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El Patíbulo/Sindicatos mafiosos de la UABJO, Congreso, negocio del Oficial Mayor, AMH contra la pobreza

Publicado por shinji_nerv el domingo, 2 julio 2017
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Alberto UNDA

Oaxaca.- En la situación de agobio académico y financiero, que desde hace décadas vive la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, podría aplicarse la trillada frase de Andrés Manuel López Obrador: “son las mafias del poder”.

 

Resulta que los muy la delicuencia vestida de sindicatos también se han apoderado de la UABJO sumiendo a la institución en un hoyo financiero más negro que la noche tan solo con  el llamado “bono de no huelga”, una “prestación” que  le cuesta a la sociedad y a la  a la universidad, 18 millones de pesos.

 

Pese a los paros y huelgas, que cotidianamente realizan los sindicalistas, además de los beneficios laborales logrados durante las negociaciones con la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO), los sindicatos representados en la máxima casa de estudios fueron premiados por el gobierno del estado con 18 millones de pesos para el pago de bonos de “no actuación”.

 

Este “concepto” se estableció en 2004, con el entonces gobernador José Murat Casab, cuando el bono de no huelga, era entregado únicamente al Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Oaxaca (STAUO), por poseer la titularidad del contrato colectivo de trabajo, en ese año, el beneficio se hizo extensivo a los seis sindicatos con representación en la máxima casa de estudios.

 

Un talón de pago de un trabajador adherido al Sindicato Universitario de Maestros (SUMA), confirma que la cantidad otorgada a cada uno de los afiliados fue de 5 mil pesos por el concepto 025, que conforme a las claves de percepciones corresponde a “apoyo extraordinario del gobierno del estado”.

 

En este año, el gobierno de Oaxaca estará repartiendo 5 millones de pesos para el SUMA, 5 millones de pesos al STAUO, 5 millones de pesos al Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (STEUABJO), y 3 millones más repartidos entre el Sindicato de Empleados de Confianza de la UABJO (Secuabjo), el Sindicato de Trabajadores Independientes de la UABJO (Situabjo) y el Sindicato Universitario de Académicos (SUA).

 

Ante estos millonarios privilegios, nada más  falta que los estudiantes hagan sus sindicatos, que serían innumerables visi se toma en cuenta el número de facultades e institutos que tiene la lacerada Máxima Casa de Estudios.

 

Prácticamente durante todo el año, la administración universitaria, debe dedicar todo el año a “negociar” con los sindicatos que cuando se les antoja -igual que la Sección 22-  paralizan actividades dejando sin clases a unos 30 mil estudiantes.

 

La primera negociación del 2017, fue con el STEUABJO, facción que logró un incremento salarial del 3.08 por ciento, 24 basificaciones, 7 nuevas cargas de trabajo, y pagó a 91 trabajadores de áreas insalubres.

 

De igual manera lograron implementos para el departamento de mantenimiento, pago de puntualidad, entrega de uniformes, pago de apoyo a material didáctico, y condonaciones de inscripciones a los hijos de trabajadores jubilados.

 

En la negociación con el STAUO, el sindicato logró un incremento salarial del 3.8 por ciento, así como la entrega de cuotas sindicales y revisión de plantilla docente.

 

Mientas que en la negociación con el Secuabjo, la Universidad tuvo que otorgar un aumento de 3.08 por ciento al salario.

 

Otras de las prestaciones concedidas, derivado de los acuerdos con el Gobierno del Estado, fue la continuidad del Programa de Estímulos a la Productividad y Eficiencia en el Trabajo por 3 millones de pesos, aplicables a todas las categorías de los trabajadores del gremio.

 

Además, como remanente de este programa, se otorgaron otros 518 mil 151 pesos, así como tres reconocimientos de antigüedad a sus empleados y empleadas adicionales a los seis otorgados durante 2016, lo que conlleva beneficios de carácter económico.

 

Adicionalmente, otorgó la basificación a diez trabajadores y trabajadoras, derivado de convenios suscritos con anterioridad, y pago de diferencias salariales.

