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Oaxaqueñas se organizan contra proyecto eólico “Piedra Larga”

Publicado por Naked snake el Lunes, 10 octubre 2016
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Por: Angélica Jocelyn Soto Espinosa/Cimacnoticias
Oaxaca.-Aunque históricamente han sido excluidas del derecho a la tierra, las mujeres de las regiones más afectadas por la instalación de parques eólicos en Oaxaca, defienden el territorio para dejar mejores condiciones de vida a su comunidad y a las próximas generaciones.


Desde 2005, la comunidad agraria de Unión Hidalgo, en Oaxaca, vive un contexto de hostigamiento y violencia porque la empresa Desarrollos Eólicos Mexicanos (DEMEX), subsidiaria de la empresa española Renovalia Energy, inició la instalación del parque eólico “Piedra Larga” Fase I y Fase II.

Las mujeres que viven en esa comunidad son integrantes del pueblo indígena zapoteca; la mayoría, adultas mayores cuyas hijas e hijos migraron a ciudades más grandes para recibir la educación profesional que no había en su comunidad.

Casi la totalidad de esas mujeres no son posesionarias del territorio de uso social, del que han sido excluidas históricamente, como lo demuestra un decreto presidencial de 1964, -al que Cimacnoticias tuvo acceso-, que enumera a mil 141 personas posesionarias del territorio de Unión Hidalgo pero de las que sólo ocho son mujeres, la gran mayoría viudas.

UHidalgo01GretaRicoEn contraste, las mujeres de Unión Hidalgo trabajan el campo, apoyan al ingreso familiar, educan a la familia, apoyan en la comunidad, y cuidan a los animales y las plantas.

Algunas de ellas se han visto obligadas a formar parte del Comité de Resistencia al proyecto eólico de “Piedra Larga”, el cual se consolidó en Unión Hidalgo luego de que DEMEX, proveedora de energía para la empresa Bimbo, orillara a la comunidad a rentarles sus tierras sin información y mediante engaños.

Desde que llegó DEMEX, las y los comuneros han sido víctimas de constantes intimidaciones y violencia | Foto: Greta Rico

Actualmente, este Comité está a la espera de que el Tribunal Unitario Agrario del Vigésimo Segundo Circuito, en Oaxaca, dicte sentencia a favor de la anulación de los contratos que las y los comuneros firmaron con la empresa.

HOSTIGAMIENTO Y DESPOJO

Una de las integrantes de ese Comité, Elizabeth de la Cruz, de 54 años de edad, relató a Cimacnoticias que ella nunca estuvo de acuerdo con vender su territorio pero que representantes de la empresa DEMEX hostigaron a su familia afuera de la escuela, de su casa, y su negocio, para que les rentaran un pedazo de la tierra comunal que estaba a su nombre.

Los representantes de la empresa mintieron a la comunidad. Les dijeron que el resto de las y los comuneros ya habían firmado, que tendrían grandes ganancias económicas y que incluso podrían seguir usando sus tierras, lo que a la postre no sucedió. Además no les dijeron que el arrendamiento de las tierras sería por 30 años, con oportunidad de renovarse automáticamente por otras tres décadas.

Finalmente, de 2006 a 2011 muchas familias de Unión Hidalgo, como la de Elizabeth, se vieron obligadas por la presión de la empresa a firmar los contratos de arrendamiento pero lo hicieron a título individual –como lo pidió DEMEX- sin considerar que la tierra es de propiedad social, lo que quiere decir que no corresponde a pequeños propietarios sino a toda la comunidad, lo que hace que los contratos no sean válidos.

De acuerdo con Elizabeth, desde que llegó DEMEX, las y los comuneros han sido víctimas de constantes intimidaciones y violencia; obstruyeron los caminos hacia sus tierras de cultivo; contaminaron su territorio con el aceite que sueltan los aerogeneradores; y el cemento que se enclavó en las tierras disminuyó la productividad del campo y dañó la economía local.

Los hechos violentos constan incluso en dos denuncias penales que se presentaron en 2011 ante la Fiscalía de Investigaciones de Delitos de Trascendencia Social, de Oaxaca, por agresión física contra dos mujeres de la comunidad que se opusieron al parque.

Desde entonces, el Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) acompaña a las y los comuneros, con lo que se consiguió que la Defensoría del Pueblo de Oaxaca estuviera al tanto de los ataques, que en ese mismo año otorgara medidas cautelares a favor de varias personas del Comité de Resistencia, y que en 2014 ampliara estas medidas para toda la comunidad.

