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Por negligencia e indiferencia gubernamental se agrava situación de las Chimalapas

Publicado por Naked snake el Lunes, 17 octubre 2016
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Comunicado

Oaxaca.-En los últimas tres semanas han ocurrido, casi de forma simultánea, graves hechos en el ancestral territorio comunal de Los Chimalapas, que han tensado al máximo la paz social en la región y que ponen nuevamente en evidencia la negligencia, pasividad, incapacidad e incluso, posible mala fe, de los gobiernos federal y de los estados de Oaxaca y de Chiapas.

-El primer hecho ocurre el 29 de septiembre pasado, en la denominada Zona Oriente (porción de territorio invadida por los deversos gobiernos del estado de Chiapas desde hace 60 años) cuando, un rondín de vigilancia comunal retuvo en flagrancia a un talamontes que resultó ser el presidente del comisariado ejidal del núcleo agrario de origen chiapaneco, Rodulfo Figueroa, que es a la vez supuesta cabecera del ilegal e ilegítimo municipio chiapaneco Belisario mar-san-miguel-chimalapas-municipioDomínguez, tal como fue narrado en palabras de los propios comuneros y comuneras de las Congregaciones de San Antonio y Benito Juárez, San Miguel Chimalapa, Oaxaca:

“ La asamblea de las comunidades de Benito Juárez y San Antonio, pertenecientes al municipio indígena de San Miguel Chimalapa, estado de Oaxaca; por acuerdo de  fecha 29 de septiembre de 2016, acordamos realizar un recorrido de vigilancia en nuestros bienes comunales, en el paraje conocido como “El Quebrachal”, ubicado hacia la parte sureste de nuestros bienes comunales; comenzando el recorrido aproximadamente a las 14:30 horas (dos de la tarde con treinta minutos), cuando comuneros de las dos comunidades encontraron a una persona del sexo masculino, quien dijo llamarse Ángel López Sánchez manifestando ser el Comisariado Ejidal de Rodulfo Figueroa, Chiapas, quien se encontraba en el lugar de los hechos con una motosierra marca Husqvarna365 con evidencias de aserrín y quien manifestó que trabaja en el paraje denominado El Quebrachal, perteneciente a los bienes comunales de San Miguel Chimalapa, Oaxaca; encontrándose también madera aserrada recientemente y costeras, además evidencias de tala  continuas en el lugar.

Oaxaca.-A pesar de que nuestras comunidades chimas vienen presentando las denuncias desde el 22 de febrero de 2005, ante la Delegación Estatal de la PROFEPA, “por derribo de arbolado en el paraje denominado “EL QUEBRACHAL”, antes conocido como “LA CARRACA”, instaurándose procedimiento administrativo bajo el exp. No. PFPA/OAX/57/0101-05/FORESTAL, y realizándose la inspección correspondiente por la que se levantó el acta no. PFPA-020-SIV-F-0242/2005, no ha habido respeto a nuestros bienes comunales, ni a nuestros bosques, ya que ejidatarios de Rodulfo Figueroa, Chiapas, han continuado talando la madera, así como los que se dicen presuntos propietarios.

Este conflicto se ha agudizado por las acciones impunes y malintencionadas de parte del gobierno federal, ya que a través de la SEMARNAT, han otorgado permisos de aprovechamientos forestales maderables en nuestros bienes comunales, a quienes se dicen presuntos propietarios y dentro de nuestra zona destinada a la Conservación Comunitaria, conocida como “Cordón – El Reten”, cuya superficie comprende 15,328.54 hectáreas destinadas de manera voluntaria a la conservación comunitaria, tal como se establece en nuestro Estatuto Comunal…” (Comunicado Público: ¡Congregaciones de San Antonio y Benito Juárez, zona oriente de la Selva de los Chimalapas, exigimos cese inmediato de tala y de  invasiones de nuestro territorio comunal y de nuestros bienes naturales! zona oriente, san miguel chimalapa, oaxaca; a 29 de septiembre de 2016).

Luego de esta retención, los gobiernos federal y de Oaxaca, en vez de atender el reclamo central de la base comunal de las citadas congregaciones, consistente en:

 1.       La instalación inmediata de una mesa agraria-ambiental, con participación del gobierno de Oaxaca, el Gobierno Federal  (a través de la Secretaría de Gobernación); oficinas centrales México de la PROFEPA, SEMARNAT y la PGR, para que se dé fin a la tala indiscriminada de madera que los invasores están haciendo de nuestros bosques de nuestra área de conservación comunitaria denominada “Cordón – el Reten”.

 

2.       La cancelación inmediata y definitiva, de todos los permisos de explotación maderable otorgados en nuestros bienes comunales, a ejidos chiapanecos y presuntos propietarios. Y

 

3.       Respeto irrestricto al territorio comunal y a la suspensión de plano, otorgada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el juicio de controversia constitucional 121/2012.

