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Piden investigar a Juez que “extravió” pruebas de feminicidio

Jueves 31 de agosto, 2017.
05:00 pm
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Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México .- 31/08/2017Los abogados de la niña de 13 años de edad, Adriana Martínez Campuzano, víctima de feminicidio, exigieron al subprocurador de justicia de Ciudad Valles, San Luis Potosí, Pablo Alvarado Silva, iniciar una investigación en contra de los funcionarios del Poder Judicial local quienes extraviaron las evidencias para poder procesar al feminicida de la niña, el exmilitar Filiberto Hernández Martínez. Adriana Martínez es una de las 4 niñas y una adulta asesinadas por Filiberto Hernández entre 2010 y 2014 en la municipio de Tamuín, quien se encuentra aún después de tres años de haber sido detenido sin sentencia en una prisión de máxima seguridad en la entidad de Durango. El coadyuvante del caso e integrante del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y Justicia Social AC (Gadh), David Peña Rodríguez, informó a Cimacnoticias que el pasado 24 de agosto sostuvieron una junta con el subprocurador de Ciudad Valles donde también se les informó que la Procuraduría General de Justicia local no sabe dónde están el total de 32 pruebas (de los 5 casos) que tenía bajo su resguardo. El abogado y especialista en feminicidio, explicó en entrevista que esto podría ser un retroceso grave para poder vincular a proceso al feminicida por los casos que están en investigación, el de Adriana Campuzano y el de la niña de 15 años de edad Rosa María Sánchez -del que en febrero de este año se logró corroborar su identidad a partir de 7 huesos- pues si no existen pruebas no se podrá inculparlo, con lo que quedaría absuelto de estos asesinatos. En tanto, los casos por los que también es juzgado, de Itzel Romaní Castillo de 11 años de edad, Dulce Ximena Reyes de 9 años y Eliehoenai Chávez Rivera de 32 años de edad se mantienen en espera de sentencia. PIDEN INVESTIGAR A JUEZ POR CASO ADRIANA La familia de Adriana Campuzano la reportó como desaparecida el 24 de mayo de 2011 luego de que no regresara de la escuela. Un mes después, su cuerpo fue hallado en un terreno de siembra en Cañaveral de Puntilla, pero fue hasta 2014 cuando el exmilitar fue detenido por portar un arma de fuego exclusiva del Ejército y  confesó ser responsable de los 5 casos de feminicidio y haber abandonado los cuerpos en el mismo lugar. A pesar de que Filiberto Hernández narró cómo conoció y asesinó a las niñas, en ese momento el juez de la Quinta Sala Penal determinó que no existían “pruebas suficientes” para continuar con el proceso del feminicidio de Adriana Campuzano. Ante la resolución, la familia interpuso un amparo que ganó en enero de 2017 y el caso se volvió a abrir. Sin embargo, en mayo de este año el encargado del Poder Judicial del resguardo de la evidencia para vincular a proceso al exmilitar por el caso de Adriana, el Juez Segundo de lo Familiar y de lo Penal, Santiago Herrera Urbina, informó que no contaba con las cinco pruebas que le fueron entregadas (entre ellos estaban cabellos de la niña y ropa) únicamente reportó una colchoneta a la que no se le pudo realizar el peritaje porque no se resguardo de forma correcta. Por todo ello, el Gadh exigió en la reunión a Pablo Alvarado que investigue al Juez por la pérdida del material probatorio y obstrucción a la justicia, además de las autoridades que resulten responsables, indicó David Peña. HALLAN MÁS RESTOS En 2014 cuando fueron localizados los siete huesos de la menor de edad Rosa María Sánchez en Cañaveral de Puntilla, también se encontraron restos de otra persona, después de tres años de ese suceso recientemente se logró constatar que pertenecen a un hombre, afirmó el también litigante del caso “Campo Algodonero”. Peña Rodríguez informó que esta situación -también reportada en la reunión- podría significar que esta zona ubicada entre Tamuín y Ciudad Valles no sólo fue un territorio que utilizó Filiberto Hernández para enterrar los cuerpos de las mujeres, hay indicios que de que también existan otras víctimas. Por ello los integrantes del Gadh pidieron a las autoridades que inicien con un examen de perfil genético para reconocer la identidad de este hombre.

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