| | Oaxaca de Juárez |
Jueves 26 de diciembre, 2024.
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Así lo denunciaron ante el Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que por primera vez visita México, del 29 de agosto al 7 de septiembre para documentar las violaciones a Derechos Humanos por parte de las empresas.
Y son ellas las denunciantes porque, tradicionalmente encargadas del alimento, guardianas de la salud y del entorno para sus familias, ante la precariedad y amenazas, se han convertido en defensoras de la tierra y de los bienes comunes.
María Isabel Jiménez Salinas, indígena zapoteca del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, le contó al Grupo de Trabajo sobre la devastación que ha significado para su comunidad la llegada de más de 21 empresas de energía eólica a la región.
Médica tradicional e integrante de la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco (APPJ) dijo a los expertos que la consulta indígena que se aplicó en el lugar para la construcción de un parque eólico se desarrolló en medio de agresiones y amenazas.
Isabel, quien se ha dedicado a la defensa de la tierra, los bienes naturales y los derechos de pescadores, campesinas y campesinos, y de las médicas tradicionales, asegura que los proyectos eólicos sí afectan la naturaleza y la vida, que la tierra se rellena con cemento y ya no germinan las semillas. “Al defender la madre tierra, también defendemos nuestro trabajo que son las hierbas medicinales”, señaló.
Isabel les contó que, en 2013, pescadores y campesinos que la abastecían de hierbas medicinales le avisaron que personal del parque eólico Bií Hioxo había cercado sus parcelas, les pedían gafetes para entrar a sus tierras y dañaban la flora y fauna de la región, caracterizada por tener especies únicas en el país.
Unida a estos grupos inconformes, la mayoría integrados por varones zapotecas que después conformaron la APPJ, Isabel informó a su comunidad sobre la importancia de hacer frente a este despojo, pero esto le ha acarreado amenazas para que no participe.
“CONSULTAS” Y CONTRATOS
Para su aprobación, los proyectos deben realizar consultas con las comunidades, pero organizaciones civiles, como Proyecto de Derechos Económicos Sociales y Culturales (ProDESC), llevó a cabo una Misión de Observación y comprobaron que el Estado mexicano violó los estatutos del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre el derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado.
La comunidad mantiene un litigio legal para detener la construcción de parques eólicos, pero estos avanzan y, de acuerdo con la Asociación Mexicana de Energía Eólica (AMDEE), hay 31 parques eólicos instalados en el país: 21 en la región del Istmo, 12 en Juchitán.
El Grupo de Trabajo escuchó también a la comunidad agraria de Unión Hidalgo, en la región oaxaqueña del Istmo de Tehuantepec, donde la población demanda la nulidad de los contratos de arrendamiento que tiene con la empresa Desarrollos Eólicos de México (Demex), para el parque eólico Piedra Larga.
La activista Guadalupe Ramírez Castellanos asegura que la empresa no respetó la propiedad comunal de la tierra porque “compró” áreas que no son de propietarios independientes. La comunidad interpuso un juicio, que está en su etapa final, y se espera que el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 22, con sede en Tuxtepec, dicte una sentencia apegada a derecho y los Derechos Humanos.
MINERA Y ENGAÑO
Otras mujeres que alzan la voz contra las empresas son las ejidatarias de La Sierrita de Galeana, en Durango, que mantienen una batalla legal contra la minera canadiense La Platosa, de Excellon Resource, por haber defraudado a su ejido.
En 2004, La Platosa rentó al Ejido, ubicado en el municipio de Tlahualilo, cuatro hectáreas de tierra de uso común –por un millón 200 mil pesos– para ocuparlas durante 30 años, pero al momento de la firma resultó que el contrato estipulaba la renta de 27 hectáreas por el mismo precio.
Dora Alicia Ramírez Soto, primera mujer tesorera del ejido La Sierrita, asegura que en un primer momento las mujeres y hombres de la comunidad vieron en la minera una oportunidad de desarrollo social y de trabajo pero, luego de darse cuenta del engaño, con amenazas la empresa logró que las y los 127 dueños del terreno firmaran el contrato.
Las violaciones que se cometieron en este caso fueron exploraciones fuera del territorio convenido, que las personas tenían menos espacio para llevar a pastar a sus animales y afectación en la diversidad de plantas. Además, aunque la empresa ofreció empleos, eran trabajos con salarios mínimos e incluso se le negó la contratación a una mujer por estar embarazada.
Otro caso de daños provocados por la industria extractiva fue el derrame de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado de la minera Buenavista del Cobre (de Grupo México) que se vertieron en los ríos Bacanuchi y Sonora, en el estado de Sonora el 6 de agosto de 2014.
Las mujeres destacaron como convocantes de la organización para exigir una solución, pues ellas fueron las más afectadas por la contaminación del agua en una comunidad donde se volvieron comunes dolores de estómago, infecciones estomacales, fiebres y vómitos por el consumo del líquido.
Después de escuchar estos y otros relatos de mujeres y comunidades indígenas afectadas por estos proyectos, el Grupo de Expertos elaborará y presentará un informe preliminar al terminar la visita en México y posteriormente presentará un informe final ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
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