(Solicitudes públicas, contenidas en el mismo Comunicado comunal)

En vez de ello, la única respuesta del gobierno oaxaqueño, fue la de enviar, dos días después, un helicóptero oficial, llevando a bordo, a los pilotos Emilio Olmos Gómez y José Álvaro Mora Morales; al fiscal del estado adscrito a la Vicefiscalia Regional, Juan Carlos García Salud; al comandante de la Agencia de Investigaciones Sector Oriente, Esau Trujillo Gómez, al legalmente cuestionado presidente del comisariado de Bienes Comunales de San Miguel Chimalapa, José Medel Jiménez Cruz y a su Consejo de Vigilancia, Rosalino Sánchez Martínez, todos los cuales llegaron ante la asamblea de comuneros de ambas congregaciones, con la única consigna de presionar para que se les entregara al talamontes retenido.

Frente a ello, la base comunal de ambas congregaciones decidió retener a las cinco personas citadas y al helicóptero, “…como medida de presión para que el gobierno federal y del estado de Oaxaca, den atención inmediata y urgente, instalando una mesa de diálogo con funcionarios de alto nivel, para la toma de decisiones y solución definitiva ante la problemática ambiental generada por la tala ilegal que han venido haciendo, bajo protección y amparo del Gobierno de Chiapas, quien no acata la orden jurisdiccional otorgada el 20de diciembre de 2012, por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la controversia constitucional número 121/2012…” (Comunicado Público comunal del 01 de octubre de 2016)

Ante el clima de tensión prevaleciente y viendo la falta de respuesta del gobierno del estado, los comuneros de ambas congregaciones, solicitaron, mediante oficio de fecha 03 de octubre, una audiencia directa y urgente con el Lic. Roberto Campa Cifrián, Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, con el fin de revisar con la SEGOB, los puntos solicitados.

Es hasta el 05 de este mes de octubre, que el gobierno del estado de Oaxaca envía una comisión gubernamental, integrada por Víctor Hugo Alejo, (Consejero Jurídico), Juan Arturo López Rramos (Coordinador Técnico de la Secretaria General de Gobierno –SEGEGO) y Rodrigo Velázquez (subrio de la misma SEGEGO), cuya intervención todavía se retrasa aún más, al negarse los funcionarios a subir a la zona oriente, si no les era enviado a l ciudad de Juchitán el helicóptero retenido.

Finalmente, la comisión gubernamental acepta subir, acompañada del subdelegado de PROFEPA en Oaxaca, Héctor Miranda, así como tres inspectores, llegándose a los acuerdos de que se actuará penalmente y de inmediato contra los talamontes, así como de que se realizarán nuevamente las gestiones necesarias ante el gobierno federal para restablecer los procesos de diálogo y conciliación, de campesino a campesino -iniciativa comunal desarrollada directamente en 1991 y 1992 y luego, suspendida por el propio gobierno desde hace más de 12 años-  entre las comunidades chimas y los núcleos agrarios chiapanecos, para buscar su incorporación voluntaria como comuneros. Con estos acuerdos, el 07 de octubre, los comuneros chimas liberan a los funcionarios y al helicóptero retenido, quedando pendientes del cumplimiento estricto de dichos acuerdos.

-El segundo hecho, igual de grave que el anterior, se presenta casi simultáneamente al que estaba ocurriendo en la zona oriente, pero esta vez, en relación a la zona de San Fco la Paz-La Gringa (noreste del territorio comunal de Santa María Chimalapa) y de la propia cabecera comunal de Santa María , cuando, el 05 de octubre, el juzgado de garantías de Matías Romero, Oaxaca, libera bajo una ridícula caución de $40 mil pesos, al pistolero y reinvasor, David Vega Guerrero, mismo que había sido agarrado en flagrancia por los comuneros de San Francisco la Paz, el 24 de diciembre del año pasado, y quien además, estaba señalado y denunciado penalmente y ante la CNDH, como persistente violador de los derechos humanos de los comuneros y comuneras, desde principios de los años 80s, hasta 1994, fungiendo él y su hermano, como pistoleros y sicarios al servicio de los narco-ganaderos chiapanecos invasores del predio San Isidro La Gringa, encabezados entonces por Patrocinio González Garrido, exgobernador de Chiapas y exsecretario de Gobernación.

