Denuncia corrupción de Cué y anuncian defensa de derechos en Oaxaca

Lilia TORRENTERA G. Oaxaca.-  Intelectuales, militantes de partidos, y académicos de Oaxaca, denunciaron  la seria corrupción en el gobierno de Gabino Cué y el incumplimiento de sus compromisos con la transparencia y la democracia además de anunciar la creación de una nueva organización civil para  defender los derechos de las y los oaxaqueños contra lo que consideran el regreso "del autoritarismo  del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Oaxaca".   En una larga misiva a la opinión pública el grupo de firmantes, detallan la serie de complicidades y  redes de corrupción que caracterizaron al gobierno de transición  que encabezó Cué Monteagudo.   Reprochan el mismo comportamiento de opacidad y omisión del Poder Legislativa que evitó aprobar leyes que dieran paso a legitimar constitucionalmente reformas en  materia política, económica y social en beneficio del pueblo de Oaxaca. Entre los firmantes, muchos de ellos  militantes de diferentes tribus del Partido de la Revolución Democrática (PRD) como Karina Barón, Jesús Romero López o Pavel López Gómez, condenan a Gabino Cué de que a  menos de dos meses de concluir su mandato,  los indicadores de desarrollo y bienestar social hayan sido nulos y comparan el grado de corrupción  y endeudamiento como el dejado por el ex mandatario priísta, Ulises Ruiz Ortiz. En otra parte del manifiesto público, los formantes dan a conocer que conformarán una nueva organización civil defensora de los derechos  humanos, sociales, ambientales y políticos ante  lo que consideran el regreso a un gobierno autoritario en los próximo seis años.   A continuación texto integro del manifiesto: Al pueblo de Oaxaca A la opinión pública   En su toma de protesta, pronunciado el primero de diciembre de 2010, el gobernador Gabino Cué Monteagudo prometió honrar y hacer posible el cambio social y político de Oaxaca, luego de décadas de gobiernos príistas caracterizados por su corrupción, autoritarismo y alejamiento de la sociedad.   En un largo discurso pronunciado ante diputados y diputadas de la 61 Legislatura ofreció combatir la impunidad, la corrupción y los abusos de poder. En síntesis, el primer gobernador que arribó al poder ejecutivo por el impulso de un amplio movimiento ciudadano ofreció públicamente dejar atrás lo viejo para iniciar una etapa de cambios sustanciales en lo social, en lo económico y en lo político. Se comprometió así a propiciar una estrecha coordinación entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial para impulsar la transición democrática de Oaxaca a través de un nuevo andamiaje jurídico-institucional y un ejercicio de gobierno honesto, transparente, eficaz y cercano a la gente.     Sin embargo, y como una primera señal negativa para la transición democrática, no hubo coalición gobernante en el poder ejecutivo sino un gabinete híbrido, compuesto mayoritariamente por amigos de infancia, socios y viejos priístas y unos cuantos cuadros del PAN y PRD, pese a que fueron estos dos partidos políticos, junto con el Partido Movimiento Ciudadano y el Partido del Trabajo, los que mediante una coalición electoral había facilitado su triunfo.       Su contraparte, el poder legislativo, bien pudo constituirse en el conducto institucional para evitar que la transición democrática primero se interrumpiera y luego fuera enterrada por los poderes ejecutivo y legislativo.     En ese intento se quedaron los diputados de la 61 Legislatura al aprobar un paquete de reformas legales y constitucionales para alentar la participación ciudadana; el fortalecimiento de los órganos autónomos y del poder judicial; fomentar la rendición de cuentas y generar contrapesos al poder ejecutivo, tarea torpedeada de principio a fin por los diputados del PRI y que en la segunda mitad del sexenio la 62 legislatura ya no puso atención, envuelta como estuvo en mezquinas disputas por el control del aparato administrativo, escándalos de corrupción y notoria negligencia e irresponsabilidad para cumplir con sus tareas institucionales.     Pero tampoco desde el poder ejecutivo se manifestó interés alguno para avanzar en esta reforma de Estado dejando así inconcluso el rediseño jurídico-institucional del viejo régimen. A poco menos de dos meses de que concluya su sexenio el primer gobierno de alternancia en Oaxaca termina mal evaluado en prácticamente todos los indicadores sociales, económicos y políticos. No es problema menor el incremento del endeudamiento público al pasar de 4 mil 615 millones que heredó el gobierno de Ulises Ruiz a poco más de 16 mil millones de pesos, colocando así a nuestra entidad como el sexto más endeudado a nivel nacional; los proyectos estratégicos suspendidos o inconclusos como los casos de la presa Paso de la Reina, las carreteras que comunicarán a la ciudad de Oaxaca con las regiones de la Costa y el Istmo o la obra pública no licitada o licitada a modo y, además, duplicada o triplicada en costos y con dos y hasta tres años de retraso en su conclusión que pueden ejemplificarse con la construcción del Polideportivo, que ahora pretende privatizarse; el estadio de futbol ‘Alebrijes’ construido en terrenos del ITO, la remodelación del auditorio Guelaguetza y el estacionamiento y puente peatonal del Cerro del Fortín.       