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Ignorancia e ineficiencia en el Programa PROGRESA del DIF Estatal

Miércoles 08 de marzo, 2017.
08:15 pm
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Carolina QUEZADA Oaxaca.-Con una deuda a los más de 20 mil beneficiarios discapacitados del Programa BIENESTAR que hasta hace un año otorgaba el DIF estatal, oficina a la que desde septiembre pasado llegó Gabriela Avendaño, quien desconoce los padecimientos de esa comunidad, como lo ha demostrado en el trato que da a trabajadores discapacitados a su cargo. La deuda es comprensible y legalmente permisible a proveedores y servicios, no obstante, la prioridad es el sector salud, como lo está incluida esta comunidad beneficiada con 500 pesos mensuales por persona que desde enero no han recibido ese apoyo. DIF OaxacaEsta falta de recursos ha dejado sin psicóloga a esa área, pues de las tres que existen dos están comisionadas en otros lugares y una más que prestaba su servicio social no fue contratada por falta de presupuesto, dejando la responsabilidad a los niños que recibían terapia. De formación licenciada, Gabriela Avendaño ha demostrado su ignorancia al maltratar a sus propios empleados con discapacidad, a quienes peyora por oler mal debido a que algunos por sus padecimientos no pueden controlar sus esfínteres por lo que le molesta, además de haberlos relegados de sus funciones. Antes, ocupó ese cargo, un ingeniero quien entendía a sus trabajadores y la importancia de que destacaran en los procesos administrativos y el trato a las personas, pero la nueva titular si bien no actúa de mala fe, su muestra su ignorancia. Esta actitud es violatoria del marco legal federal y estatal para Atender, Prevenir y Eliminar la Discriminación, además están paradas las gestiones para cubrir los cuantiosos adeudos que alcanzarían más de 150 millones de pesos. En la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación se entiende por discriminación toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que, por acción u omisión, con intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional y tenga por objeto o resultado  obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades, cuando se base en uno o más de los siguientes motivos: el origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, económica, de  salud o jurídica, la religión, la apariencia física, las características genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la identidad o filiación política, el estado civil, la situación familiar, las responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes penales o cualquier otro motivo. Dentro del Marco legal en Oaxaca en la materia, se ha promulgado una Cláusula constitucional antidiscriminatoria además de la Ley para Atender, Prevenir y Eliminar la Discriminación en el Estado de Oaxaca en el Artículo 7 se consideran como conductas discriminatorias: VII. Negar, limitar, obstaculizar o condicionar los servicios de salud y la accesibilidad a los establecimientos que los prestan y a los bienes que se requieran para brindarlos, así como para ejercer el derecho a obtener información suficiente relativa a su estado de salud, y a participar en las decisiones sobre su tratamiento médico o terapéutico, de manera libre e informada; Antes, en el Artículo 5. Se establecen:
  1. Medidas administrativas y de reparación: Aquellas de carácter definitivas que se implementan para reparar el daño ocasionado por la violación al derecho a la igualdad y no discriminación. Dentro de estas medidas se incluyen las necesarias para resarcir los daños ocasionados y sus efectos;
XII. Personas, grupos o comunidades en situación de discriminación: Las personas físicas, grupos, pueblos, comunidades, colectivos o análogos que sufran la violación, negación o el menoscabo de alguno o algunos de sus derechos humanos por los motivos prohibidos en el tercer párrafo del artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos de los que el Estado Mexicano sea parte, la presente Ley o cualquiera otra.

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