Durante ese periodo de casi15 años, el pistolero Davis Vega fue denunciado por los comneros y por este Comité, por delitos graves como quema de casas, violación de mujeres, lesiones e intentos de homicidio, secuestro y desaparición del comunero Pablo Escobedo Méndez, e inclusive, en 1990 fue detenido por la policía oaxaqueña, por posesión de semillas de mariguana y armas de alto poder,. De todos estos delitos, David Vega no sólo quedó impune, sino que incluso fue indemnizado por el gobierno federal y el de Chiapas, en el desalojo “pactado de ganaderos invasores, realizado al momento de la devolución a los Bienes Comunales de Santa María Chimalapa, de las 40,945 has de selva de o que fuera la ilegal Colonia agrícola y Ganadera San Isidro la Gringa, ocurrida en septiembre de 1994.

No contento con su impunidad y su cuantiosa indemnización, este pistolero David Vega regresa en 2014 a la región, ahora desde el poblado 10 (La Chinantla) Uxpanapa, Veracruz, pretendiendo organizar una nueva invasión de terrenos comunales chimas, hasta que –como señalamos antes- fue capturado en flagrancia el día de la navidad del año pasado, retenido en la comunidad de san Fco la Paz,  y entregado finalmente a la supuesta justicia del estado, el 17 de enero de este 2016, con la promesa de los gobiernos federal y de Oaxaca, de que “sería juzgado con todo el rigor de la ley”.

Cuando el día 7 de octubre –mismo día en que en el otro extremo del territorio comunal chima se estaba dando la negociación por la retención del talamontes y de funcionarios- la asamblea general de comuneros de la cabecera de Santa María Chimalapa es informada por sus autoridades comunales de la liberación del pistolero y ante este grave y agraviante hecho, de inmediato toman la decisión en ese momento de trasladarse masivamente a la ciudad de Matías Romero, donde más de 300 comuneros, justamente indignados, queman el juzgado de garantías y las oficinas del ministerio público, sin causar ni un solo lesionado.

A este agravante hecho, que significa una burla total y una flagrante violación  a los derechos indígenas del pueblo zoque chimalapa, de parte de la justicia del estado y del supuesto “Estado de Derecho”, se suma además el incumplimiento de la promesa hecha por la Secretaría de Gobernación Federal (SEGOB) y el gobierno del estado de Oaxaca, en el sentido de que, antes de terminar el mes de junio pasado, se efectuaría el siguiente operativo de desalojo de invasores, en el paraje La Reforma, efectuando éste entrando por el núcleo agrario chiapaneco, Cal y Mayor.

Frente a este otro incumplimiento de una promesa gubernamental, la asamblea general de comuneros de San Francisco la Paz, Chimalapa, en su comunicado titulado “La asamblea general de comuneros y comuneras, así como el pueblo en general, ciudadanos y ciudadanas de la congregación comunal San Francisco La Paz, municipio de Santa María Chimalapa, Oaxaca, nos solidarizamos y manifestamos nuestro total apoyo a la justa movilización que actualmente llevan a cabo nuestros hermanos y hermanas de las congregaciones de San Antonio y Benito Juárez, en defensa del ancestral territorio comunal y de la madre naturaleza de nuestra selva de los Chimalapas”, emitido el  pasado 04 de octubre, señala contundentemente:

“…Finalmente, señalamos públicamente que nosotras y nosotros, como Congregación comunal y pueblo en general de San Francisco la Paz, vamos a esperar pacientemente unos días más para que el gobierno federal y el gobierno de Oaxaca, cumplan su aplazada promesa de operar el siguiente desalojo en el paraje La Reforma, y si no se cumple otra vez, tendremos que analizar y discutir qué podemos hacer como pueblo, solicitando el apoyo y solidaridad de la base comunal de todas las congregaciones chimalapas, así como de la sociedad civil.”

-El tercer hecho que se presenta en la territorio comunal chimalapa en estos últimos días, se refiere al clima de abierta violencia desatada en la zona centro del municipio de San Miguel Chimalapa, (cabecera y sus alrededores) donde se ha incrementado gravemente la violencia presentándose varios enfrentamientos armados, emboscadas y ejecuciones, creando entre la población un clima de inseguridad y miedo, esto en el contexto de unas muy disputadas y próximas elecciones para presidente municipal, a realizarse el próximo 23 de octubre y donde la compañera Ceyla Cruz Gutiérrez, comunera y abogada, ha sido propuesta como candidata a dicho cargo, por la base comunal, organizada a través del “Comité Comunitario de San Miguel Chimalapa”, y quien valientemente y como mujer, se está enfrentando a violentos intereses caciquiles vinculados al PRI y a la administración de Gabino Cué, interese abiertamente comprometidos en entregar el territorio comunal a invasores y depredadores, y a la explotación de yacimientos mineros por parte de empresas canadienses.

