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Inicia Acéfalo el Sistema Nacional Anticorrupción

Publicado por shinji_nerv el miércoles, 19 julio 2017
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Oaxaca.- A partir de este 19 de julio entra en vigencia el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), que integra un conjunto de leyes e instituciones, con la participación de organismos y ciudadanos para enfrentar de una manera amplia la corrupción que azota al país.

El Sistema Nacional Anticorrupción arranca sin el nombramiento de un fiscal general, ni de los 18 magistrados de las salas especializadas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, además de que los congresos de tres estados incumplieron con la fecha límite para aprobar sus leyes para la creación de sus sistemas estatales Anticorrupción: Chihuahua, Tlaxcala y Veracruz.

Solamente cuatro estados de la República habían conformado sus sistemas estatales anticorrupción completos: Querétaro, Morelos, Estado de México y Sonora. La mayoría de las entidades (25) incumplieron con el nombramiento de sus fiscales anticorrupción o la creación de tribunales de justicia administrativa.

A consideración de Max Kaiser, director anticorrupción del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), lamentó que los diputados locales ni los legisladores federales que incumplieron con estas obligaciones constitucionales no estén sujetos a algún tipo de sanción administrativa.

“En términos sociales debe haber consecuencias por no haber hecho su trabajo, porque el Sistema no puede empezar a medias”, sostuvo.

Para el investigador Luis Carlos Ugalde, las organizaciones de la sociedad civil podrían interponer una demanda penal a los senadores de la República por su omisión legislativa, ya que violenta el derecho de la población la garantía constitucional de la sanción a los hechos de corrupción.

Ugalde, quien participó en la selección del fiscal Anticorrupción, consideró que en términos administrativos se está violando la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Incluso, dijo que se les puede presentar un juicio político ante el daño social que están generando.

Un estudio realizado por Fundar reveló que “en la mayoría de los estados las leyes anticorrupción se aprobaron sin proporcionar la información necesaria a la ciudadanía para debates de fondo y además con espacios de participación ciudadana acotados”

La mayoría de las instituciones que constituyen este sistema ya existían, aunque algunas de sus partes son nuevas, como la Fiscalía Anticorrupción y el Comité de Participación Ciudadana.

La creación del sistema implicó la modificación de siete leyes:

Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.

Ley General de Responsabilidades Administrativas (3de3).

Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Reformas a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

Reformas al Código Penal Federal.

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

¿Quiénes integran el SNA?

Se designó un Consejo Consultivo, encabezado por el Comité de Participación Ciudadana, con un Secretariado Técnico, que contará con un presupuesto superior a 200 millones de pesos anuales.

El Comité Coordinador tendrá bajo su encargo el diseño, promoción y evaluación de políticas públicas de combate a la corrupción.

Las seis sillas del Comité Coordinador las ocupan los titulares de las instituciones que conforman al sistema:

La Auditoría Superior de la Federación.

La Secretaría de la Función Pública.

El Tribunal de Justicia Administrativa.

El Consejo de la Judicatura Federal

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

El Tribunal Federal de Justicia Administrativa

Cargos pendientes

Aunque ya mañana se cumple el plazo, quedan algunos temas pendientes, como la aprobación de una Ley General de Archivos, que no ha dictaminado el Congreso.

El Senado no ha nombrado el Fiscal anticorrupción, que tendrá voto dentro del Comité Coordinador, aunque en su convocatoria se registraron 32 aspirantes, dos de ellos descalificados por plagiar sus ensayos.

Falta la designación de los 18 magistrados anticorrupción del Tribunal de Justicia Administrativas, quienes deberían encargarse de juzgar los casos graves de corrupción tanto de funcionarios públicos como particulares.

Entidades se quedan fuera

El Sistema Nacional Anticorrupción se creó con la reforma constitucional de 2015, el cual compone los órganos federales y los 32 Sistemas Locales Anticorrupción (SLA), estos deberían contar con una estructura y facultades equivalentes al del SNA que tendrá las mismas funciones y facultades.

Los SLA necesitan una base sólida desde las constituciones locales, sin embargo, varias entidades no cuentan con la estructura constitucional adecuada para contemplar las reformas constitucionales.

Ante ello, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y la Coparmex crearon un SEMÁFORO para conocer el estatus de la reforma constitucional para implementar el sistema.

De acuerdo al Semáforo de la Reforma Constitucional, Campeche, Chihuahua y Tabasco no cuentan con una reforma constitucional. En tanto, Baja California y Veracruz son las únicas entidades en contar con una reforma satisfactoria al 100 por ciento.

Funcionarios bajo una lupa a medias

La Ley General de Responsabilidades Administrativas señala que toda persona que reciba recursos del Estado debe presentar anualmente, a partir de este miércoles, declaración patrimonial y de intereses.

Esto incluye a los empleados de todos los niveles, desde el más modesto hasta el presidente de la República, sin importar si son de base, eventuales o hasta de honorarios y a todo aquel que haga negocios con el gobierno.

La razón de ello es que se pueda castigar también a particulares que incurran en actos de corrupción con funcionarios. Sin embargo, como todavía no existen los formatos para presentar estas declaraciones, ese paso no se puede cumplir.

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