarían los cobros, además de invitar a la gente a participar en las actividades de faena (trabajo comunitario).

La primera faena se realizó el 13 de febrero cuando la gente acudió al campo de futbol donde se hizo limpieza y se cercó con postes de madera, además se levantó el alambrado de una clínica que está abandonada.

Al siguiente día se realizó una segunda asamblea para informar de las acciones realizadas pero algunos pobladores le reclamaron que no estaba resolviendo problemas de la comunidad como falta de orden en el panteón y en las cantinas del pueblo.

Después de ese día hubo personas que reiteradamente le señalaron supuestas fallas y esparcieron rumores para hacer ver que una mujer no podía gobernar. En ese mes, el presidente municipal le llamó por teléfono para decirle que no estaba haciendo buen uso de los recursos; como consecuencia el 26 de abril le llegó un oficio donde le comunicó la suspensión del financiamiento.

Lo que motivó la suspensión de los recursos fue un escrito de inconformidad firmado por un grupo de vecinos de la agencia, en la que manifestaban un supuesto mal manejo de una donación de 150 mil pesos que la cervecería Cuauhtémoc- Moctezuma dio a la agencia municipal, y que ella asegura, fue invertido en beneficio de la comunidad.

La tarde del 28 de abril se celebró una Asamblea comunitaria en la agencia de San Felipe Zihualtepec, en la que el pueblo exigió saber dónde estaba el dinero. Tras los reclamos, los gritos se convirtieron en insultos y luego en amenazas de muerte. A ella intentaron golpearla y desnudarla por lo que tuvo que salir huyendo del lugar.

Ese mismo día mientras la gente del pueblo tomó la oficina de la agencia, el Consejo Municipal determinó desconocer a Agustina y a su cabildo, y solicitar la intervención del presidente municipal Poblano Celis, para elegir a su nueva autoridad.

DERECHO A EJERCER EL CARGO

Después de los hechos Agustina intentó interponer una denuncia penal pero en la Fiscalía General de Oaxaca no la atendieron por lo que se dirigió con el presidente municipal –mismo que considera está atrás de los ataques– quien le dijo que intervendría y le aclaró que si la agencia no tenía recursos es porque ella no había pasado por los cheques.

Así Poblano Celis convocó a una Asamblea extraordinaria el 4 de mayo en la localidad, en la que los asistentes informaron a Agustina y a su equipo de trabajo que fueron destituidas y que en la Asamblea del 29 de abril se eligieron nuevas autoridades.

Ante el acto de ilegalidad, las mujeres interpusieron un juicio (29/2016 y 31/2016) ante el Instituto Electoral de Oaxaca, institución que las ratificó en su nombramiento, sin embargo en junio pasado la resolución fue impugnada por los nuevos funcionarios ante la Sala Regional Xalapa del TEPJF.

En este nuevo proceso los magistrados electorales revocaron la sentencia anterior para proteger el derecho a la libre determinación de los pueblos y comunidades indígenas que destituyeron a la agente municipal y su equipo.

Al conocer la resolución Agustina pidió asesoría a la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas TEPJF, encargada de apoyar o defender los derechos político electorales de las comunidades indígenas.

Ahora el caso fue enviado a la Sala Superior del Tribunal Electoral que esta semana podría resolverlo, en esta ocasión considerando los derechos de los pueblos indígenas que se rigen por usos y costumbres pero también aplicando el Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres.

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