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“Áreas naturales protegidas”, sin protección del Estado mexicano: Greenpeace

Publicado por Naked snake el Domingo, 9 octubre 2016
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México.- Miguel Rivas, coordinador de la campaña de Océanos de Greenpeace, habló este miércoles sobre al aterrizaje realizado la semana pasada por el helicóptero en el que viajaba el senador priista Emilio Gamboa, dentro de un área natural protegida del municipio de Progreso, en Yucatán. En entrevista para Aristegui Noticias, refirió que el Estado mexicano no es un verdadero garante de la protección del medio ambiente. Además, señaló que el helicóptero pudo dañar manglares y corales. “Nos preocupa mucho que las afectaciones en estas áreas naturales protegidas sean una constante”, dijo.

Video:

Las dunas costeras, los humedales, los arrecifes coralinos y los manglares son ecosistemas biodiversos y sensibles. En el caso del Arrecife Alacranes, existen especies endémicas, además de especies bajo cuidado especial, especies amenazadas e incluso especies en peligro de extinción,  justamente en el área en la que bajó el helicóptero en el que paseaba el Coordinador General de Puertos y Marina Mercante de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Guillermo Ruiz de Teresa, el senador Emilio Gamboa, y algunos amigos contratistas del régimen.

El lugar preciso donde aterrizó el helicóptero es una duna costera en la zona núcleo del parque nacional, y representa el ecosistema preferido a nivel mundial para la anidación y cría de aves de la especie Sula dactylactra (pájaro bobo enmascarado) y de muchas otras que por su importancia biológica y fragilidad aparecen en la lista roja de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza. La fecha de este perturbador aterrizaje coincide precisamente con la temporada en que las aves migratorias llegan a la región, y muchas especies anidan y crían justamente en las dunas costeras. Además de las especies de aves, la región tiene importancia biológica por la arribazón de tortugas de especies en peligro, por la presencia del arrecife más importante del Golfo de México, con decenas de especies de coral bajo estatus de protección, en riesgo o en peligro de extinción, y por la presencia de manglar, ecosistema que también por su fragilidad e importancia está protegido por la Ley de Vida Silvestre y por la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.

Según relatan las personas que frecuentan la isla, no es la primera vez que helicópteros llevan a Gamboa Patrón y a otros distinguidos visitantes para abordar ese y otros lujosos yates.  Les resulta incómodo caminar desde el pequeño helipuerto que hay en la Isla Pérez (la única habitada en el arrecife), cargando sus maletas y hieleras, por lo que prefieren bajar en las sensibles dunas costeras, aledañas a manglares, por un lado, y a arrecifes coralinos, por el otro.

No sólo el aterrizaje y despegue del helicóptero tiene un impacto ambiental, también el yate, cuya eslora, cercana a quince metros, tiene el potencial de dañar a los arrecifes coralinos. Según el plan de manejo del Parque Nacional, en la zona núcleo no se permiten actividades de pesca deportiva ni buceo deportivo, aunque es muy frecuente que este sea el tipo de actividades para las que se utilizan estas embarcaciones en estos paseos de wikend, como el del coordinador general de puertos y marina mercante, con el empresario y el senador.

Las violaciones en materia ambiental, como el daño a Parques Nacionales, específicamente por dañar manglares, humedales y arrecifes deben ser investigadas por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y por la Unidad Especializada en Delitos contra el Ambiente de la PGR, y sancionadas conforme a lo dispuesto en el título vigésimo quinto del Código Penal Federal (art. 425 y otros), además de lo que dispone la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, el Reglamento de Áreas Naturales Protegidas de dicha ley, y el Plan de Manejo del Parque Nacional. Las penas por dañar áreas naturales protegidas van de dos a diez años de cárcel y multas de trescientos a tres mil días de multa.

La violación a las disposiciones en materia de comunicaciones como es el aterrizaje de aeronaves en zonas prohibidas para ese fin, o la navegación de embarcaciones mayores en zonas arrecifales, debe ser sancionada también conforme a las leyes de navegación aérea y marítima, que se ubican justamente dentro del ámbito de competencia del funcionario de Puertos y Marina de la SCT, Ruiz de Teresa, lo que difícilmente hará más expedita la investigación y la sanción correspondiente.

Se ha cuestionado la irresponsabilidad en el aterrizaje del helicóptero y en el abordaje de un yate de cerca de quince metros de eslora en una zona de arrecifes y dunas costeras. También se ha señalado la cobardía en la desgraciada huida de los funcionarios, pilotos y empresarios después de causar daño a una pequeña embarcación.

Lo que no se ha señalado es el sinnúmero de delitos ambientales y de navegación cometidos. Por ejemplo, la volcadura de una pequeña embarcación, provocada por el helicóptero,  hizo que el motor se fuera al fondo, contaminando el arrecife con gasolina y aceite. En el video se puede ver un bidón de combustible en el fondo, y se escucha a los lancheros decir que el motor se hundió.  El ruido y perturbación que causa la aeronave al aterrizar y despegar genera un impacto ambiental sobre la fauna silvestre, y potencialmente sobre el manglar y el arrecife coralino, por lo que ese tipo de actividad está expresamente prohibido para la zona núcleo en el plan de manejo del Parque.

Puede pensarse que el impacto es menor y se restringe al punto en que aterrizó el helicóptero, pero lo preocupante es que este tipo de situaciones ocurre continua e impunemente, lo que provoca un daño significativo al ecosistema.

Las áreas naturales protegidas están en entredicho. El gobierno federal recortó a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas un 25 por ciento de su presupuesto, y por si fuera poco los funcionarios del ejecutivo y del legislativo las destruyen en sus alegres viajes. Es dudoso que las sanciones vayan más allá de una multa al piloto o a la compañía, después de todo los culpables no son campesinos o pescadores, sino próceres de estado.

Aristegui Noticias

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