APOYO denuncia construcción de eólica sin consulta en Juchitán

Oaxaca.-De nueva cuenta sin consultar a las comunidades que serán gravemente afectadas, la Secretaría de Energía presentó ayer la lista definitiva de ganadores de la Segunda Subasta de Largo Plazo para proyectos de generación de energía. Entre ellos se encuentra el proyecto “Gunaa Sicarú”, un parque eólico de 252 Megawatts que la empresa Eólica de Oaxaca pretende construir en tierras ilegalmente privatizadas de los Bienes Comunales de Juchitán, en el Istmo de Tehuantepec.

Al respecto, Bettina Cruz Velázquez, representante de la Articulación de Pueblos Originarios del Istmo Oaxaqueño en Defensa del Territorio (APOYO), afirmó:

Nuevamente el Gobierno mexicano otorga un contrato a un megaproyecto eólico, de 252 MW, que se pretende instalar ilegalmente en las tierras comunales de Juchitán¹, , contradiciendo las recomendaciones del Grupo de Trabajo de Derechos Humanos y Empresas de la ONU tras su visita a México². El gobierno dispone de nuestro territorio para beneficio de empresas privadas, incluyendo industrias sumamente contaminantes, sin importarle los impactos destructivos en nuestros pueblos y cultura. Estas consecuencias están claramente reflejadas en el informe del Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) adoptado por el Directorio Ejecutivo del BID el 14 de septiembre de 2016³, que concluye: “consideramos que efectivamente las comunidades indígenas del Istmo enfrentan el riesgo de pérdida de identidad y costumbres. Esto se refiere en particular a la pérdida del principio de gobernanza comunitaria y bien común a favor de esquemas de decisión y desarrollo centrados en el individuo.” Este informe del BID atribuye directamente este grave impacto social “al intenso y rápido desarrollo eólico en la región del Istmo’. También reconoce que estos proyectos ocasionan serios conflictos que ponen en riesgo la vida y seguridad de quienes defendemos los territorios, valores y derechos comunitarios.

Nashieeli Valencia Núñez, de la Articulación de Pueblos Originarios del Istmo Oaxaqueño en Defensa del Territorio (APOYO), precisó:

Estamos a favor de la generación de energía basada en fuentes renovables siempre y cuando esté en manos de las comunidades. Se debe eliminar lo más rápido posible la emisión de gases de efecto invernadero, pues somos las comunidades indígenas, campesinas y pescadoras quienes más sufrimos las nefastas consecuencias del cambio climático, sin tener responsabilidad alguna en la generación del problema. Pero estamos en completo desacuerdo con la forma en que el gobierno mexicano y las empresas privadas nos están imponiendo megaproyectos autoritarios y violentos. Para que la transición energética sea socialmente viable, las comunidades indígenas debemos estar en el centro del proceso, por lo que la legislación debe facilitar la construcción de proyectos comunitarios de energía renovable que generen un verdadero desarrollo social y mantengan el territorio y nuestros bienes naturales bajo nuestro control. La “Primera Reunión de Beneficios Sociales Compartidos de Proyectos de Energía”, celebrada hoy y mañana por la Secretaría de Energía y el Banco Interamericano de Desarrollo, tiene un enfoque completamente equivocado: no queremos dádivas de proyectos privatizadores, sino que se democratice la transición a las energías renovables.

Pedro Regalado Uc Be, en representación de la Articulación Social sobre Energía Renovable en Yucatán, declaró:

También los pueblos mayas de Yucatán corremos el riesgo de perder nuestra identidad y derechos colectivos por decisiones que únicamente persiguen beneficios económicos de empresas privadas, a costo de destruir la riqueza cultural, social y ambiental de nuestros pueblos y comunidades. En Ticul, mi comunidad, nos preocupa la instalación de un megaproyecto de generación fotovoltaica, sobre el que nunca se nos ha informado. Este proyecto supondrá la deforestación de al menos 640 hectáreas de nuestra selva⁴, lo cual resulta contradictorio con los fines de la energía limpia, y totalmente innecesario, pues estos paneles solares se podrían instalar perfectamente en tejados o en otras zonas degradadas. Además, la llegada de gentes extrañas para construir este proyecto provoca enfrentamientos en la comunidad, la pérdida de nuestra lengua, de nuestra espiritualidad y nuestras costumbres.

Ezer Roboam May May, hablando también en representación de la Articulación Social sobre Energía Renovable en Yucatán, agregó:

Muchos proyectos buscan implantarse en terrenos de propiedad ejidal o comunal, en base a contratos leoninos que transfieren el control de nuestro territorio a empresas privadas a cambio de sumas mínimas. Estas empresas a su vez usan los derechos sobre nuestras tierras como garantía para obtener créditos multimillonarios para sus proyectos, por lo que son nuestras comunidades quienes corren el riesgo si algo sale mal. Para obtener estos contratos, las empresas violentan los procesos internos de nuestras comunidades, corrompen autoridades y provocan enfrentamientos. Esto está pasando en mi comunidad, Kimbilá, donde la empresa española Elecnor hizo tratos de manera oculta con el Comisario Ejidal, quien buscó hacer firmar a la asamblea sin conocimiento previo del contrato. La población no estaba enterada del proyecto, ya que no era explicado en lengua maya y a los que entendieron les pareció que el monto de la renta era insuficiente para la subsistencia diaria. Surgió un entendimiento común y se pudo detener la firma de contrato. Sin embargo, las empresas han conseguido hacer firmar contratos a las comunidades de otras partes de Yucatán.

Las organizaciones comunitarias que componen las articulaciones del Istmo y de Yucatán exhortamos a las autoridades a que asuman el reto de democratizar el sector energético. Asimismo, invitamos a la sociedad civil y al sector académico mexicano a unirse a una discusión amplia e incluyente para valorar y definir qué tipo de generación y gestión de la energía requieren y desean las comunidades rurales y urbanas, y cómo hacer accesibles las ventajas sociales y ambientales que ofrecen los proyectos comunitarios y los sistemas de generación distribuida.