La fotomulta, un reto de perfeccionamiento administrativo o el regreso de la corrupción

Fortino TORRENTERA O. Oaxaca.-Al iniciar este mes, el juez Octavo de Distrito en materia administrativa en la Ciudad de México declaró la inconstitucionalidad de los artículos 9, 60, 61, 62 y 64 del Reglamento de Tránsito de la capital del país por las llamadas fotomultas. Si bien es un logro hacer valer el derecho de audiencia previa, esta determinación judicial podría significar un retroceso en el desarrollo de la movilidad y seguridad urbana, pero más riesgoso, en la proliferación de actos de corrupción o abuso de autoridad en las calles. Poco antes, la Corte Constitucional estableció que para que las fotomultas puedan cobrarse, dichos comparendos deben notificarse previamente al supuesto infractor y por vía correo electrónico; debiéndose notificar en máximo tres días o serán anuladas. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México (Tricaem) colapsó a finales del 2016 ante los recursos de inconformidad que se interpusieron en contra del programa Límite Seguro, también conocido como fotomultas, que impulsó el Gobierno estatal, por lo que se ingresaron 37 mil 950 juicios, de los cuales por fotomultas se promovieron 23 mil 191 juicios, además de 15 mil 600 asesorías en el rubro de manera presencial y 669 en línea. De acuerdo a un fallo del alto tribunal, las fotomultas en esa entidad que no sean debidamente notificadas no podrán hacerse efectivas, pues se presumirían como nulas. Es por ello que se reunieron integrantes del Movimiento Ciudadano de Cultura Vial (MOVIAL) que por 25 años ha trabajado, analizado y dictaminado sobre este tema en Oaxaca, coincidiendo en que es necesario mejorar el proceso de aplicación de la fotomulta, pues este dispositivo que se emplea en países con menor índice de corrupción, lo han empleado como una medida de seguridad vial que beneficia a todos. La irrestricta visión en los altos tribunales de justicia desestima la intervención de instituciones científicas como el Centro Nacional de Metrología que ofrece servicios de calibración de la más alta calidad metrológica a los distintos sectores económicos como apoyo a sus esfuerzos por alcanzar una mejor calidad en sus productos y servicios. El CENAM estaba certificando la precisión de las cámaras de fotomulta en varias ciudades del país. La tesis legal de esta decisión legal, señalaron técnicos de MOVIAL, radica en el proceso posterior en que se documenta la comisión de la infracción, que por un lado es el derecho de audiencia previa a la aplicación de la multa y por otro, la oportunidad para notificar de inmediato a los domicilios, lo que implica en ambos casos que el proceso administrativo debe afinarse, perfeccionarse y dar cabida a ese derecho previo de audiencia, aunque eso implicará mayor burocracia administrativa y judicial, innecesaria para la carga que de por si se tiene en la función pública. A muchas autoridades estatales y municipales que en vez de buscar salidas técnicas y administrativas que hagan cumplir las disposiciones legales, prefieren desistir de la aplicación de medidas tecnológicas que garantizan la transparencia -reducen los actos de corrupción, de abuso de la autoridad, de aplicación del reglamento de manera discrecional-, además de que aumentan la seguridad así como la justicia vial y con ello estimula la participación social en el orden y la armonía que genera la movilidad urbana. Algunos consideraron que la medida dictada por la Corte Constitucional podría poner en riesgo el empleo de este dispositivo, de no considerar las autoridades la posibilidad de adecuación de esta medida cuyas ventajas ya se han visto en ciudades donde se ha implementado. Finalmente lamentaron que en Oaxaca estemos muy lejos de llegar siquiera a pensar en un reordenamiento vial que habrá la posibilidad de políticas públicas tendientes a hacer eficiente la movilidad urbana en el Estado. Cabría preguntarles a los “juristas”, entonces ¿A quién beneficia más la inhabilitación de la fotomulta, a ciudadanos inconscientes, a los corruptos, a autoridades abusivas, a la delincuencia o a qué porcentaje de la población?