Este conjunto de gravísimos hechos, casi simultáneos, que han tensado al extremo la paz social de la región de Los Chimalapas, ocurridos de forma aparentemente súbita, en cuatro diferentes zonas del extenso territorio comunal chima, y en un periodo tan corto de tiempo, sólo muestran la incapacidad y negligencia (y acaso el dolo) con el que ha actuado el gobierno del estado de Oaxaca, encabezado por Gabino Cué, pero también, la omisión cómplice del gobierno federal y -este sí- el abierto dolo con el que ha seguido actuando el gobierno del estado de Chiapas, protegiendo intereses depredadores y desacatando impunemente mandatos del más alto tribunal del país.

Frente a todo lo anterior, como CNDyCCh externamos públicamente una vez más nuestra extrema  preocupación por el cada vez mayor riesgo de estallidos de violencia social en Los Chimalapas, producto de la negligencia, incapacidad, pasividad y falta de respuestas justas y  oportunas, de parte del gobierno de Oaxaca y de varias instancias del gobierno federal, y

EXIGIMOS:

1.       De una vez por todas, se ratifiquen, se cumplan y se hagan cumplir todos los compromisos establecidos en el “Acuerdo de Distensión Integral para garantizar la paz y tranquilidad en la región limítrofe entre los estados de Oaxaca y Chiapas”, firmado en las oficinas se la Secretaría de Gobernación en la Ciudad de México el día 22 de diciembre de 2011;

2.       Se restablezca la Mesa Agraria Ambiental en la Secretaría de Gobernación, sumándole a ésta la vigilancia y seguimiento a respeto de los Derechos Humanos individuales y colectivos, vinculados directamente a estos temas  agrario y ambiental, y que esta Mesa, con participación directa de autoridades comunales y comisiones de las comunidades de la zona oriente, invadidas y en riesgo de confrontación,  analice las delicada situación actual y tome las medidas inmediatas conducentes, para atender las justas demandas de los indígenas zoque chimalapas, cancelándose definitivamente todos los permisos de explotación maderera expedidos por Semarna a núcleos agrarios y supuestos propietarios privados de origen chiapaneco y aplicando todo el peso de la ley a talamontes y depredadores denunciados; 

3.        Se realicen a la brevedad, los dos prometidos y pospuestos operativos de desalojo de los grupos reinvasores de los parajes Pescaditos y sobre todo, La Reforma, efectuando este último entrando por el núcleo agrario chiapaneco Cal y Mayor, para así verificar la denunciada apertura de una ilegal brecha desde este poblado al paraje La Reforma;

4.       Se restablezca un nuevo proceso judicial contra el pistolero invasor y homicida, David Vega Guerrero, por todos aquellos impunes y muy graves delitos que cometió durante su actuar como pistolero de San Isidro la Gringa;

5.       Se ejecuten de inmediato las nuevas e órdenes de aprehensión contra otros líderes invasores de territorio comunal chimalapa, anunciadas nuevamente de forma pública,  por el Secretario General de Gobierno de Oaxaca, Carlos Santiago Carrasco, el pasado día 13 del presente;

6.       Que se garantice la realización de pacíficas elecciones municipales, bajo los sistemas normativos internos de ambos muncipios, santa maría y San Migel Chimalapa, pero, en particular de este último municipio, a realizar el próximo 23 de este mes, donde exigimos que el Instituto Nacional Electoral (INE) cumpla y haga cumplir los acuerdos alcanzados y firmados por todos los candidatos-a, de forma que se garantice la democrática, pero legal y libre participación de todos los ciudadanos y ciudadanos de dicho municipio, en la cabecera y en todas y cada una de las agencias municipales, sin presiones, amenazas, compra de votos ni acarreados; y

7.       Que el gobierno federal y el gobierno de Oaxaca, respeten la manifiesta decisión de la Asamblea General de comuneros de San Miguel Chimalapa, que reiteradamente ha dicho un rotundo NO A LA MINERA, NO A LA MINA, instando a la empresa La Zalamera, a cesar de inmediato toda actividad de exploración ó prospección en la congregación comunal La Cristalina;

Finalmente como Comité Nacional una vez más le reiteramos al pueblo zoque chimalapa y a la base comunal comprometida con la defensa honesta de su territorio ancestral, nuestro compromiso, apoyo, esfuerzo y conocimiento,  puestos al servicio de la defensa de este invaluable territorio comunal ancestral, poseedor de la mayor y más importante diversidad biológica de México y Mesoamérica, y cuyo –todavía- buen estado de conservación, se debe sin duda, a la tenaz, paciente y pacífica lucha que durante tantos años han venido dando sus comunidades.

A T EN TA M E N T E

 

LUIS BUSTAMANTE VALENCIA                                  MIGUEL ANGEL GARCIA A.

Coordinador Nacional                                             Coordinador Regional 

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