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El único refugio para mujeres en Oaxaca, es entregado a líder de ambulantes

Viernes 12 de mayo, 2017.
11:30 am
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Soledad Jarquin EDGAR/SemMéxico
Oaxaca- La decisión de dar en comodato el refugio a una organización operada por un dirigente perredista, es una decisión política equivocada y no una solución de fondo a un problema, aseguró la regidora de Igualdad de Género y Derechos Humanos de la ciudad de Oaxaca, Bárbara García Chávez.
La concejala lamentó la falta de interés del munícipe capitalino José Antonio Hernández Fraguas frente a la inconformidad que ha generado esa determinación entre las organizaciones no gubernamentales que sí trabajan por los derechos humanos de las mujeres e, incluso, entre organizaciones políticas de mujeres.En entrevista, explicó que durante la sesión de Cabildo planteó que hay descontento de mujeres de diversas organizaciones políticas y no gubernamentales luego de que “extraoficialmente” se diera a conocer que están avanzados los trabajos para entregar en comodato las instalaciones y servicios del refugio municipal a una organización dependiente del ex diputado federal perredista Hugo Jarquín.     Denunció que un grupo de trabajadoras de confianza adscritas al refugio que funcionaba en el municipio conurbado de Santa Cruz Xoxocotlán, y ha dejado de operar, fueron despedidas de facto, sin mediar para ellas ninguna explicación desde abril pasado en que les fue suspendido su salario.   Pero lo más grave, son las denuncias que organizaciones no gubernamentales y titulares de dependencias gubernamentales de procuración de justicia para las mujeres han externado ante la inhabilitación de una instancia en dónde mujeres violentadas y sus hijas e hijos, puedan ser reguardadas ante el peligro que representa la violencia machista, todo esto al menos durante los últimos meses.   Sé que el presidente municipal, sin consultar a la Junta de Gobierno del Instituto Municipal de las Mujeres, tiene avanzados los trámites para entregar en comodato las nuevas instalaciones de Refugio municipal a la organización “Comprometidos con el Bienestar, Empoderamiento para el Desarrollo y Ocho Regiones”.   También señaló que está segura que ni la Secretaría Salud ni la Red Nacional de Refugios avalarían el convenio con esa organización política sin que se cubran las formalidades legales o se actúe con subterfugios en beneficio de un grupo y en contra de los derechos de las mujeres. Esa organización, dijo, es operada por el militante del PRD, Hugo Jarquín, quien desde el trienio pasado negoció con las autoridades el manejo, sin ninguna perspectiva de igualdad ni de defensa de los derechos humanos de las mujeres, tanto el Instituto Municipal de las Mujeres como el Refugio. Hoy, de nueva cuenta el perredista obliga a las autoridades a quedarse con el refugio, luego de que Hugo Jarquín como diputado federal gestionara recursos para la construcción del mismo, como si esa fuera una condición insalvable y no la atención de las mujeres en condiciones de vulnerabilidad como resultado de la violencia de género.       Por ello, dijo que, en el fondo quienes están en riesgo son las mujeres y las instancias logradas por las mujeres de las que Hernández Fraguas y Hugo Jarquín disponen y hacen negociaciones políticas con los resultados y productos de las luchas de las mujeres organizadas.   A diferencia de lo que opina el presidente municipal, García Chávez dijo que son muchas las usuarias del refugio que residen en la demarcación de Oaxaca de Juárez, además de otros municipios del Estado y de otras zonas del país.   “Y aunque fueran pocas mujeres o ninguna mujer residente de Oaxaca de Juárez, eso no excluye al gobierno municipal de sus obligaciones en la salvaguarda de una vida libre de violencia de género contra las mujeres”. Tampoco es válido considerar que requiere gastos la operación del refugio, pues la gran mayoría proviene de los recursos federales otorgados a través de la Secretaría de Salud. Tajante, la regidora de Igualdad de Género y Derechos Humanos reiteró que es claro que en el caso del Refugio, lo que operó fue una decisión política sesgada y obscura, que atenta contra los derechos humanos de las mujeres, su integridad y su vida.   Durante la sesión de Cabildo, las regidoras del PAN y de MORENA, Leslie Jiménez Valencia y María de la Luz Ramírez Hernández, señalaron por separado que sería grave que el gobierno de Hernández Fraguas tomaran la determinación de dar en comodato las instalaciones del Refugio a una organización vinculada con Hugo Jarquín, como una forma de “pagar un favor político por estabilidad social”, dijo la regidora del PAN, en tanto que la regidora de MORENA lamentó el hecho y recordó que Oaxaca era uno de los pocos municipios que operaban un refugio para víctimas de violencia machista en el país, por lo que reiteró que la decisión “no debería sujetarse a intereses de un actor político”.   Reglamentos anacrónicos   Por otra parte, la regidora de Igualdad de Género y Derechos Humanos solicitó la reforma, incluso la derogación de los reglamentos de Salud como de Control del Ejercicio de la Prostitución municipales por ser anacrónicos y desfasados de la realidad jurídica actual.   [caption id="attachment_370497" align="alignleft" width="420"] En evidente acoso hacia una mujer, Hugo Jarquín líder de ambulantes y perrodista será "administrador" de mujeres que huyen de la violencia.[/caption] Recordó que la trata de personas es un delito que implica una serie de acciones delictivas, una cadena que empieza a menudo con la permisión legal –como sucede en Oaxaca de Juárez- donde los bares y cantinas tienen en su oferta la “opción” de servicios sexuales ejercido por mujeres en su mayoría, eso sí muy limpias y certificadas por la propia institución municipal de salud, quien les otorga el permiso para ejercer, en forma de carnet, dice el reglamento de Salud que es un control sanitario, solo para asegurar al usuario que es el cliente que paga por hacer uso del cuerpo de él o la trabajadora sexual.   Dijo que en Oaxaca de Juárez operan 350 prostitutas registradas, 30 de ellas transgénero, “reguladas” sanitariamente por la autoridad, que operan en la calle, casas de cita y al menos 30 bares, restaurantes bar y cantinas de la capital oaxaqueña, en las cuales la autoridad se asegura “de proteger el buen servicio al cliente y el buen estado del cuerpo -objeto del deseo- y de paso la ganancia extra a los dueños de los bares y, en el peor de los casos, a quienes están detrás de la explotación de estas mujeres.   Dijo que el propio reglamento autoriza que se efectúen operativos que permitan a la policía, inspectores y personal de salud municipales amedrentar, detener, multar y arrestar como sucedió el fin de semana pasado a 30 mujeres y un infante que se encontraba con su madre y, agregó que en cambio no se detuvo a ningún dueño de estos sitios ni a los usuarios o clientes.   García Chávez afirmó que ninguno de los reglamentos antes señalados está sujeto a la nueva normatividad de la ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, por lo que urgió a actuar como “un gobierno moderno sin tapujos ni doble moral, habrá que revisar y derogar de ser necesario leyes anacrónicas obsoletas que dan pie a la tentación de violentar derechos fundamentales que son el principio de un Estado de Derecho”.

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