 

El rector de la UABJO Eduardo Bautista, ha informado que anualmente las negociaciones salariales y contractuales de los sindicatos reconocidos por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO) absorben el 50 por ciento del subsidio estatal destinado a la máxima casa de estudios

 

Trabajo social con la UABJO y el maestro Francisco Toledo

Al menos 160 millones de pesos son utilizados para atender los emplazamientos a huelgas y a pesar de ello, en este año se otorgaron otros 18 millones de pesos por bono de no huelga, de parte del gobierno del estado.

Vaya situación que han impuesto los trabajadores y académicos a una institución que, por años, fue emblema y orgullo de las y los oaxaqueños que tuvieron el privilegio de recibir su formación profesional en la UABJO.

 

Ahora miles de estudiantes son afectados por las altas cuotas que deben pagar desde fichas para inscripción, pasando por exámenes extraordinarios, tesis y exámenes profesionales.

 

Desde hace años, el incremento de tarifas -por así decirlo- para los trámites y servicios que deben cubrir los estudiantes, ha sido la única manera por parte de las autoridades universitarias para allegarse fondos extraordinarios y medio paliar su grave crisis financiera.

 

Esto por supuesto ha convertido a la otrora “Universidad Científica y Popular, en un centro de estudios donde no es fácil tener acceso, porque con la pobreza generalizada de sus familias, para muchos es imposible tener acceso a la UABJO, simplemente porque no tienen dinero.

 

Lo dicho nomás le falta a la UABJO que, a sus 30 mil estudiantes, se les ocurra crear sus “sindicatos” para que además de la preparación académica, también tengan acceso a prebendas y privilegios, como los que gozan y disfrutan las mafias del poder que desde hace mucho tiempo, sangran a la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca.

 

 

La vergonzante 63 Legislatura y su oficial Mayot

Mientras el titular del Poder Ejecutivo hacía su parte, los desorbitantemente bien pagados, diputados y diputadas de la LXIII legislatura, otra vez daban la mala nota, incluso al nivel nacional al ser exhibidos entre el grupo de los 18 congresos, con mayor opacidad, y menor productividad.

 

El señalamiento provino de un organismo serio y creíble como es el Instituto Mexicano para la Competitividad A.C (IMCO), que entre sus dirigentes tiene a Juan Pardinas, colaborador del diario Reforma, conferencista y activista social, y quien al lado de otros mexicanos, forma parte del grupo de los ciudadanos “espiados” por Enrique Peña Nieto y su siniestro equipo “Pegaso”.

 

El IMCO, detalló que los integrantes de la LXIII legislatura local, no difunde la información sobre las dietas que perciben mensualmente sus diputados.

 

Según un reporte de la página de internet del Congreso de Oaxaca, el IMCO, detectó que la última actualización realizada o autorizada por los mediocres legisladores, fue apenas del 29 de agosto de 2016.

 

De esa fecha hasta el momento no se ha informado sobre la remuneración mensual que reciben los diputados.

 

Claro, a las y los diputados, no les interesa que la ciudadanía oaxaqueña, conozcan que en promedio cada uno de los “representantes populares” cobran en promedio 270 mil pesos mensuales

 

Quizás les incomodaría, pensar que en la entidad que dicen “representar”, hay más de un millón de oaxaqueñas y oaxaqueños que viven en condiciones de “pobreza extrema”, definición meramente política para no decir o reconocer que son mexicanos que viven en la miseria.

 

Los de la LXIII omiten publicar diversas informaciones, a las que por ley están obligados, y no se trata de una mera ocurrencia de alguien que por capricho quiera saber, por ejemplo, el monto de las dietas de los “representantes populares”, tal como lo estipula la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP) en su Artículo 70, fracción 8.

 

La citada fracción, establece que las dependencias deberán informar y actualizar en sus respectivos medios electrónicos, (página de internet) “la remuneración bruta y neta de todos los Servidores Públicos de base o de confianza, y todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de compensación, señalando la periodicidad de dicha remuneración”.