De acuerdo con Elizabeth -quien durante mucho tiempo desatendió su pequeño negocio familiar por participar en las acciones contra la empresa- esta lucha que nadie pidió ha tenido aprendizajes, entre ellos, que la llegada de empresas o megaproyectos a su territorio no significa ningún beneficio, sino al contrario, despojo y abusos.

De acuerdo con Elizabeth, esta lucha que nadie pidió ha tenido aprendizajes, entre ellos, que la llegada de empresas o megaproyectos a su territorio no significa ningún beneficio, sino al contrario, despojo y abusos | Foto: Greta Rico

LA RESISTENCIA

En 2011, mujeres y hombres de Unión Hidalgo que están en desacuerdo con que la empresa siga desarrollando el parque eólico en territorio de propiedad social, decidieron conformar el Comité de Resistencia contra el proyecto eólico de “Piedra Larga”.

Una de sus integrantes, Guadalupe Ramírez, de origen zapoteco, de 65 años de edad, relató en entrevista: “no creo que mis compañeras o compañeros supieran exactamente qué beneficios les iba a traer el contrato o qué perjuicios. Nosotros firmamos porque esos mismos de las empresas nos visitaban y nuestra gente, nuestra comunidad son personas muy confiadas, muy llevaderas, son personas sanas”.

Al darse cuenta de que la empresa omitió informar sobre el tiempo de arrendamiento, el régimen agrario de la tierra y los impactos negativos que traería la construcción de un parque eólico, las y los comuneros organizados decidieron reunirse con representantes de DEMEX para pedir la anulación de sus contratos pero la empresa se negó; luego decidieron acudir al gobierno de Oaxaca, lo que implicó dinero para trasladarse en camiones hasta la capital estatal, a 6 horas de distancia de Unión Hidalgo.

“Muchas mujeres me dicen ‘yo quisiera seguir en esto pero no puedo’, mujeres que tienen hijos, y ahí es donde se aprovecha el gobierno y las empresas trasnacionales, viendo la necesidad de las compañeras”, agregó Guadalupe.

De acuerdo con el relato de la comunera, el gobernador de Oaxaca se negó a recibir a la comunidad y ningún funcionario dio respuesta a sus peticiones. “Regresamos peor todavía porque ya nos habíamos dado cuenta que las empresas y el gobierno eran uno solo”, observó.

DEMEX continuó la construcción del parque eólico afectando incluso el territorio de algunas mujeres que se oponían al proyecto, dijo Guadalupe; mientras, las y los comuneros continuaron participando en asambleas, en manifestaciones y en la visita a otras comunidades para informar y buscar apoyo.

“Sí nos sentíamos muy débiles pero ahí se vio la fuerza de la mujer porque estuvieron con nosotras en el momento preciso, en los caminos, en los terrenos y -otra cosa- teníamos invitados, teníamos que buscar la forma de darle de comer a toda la gente que nos ayudó y ahí sentíamos la fuerza y el apoyo”, señaló Guadalupe.

Esta mujer, madre ya de hijos adultos, también recordó: “nunca me imaginé que yo fuera a manifestarme en un camino. La mujer es muy importante en estos casos porque cuando hay una manifestación estamos acostumbrados a ver a los hombres, pero cuando una mujer entra hay más seriedad, hay más fuerza, hay más gente.

“Las mujeres (de Unión Hidalgo) están despertando, están diciendo ‘eso me pertenece, no puedo dejarlo ir’. Te pones a pensar que tú también colaboraste con la familia para la adquisición del terreno porque nada es regalado, eso es lo que te hace despertar y decirle a la gente que no es cierto que somos el sexo débil”, observó.

Guadalupe agregó: “la visión de una mujer no es igual que la de un hombre, la mujer se aboca más a ver que la familia y la comunidad esté bien, más que el hombre”.

En junio de 2013, las y los comuneros de Unión Hidalgo, acompañados de ProDESC, interpusieron una demanda agraria en contra de DEMEX ante el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Veintidós, en la que solicitaron que se declarare la nulidad de los contratos que celebraron con la empresa.

De acuerdo con ProDESC, la empresa violó el derecho a la libre determinación de la comunidad indígena; a la tierra, territorio y bienes naturales; a la consulta y al consentimiento previo, libre, informado, culturalmente adecuado y de buena fe; a un medio ambiente sano; a la no discriminación y a la igualdad de protección de la ley.