Pese a los millonarios recursos que la Federación canalizó al sistema de educación básica, Oaxaca observa un alto rezago educativo que coloca a nuestra entidad en el segundo lugar a nivel nacional en esta materia. Contra lo prometido durante su campaña, en el sexenio de Cué prácticamente se institucionalizó la corrupción en áreas estratégicas del poder ejecutivo como las secretarías de Desarrollo Social, Administración, Finanzas, Turismo, Infraestructuras, Salud y el DIF Estatal, de donde surgieron los nuevos ricos del sexenio debido al desvío de recursos, tráfico de influencias, la venta de plazas sindicales, los contratos fuera de la ley con proveedores y empresas constructoras no oaxaqueñas, los ‘moches’ de hasta el 30 por ciento para la aprobación de mezcla de recursos con autoridades municipales así como en la compra venta de bienes muebles e inmuebles del gobierno del estado y las asignaciones directas de obra pública.       Se suma a lo anterior los recurrentes conflictos sindicales y políticos: sin duda, de entre estos conflictos el que mayores daños económicos, educativos y sociales provocó a la entidad fueron los paros y movilizaciones de la sección 22 del SNTE, conflicto que en buena medida se agudizó por el autoritarismo del gobierno federal y el rompimiento del gobierno de Cué con un gremio que en el 2010 había impulsado su arribo a la gubernatura.     En el sexenio 2010-2016 en Oaxaca se cometieron más de 500 feminicidios y decenas de crímenes de líderes sociales y políticos, en su mayoría no esclarecidos por la negligencia y corrupción de las autoridades judiciales. Pero en este renglón lo más grave ha sido el crecimiento exponencial de la inseguridad pública y del crimen organizado en las regiones del Istmo, Costa, Cuenca y, en menor medida, en los Valles Centrales. Según reportes del Coneval solamente entre el 2012 y 2014 el gobierno de Oaxaca ejerció un presupuesto de 165 mil millones de pesos, pero en ese mismo período el número de pobres creció en 227 mil 150 habitantes, de tal manera que el número total de pobres que hasta el 2014 tenía la entidad sumaban 2 millones, 662 mil 700 habitantes.     De persistir esta tendencia, y ante la corrupción que permeó en la aplicación de los programas sociales estatales y federales, lo más probable es que para este fin de sexenio crezca el número de pobres. El fuerte déficit en las finanzas estatales, resultado de la suma de desvío de recursos públicos, pésima administración y un crecimiento desorbitado de la burocracia gubernamental, ha propiciado que desde el mes de mayo el gobierno del estado registre adeudos por más de 80 millones de pesos por concepto del pago de miles de becas educativas ‘Manutención’ y mil 300 millones por pago a proveedores.         Pero el gobierno de Cué también se despide con un alto grado de rechazo ciudadano a su desempeño y la pérdida de credibilidad hacia un gobierno que muy pronto renunció a todo compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas, por haber “otorgado el poder” a un personaje con “facultades plenipotenciarias” y extra legales, como lo es el señor Jorge Castillo; asimismo esos vicios se vieron reflejados en la construcción de la línea metropolitana del Metrobus, el otorgamiento de 1,300 concesiones de mototaxis, la escandalosa venta de poco más de dos mil plazas sindicales, la construcción de obras suntuarias en el Cerro del Fortín, el silencio guardado ante las recientes contrareformas constitucionales aprobadas por la 62 Legislatura y el otorgamiento de ocho fiats notariales a familias y amigos cercanos al jefe del poder ejecutivo y al de su sucesor.       Frente a esa realidad, y ante la coyuntura del regreso del PRI al poder ejecutivo y las primeras señales que apuntan a la instauración de un nuevo tipo de autoritarismo y regresión en materia de derechos político-sociales ganados por la sociedad, quienes suscribimos esta     Declaración anunciamos que próximamente daremos a conocer los objetivos, metas y acciones de un nuevo proyecto de organización ciudadana que tenga como meta la defensa de los derechos laborales, agrarios, políticos y económicos de los oaxaqueños y oaxaqueñas.     Atentamente Plataforma Oaxaca Solidario   Mto. Isidoro Yescas Martínez, Margarita García García, Heriberto Ramírez Caballero, Natalia Karina Barón Ortíz, José de Jesús Romero López, Antonio Álvarez Martínez, Alejandra Silva Soriano, Efraín Aragón Ibáñez, Enrique Martínez y Martínez, Felipe Edgardo Canseco Ruíz, Jair Rodríguez Palacios, Itzel Espinosa Rojas, Noel García Pacheco, Pavel Renato López Gómez, Jesús Alberto Cervantes Ramírez, Luis Enrique Cruz Maza, Ariel Orlando Morales Reyes, Gelacio Morga Cruz, Román Pérez Ortiz, Julio Audelo Sánchez, Héctor Jesús Rodríguez Cruz