Según los datos proporcionados por IMCO, en Oaxaca hay 42 diputados de los cuales, el 55% son hombres y el 45% son mujeres.

 

De estos, 25 son de mayoría relativa y 17 son plurinominales, es decir, de representación proporcional por cada partido. Esta cifra equivale a que cada diputado representa en teoría a 96 mil 72 habitantes de Oaxaca.

Por si eso no fuera suficiente, cada uno de los 42 diputados, han transcurrido prácticamente el primer año de ejercicio legislativo, sin presentar y/o aprobar leyes, reglamentos, disposiciones que permitan mejorar la convivencia entre los ciudadanos y contar con herramientas legales y un marco normativo para trabajar, invertir, progresar.

 

 

Para lo que sí son muy eficientes estos pillos es para omitir, por ejemplo, la entrega en tiempo y forma -lo cual constituye una grave omisión- del Programa Operativo Anual (POA).

 

 

Este importante documento tiene que ver nada más y nada menos, con algo muy sencillo como es lo relativo a las Políticas de Gasto a cargo de ese Poder Legislativo, el cual debe contener los Objetivos, Estrategias y Metas del Gasto para el año 2018, en medio magnético e impreso.

 

 

Es importante destacar, que dicha información debería servir como base para efectos de programar la integración del Programa Operativo Anual y el Anteproyecto del Presupuesto de Egresos del Estado, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2018.

El plazo para la entrega de este instrumento operativo se venció el 23 de junio y al recibir una notificación de Gustavo Marchelo Benecchi Loyola, Subsecretario de Egresos, Contabilidad y Tesorería de la Secretaría de

 

Finanzas, desde el presidente de la Junta de Coordinación Política, Irineo Molina Espinoza y el tesorero Eduardo Javier Aldana González, pasando por el oficial mayor Igmar Medina Matus, todos se echaron la bolita y escurrieron el bulto.

Quién sabe si el resto de las y los diputados, están al corriente de la situación que los puede dejar sin millones de pesos para el ejercicio 2018, entonces si pondrán el grito en el cielo.

 

 

Entretanto, Igmar Medina Matus uno de los implicados en esta irresponsable omisión, se dio golpes de pecho y aseguró que ese tema, simplemente no era de su incumbencia.

 

 

El oficial mayor, culpó al presidente de la Jucopo, de ser el responsable de enviar el documento a la Secretaría de Finanzas.

Únicamente admitió, que la fecha para la entrega del POA venció el pasado 23 de junio, y apenas el 27 del pasado mes, fue enviado un oficio a Finanzas por parte de Molina Espinoza, lo cual estuvo totalmente desfasado en los tiempos.

Sin embargo, Medina Matus, no reconoce o admite que el encargado y responsable de armar el presupuesto del Congreso del Estado, es su área, la Oficialía Mayor, por tanto, tiene también, responsabilidad que ahora pretende eludir.

 

 

Y da la casualidad de que la Dirección de Recursos Humanos dependiente de la Oficialía Mayor es la responsable de calcular todo lo relacionado al Impuesto sobre la Renta de los trabajadores, así como las cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social, rubros que también deben ser contemplados en la Política de Gastos, ese trabajo no lo realiza la Tesorería porque no es su facultad, por tanto, el Oficial Mayor no puede lavarse las manos en este tema tan importante.

 

 

Igmar Medina Matus, aprovechando el hecho de que su mamá, María Luis Matus, era diputada, en la LXII legislatura, fue nombrado oficial mayor, cargo que ha desempeñado con altanería e insensibilidad, y que aun cuando era su responsabilidad, dice no haber enterado de la asignación de plazas con base, que realizaron los ahora ex diputados, entre ellos, el mafioso panista, Gerardo García Henestrosa.

