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Busca el Congreso definir y tipificar la violencia política de género

Publicado por Naked snake el Martes, 16 agosto 2016
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Oaxaca.-En respuesta al incremento de la violencia contra las mujeres que participan en política y a las 103 denuncias que se presentaron tan solo este año  por esas agresiones, el Congreso instaló esta mañana una mesa de trabajo para analizar las siete iniciativas presentadas en el Senado y las cinco en la Cámara de Diputados en los últimos tres años, con el fin de definir y tipificar la violencia política de género.

Las doce iniciativas fueron presentadas desde febrero de 2013 hasta agosto de 2016, con el foroViolenciaPolítica01comsocsenadorepublicapropósito de modificar las Leyes Generales de Instituciones y Procedimientos Electorales; de Partidos Políticos; en Materia de Delitos Electorales; del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral  y la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

La mesa de trabajo pretende analizar las 12 iniciativas, para que en el próximo periodo de sesiones ordinarias, que inicia este 1 de septiembre, ambas Cámaras las discutan y dictaminen.

El análisis legislativo será respaldado por la Consejería Jurídica Federal, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales (Fepade), que depende de la Procuraduría General de la República (PGR), entre otros organismos.

La senadora Diva Hadamira Gastélum, del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género del Senado, afirmó que el propósito de la mesa es hacer un traje a la medida para esta problemática que se presenta en todo el país.

Señaló que desde hace dos años la Cámara alta ha impulsado la definición y tipificación de este concepto, por ello aseguró que la mesa de trabajo con la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados, presidida por la priista Laura Nereida Plascencia Pacheco, permanecerá hasta que se alcance el objetivo final.

PASO A PASO

La participación política femenina ha tenido avances, como la reforma político electoral de 2014 y las Leyes Generales de Partidos Políticos y de Instituciones y Procedimientos Electorales, que obligó a los partidos políticos a que 50 por ciento de sus  candidaturas a diputaciones federales y locales sean ocupadas por mujeres.

Resultado de que la paridad sea un principio constitucional, la Cámara de Diputados está conformada por 42.4 por ciento de mujeres y el Senado por 32 por ciento. Sin embargo, frente a ello, crecieron también las barreras.

Ejemplo de estos obstáculos, recordó Lorena Cruz Sánchez, presidenta de Inmujeres, son los casos que se presentaron durante las jornadas electorales de 2015 y 2016, cuando los partidos obligaron a las mujeres a firmar sus renuncias y cuando varias candidatas fueron hostigadas para abandonar sus aspiraciones.

“Es indignante que los hombres amenacen, ataquen e insulten a las mujeres que ostentan cargos públicos o que, por su participación en los comicios, se impida la instalación de casillas, se boicotee el voto y se les niegue que tomen posesión de los cargos cuando son electas”, dijo Cruz Sánchez.

Hasta hoy, frente a esto, debido a que no está reconocida la violencia política contra las mujeres políticas, las aspirantes, candidatas o funcionarias electas recurren a los tribunales, en algunos casos buscan justicia en la Fepade.

Ante la falta de un tipo penal, en marzo pasado diversas instituciones electorales y dependencias federales como el TEPJF, la Fepade, el Inmujeres y el Instituto Nacional Electoral (INE) elaboraron el Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres a fin de establecer una ruta de denuncia y atención en estos casos.

De ahí la necesidad, dijo el magistrado presidente del TEPJF, Constancio Carrasco Daza, de que exista una respuesta ejemplar que no permita la impunidad en los casos de agresiones hacia las mexicanas que se desenvuelven en la esfera pública.

El titular de la Fepade, Santiago Nieto Castillo, recordó que en las elecciones de 2015 se registraron 38 denuncias, las cuales revelan  que las conductas delictivas afectaron “de manera desproporcionada” a las mujeres mientras que en 2016 se documentaron 103 casos más.

Estamos, dijo el fiscal Nieto, ante un marco legal insuficiente para  abarcar todas las conductas denunciadas que afectan a las militantes de los partidos políticos o a las ciudadanas, lo que da como resultado una sensación de impunidad.

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