Guadalupe está convencida de que la comunidad tiene la razón en este juicio. “No puede firmar un contrato donde el régimen de la tierra es comunal como si la tierra fuera de propiedad privada, eso es imposible. Eso nadie lo cree. Esa es la razón más fuerte que tenemos para decir que los contratos están mal hechos”, explicó.

Sin embargo, dijo Guadalupe, para la comunidad no fue necesario conocer sobre leyes para saber que la empresa estaba abusando: “vemos esas máquinas que están perjudicando la naturaleza, los árboles que tienen años de estar ahí que nos sirven para el ganado, para muchísimos cosas. Sube el pasaje. La verdura que llega los jueves es más cara y cuando les preguntamos por qué, nos dicen que porque la gasolina ya subió”.

“Ahorita yo estoy esperando que el resultado del Tribunal Agrario nos favorezca y no es que nos hagan un favor sino que tenemos toda la razón y si algo sale mal es porque las empresas te lo dicen y lo gritan ‘nosotros ya le dimos dinero al gobierno, por lo tanto ya estamos respaldados por ellos’”.

De acuerdo con ProDESC, la empresa violó el derecho a la libre determinación de la comunidad indígena; a la tierra, territorio y bienes naturales; a la consulta y al consentimiento previo, libre, informado, culturalmente adecuado y de buena fe | Foto: Greta Rico

DOS PROYECTOS DE NACIÓN ENFRENTADOS

Norma Iris Cacho Niño, coordinadora del área de Procesos Organizativos de ProDESC, explicó en entrevista que en las regiones donde hay parques eólicos hay una deuda histórica con las mujeres, ya que desde la fundación de los ejidos en México los procesos de asignación de tierras eran muy masculinos y se creía que los hombres eran los únicos proveedores de un núcleo familiar.

La también educadora popular feminista relató que las mujeres históricamente se quedaban en los solares y no en las parcelas para sembrar, lo que implica que ellas preservaran el pedazo de tierra privado (de la familia) donde se siembra, se cosecha y se cuidan los animales de traspatio.

Actualmente, las empresas trasnacionales, dijo, buscan comprar o rentar la tierra y cuando eso ocurre las negociaciones son entre los varones que son dueños de las empresas y de la tierra; mientras, las mujeres, como grupo social, quedan relegadas de esa negociación porque ellas no tienen certificados agrarios.

Sin embargo, detalló Cacho, la tenencia de la tierra para las mujeres es elemental para que ejerzan ciudadanía comunitaria y étnica, que es el poder de decidir, votar y opinar sobre lo que tienen que ver con el territorio.

La también etnóloga por la Escuela Nacional de Antropología e Historia,  explicó que las mujeres ven el territorio como un espacio material, simbólico, mucho más que un espacio de tierra. “Lo ven como un territorio de reproducción comunitaria y de la vida”, detalló.

Entonces, lo que está en conflicto en comunidades como Unión Hidalgo “son dos proyectos de nación enfrentados: por un lado, el neoliberal, capitalista y patriarcal y, por otro lado, el proyecto de desarrollo de nación de los pueblos indígenas campesinos que quieren construir otras formas de regulación comunitaria, con una reproducción cultural. Las mujeres, en este caso, no están defendiendo la propiedad del territorio privado sino la tenencia de la tierra de uso social”, señaló.

La también responsable de la Coordinadora Nacional de Defensoras de Derechos Humanos Laborales, dijo que en todas las batallas y las resistencias, como la de Unión Hidalgo, las mujeres “colocan el cuerpo” de forma distinta a la que hacen los hombres, ya que son potencialmente vulnerables a sufrir una agresión de tipo sexual o deslegitimadora de su acción política, cosa que no sucede con los hombres.

“Eso genera una situación de miedo y limita la ciudadanía comunitaria de las mujeres”, explicó Cacho, quien ha acompañado diversos procesos de organización comunitaria y política con mujeres indígenas, afrodescendientes, trabajadoras del hogar y pueblos indígenas en los estados de Chiapas y Oaxaca.

Para Cacho, favorecer la participación de las mujeres en estos espacios potencia otras formas de ejercer el poder que no sea masculinizada y patriarcal porque las mujeres tienen formas distintas de regular la conflictividad.

Agregó: “el hecho de que el Tribunal Agrario dicte una sentencia favorable para la comunidad hará que el proceso de defensa en el que participan las mujeres de Unión Hidalgo pueda permanecer y sistematizarse; es decir, que otras mujeres pueden aprender sobre ¿qué significa enfrentarse a una trasnacional? ¿qué significa pelearle la tierra? no sólo por el sentido productivo sino por el sentido cultural que implica para toda la comunidad, concluyó.

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