 

 

Derivado del influyentismo de que hace gala, el actual oficial mayor, tiene a su cargo varias direcciones entre ellas, las de Recursos Humanos, Transparencia, Apoyo Legislativo, Comisiones Permanentes, además de varias jefaturas de departamentos, cuyos jefes, sin tener las facultades, son los que les envían oficios a los diputados para notificarles acuerdos y determinaciones de la Jucopo.

 

 

Como broche de oro a este sainete legislativo, aparece en la cartelera, la negativa de los integrantes de la LXIII legislatura de pagar dos millones 505 mil 37 pesos, ello derivado de la sentencia del expediente sumario civil 558/2009, en favor del ciudadano Rafael García Zavaleta, que legalmente reclama el pago de esa cantidad por servicios prestados, al ayuntamiento de Salina Cruz.

 

 

La semana pasada, la autoridad judicial competente acordó sancionar a los diputados por no acatar el amparo 426/2016, mediante el cual se les notificaba que debían aprobar un decreto, para que el ayuntamiento de Salina Cruz dispusiera de su presupuesto de este año un recurso para liquidar el pago pendiente.

 

 

Esto fue así porque desde el 10 de marzo, la autoridad municipal había pedido, a la LXIII legislatura, mediante oficio 70/2017, la expedición de un decreto que le autorizara los recursos financieros, requeridos paga cubrir el adeudo citado.

 

 

Fue hasta el pasado 22 de junio, en Sesión Extraordinaria, que los “representantes populares”, aprobaron el dictamen de la Comisión Permanente de Presupuesto y Programación, mediante el cual se expide un decreto especial que autoriza al ayuntamiento de Salina Cruz, para que de sus recursos propios incluya en su Presupuesto de Egresos para el año 2017 dicho pago de laudo.

 

 

Como que las fechas no coinciden, dado que los municipios presentan o deben presentar antes de que concluya un año, sus presupuestos de ingresos y egresos, para que sean autorizados por el legislativo y a su vez el poder ejecutivo, conozca, los montos y a su vez los incluya en el presupuesto anual que requiere para ejercer el año siguiente.

Total que en medio de este desaguisado, ahora está latente la posibilidad de que el Juez Séptimo de Distrito con sede en Salina Cruz, aplique una multa de 200 días de salario mínimo a cada uno de los 42 legisladores.

 

 

Esta sanción administrativa es aplicable por la falta de interés y responsabilidad de los desorbitantemente bien pagados, diputadas y diputados de la LXIII legislatura, que en resumidas cuentas según se ha podido conocer, gracias a los medios de comunicación, es caso de hacérselas efectiva, será como quitarle un pelo a un gato.

 

 

Porque si sufren esa merma, de inmediato se quejaran con el titular del poder ejecutivo, a quien pedirán que les compense lo arrebatado por el poder judicial, como sanción a su desacato y desinterés por cumplir con sus obligaciones.

 

 

Más apoyo para el combate a la pobreza

 

El gobernador Alejandro Murat se compromete a erradicar la pobreza en  las zonas del estado con mayor marginación y con un programa que tendrá 881.3 millones de pesos en un esfuerzo conjunto con instancias del gobierno federal, esperemos que  el presidente Enrique Peña Nieto no lo deje colgado de la broncha antes de terminar su fatídico sexenio.

 

Además el gobernador  ha concretado acciones de beneficio para las y los oaxaqueños,  entre ellas el inicio de vuelos Oaxaca-Guadalajara-Los Ángeles, una inversión de mil 200 mdp para ejecutar la obra pública  así como la gestión para instalar en el Istmo de Tehuantepec, otras 1,400 turbinas eólicas, con una inversión de alrededor de 5 mil millones de dólares para la región; estos nuevos generadores producirán 3 mil mega watts.

 

 

Y la celebración en la capital del estado de la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión Nacional de Desarrollo Social, organismo que tiene entre sus principales metas: atender a más de 56 millones de connacionales   que viven en la pobreza, de los cuales 2.6 millones, son oaxaqueños, de ellos, un millón se encuentran en pobreza moderada y un millón 130 mil en pobreza extrema.

Al iniciar el octavo mes de su gestión administrativa, el gobernador Murat Hinojosa, continúa sumando logros que permiten vislumbrar para la población que se camina en serio para hacer posibles avances que cambien el sentido de la postración y retraso que seguimos viviendo en pleno Siglo XXI.

 

Por increíble que pudiera parecer, en nuestra entidad, todavía hay paisanos que viven en condiciones de pobreza extrema a quienes, por mucho empeño gubernamental, tanto a nivel local como federal, siguen sin llegarle los medios para salir del decaimiento en que sobreviven.

 

El reconocimiento de esta situación de condiciones de miseria es oficial, se admitió durante Segunda Sesión del Consejo Nacional de Desarrollo Social, a la que asistió el responsable de la “política social” y compadre de Peña Nieto, el titular de la Sedesol Luis Enrique Miranda Nava.

 

Este personaje es el mismo que le da por regañar a mujeres y hombres, a quienes advierte que ya va siendo tiempo que dejen de pedir, “ahora tenemos que enseñarles a ganarse las cosas, porque no podemos seguir todo el tiempo, resolviendo los problemas”.

 

Miranda Nava es el mismo que durante casi tres años, ocupó una de las más importantes subsecretarias en la Secretaria de Gobernación y a quien durante meses, le correspondió “atender” las demandas de la mafiosa Sección 22 y a la que el mexiquense quien ya se veía como candidato al gobierno del estado de México, colmaba de un sinfín de prebendas y “arreglos en lo oscurito”, que únicamente provocaban mayor empoderamiento de los “trabajadores de la educación”.

 

Miranda Nava es el mismo que estuvo durante casi medio año más preocupado por atender diligentemente las ordenes de su compadre, Peña Nieto, para hacer ganar al costo que fuera al PRImazo, la gubernatura mexiquense.

 

Y todavía este personaje tuvo el cinismo de declarar al término de la citada reunión, que “los programas sociales del gobierno de la
República, no son electoreros, y no tienen relación alguna con el 2018”.

 

“Si chucha cómo no, a otro perro con ese hueso”, dijera un clásico del periodismo oaxaqueño y “ni modo” ha de haber pensado Murat Hinojosa, pero como el que trae los “monederos rosas” con la lana es Miranda Nava, el gobernador anunció que en coordinación con la Sedesol de atienen prioritariamente a 272 mil 480 oaxaqueños.

 

El gobierno de Alejandro Murat está trabajando de paso en sectores a quienes se les había hecho de lado, para favorecer solamente a los “amigos constructores”, sin importar que viniera de otros lados.

 

Por ello, esta semana se dio a conocer la asignación de mil 200 millones de pesos en infraestructura para atender caminos y carreteras de Oaxaca y lo relevante es que, para ejecutar los trabajos, estos serán asignados a constructores y contratistas locales.

 

 

En paralelo en esta semana de buenos augurios, para el estado,  por gestiones del gobernador Murat Hinojosa, el presidente de la Asociación Mexicana de Energía Eólica, Leopoldo Rodríguez anunció la instalación de nuevos parques eólicos para producir 3 mil mega watts en la región del Istmo de Tehuantepec.

Para ello será necesario la futura instalación de unas mil 400 turbinas, lo cual implica una inversión cercana entre los 4 mil y 5 mil millones de dólares, los cuales se irán aplicando en un plazo de 4 años aproximadamente.

 

 

Y para culminar estos siete días, el gobernador del estado, acompañado de directivos de una línea área, inauguró los vuelos:  Guadalajara-Los Ángeles California-Oaxaca y de retorno, partiendo de la capital del estado,

 

 

Se tiene contemplado que estos dos nuevos vuelos permitirán avanzar en un desarrollo comercial y turístico de Oaxaca con la zona del bajío del país y acercará a los connacionales radicados en los Estados Unidos.

Según la empresa Volaris, que hará los vuelos, estos serán a precios accesibles y se realizarán dos veces por semana, miércoles y sábado.

 

 

 

albertounda16@gmail.com

@albertounda16

 

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