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Denuncia gasolinero argucias legaloides tras cierre de su empresa

Publicado por shinji_nerv el lunes, 2 octubre 2017
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Oaxaca .- Como un ataque directo a la libre empresa y a los consumidores, consideró el empresario Gerardo Reyes Martínez la prohibición emitida por un juez para suspender el abasto de gasolina a la estación de servicio E-13221 ubicada en San Jacinto Amilpas, siendo ésta la única en el estado que mediante jarras calibradoras demuestra a sus clientes expender litros completos.

El empresario subrayó que la prohibición se originó a raíz de una acción promovida por un grupo de vecinos del fraccionamiento Arboledas Brenamiel por lo cual un juez federal del Décimo Tercer Circuito, Pedro Guerrero Trejo determinó la suspensión del suministro del hidrocarburo, sin considerar las pruebas periciales y técnicas que fueron avaladas en su momento por instancias federales, estatales y municipales, situación que afecta directamente a los trabajadores del establecimiento y genera inconvenientes a los clientes.

Reyes Martínez apunto que el motivo de la queja del grupo de vecinos es una supuesta condición de inseguridad, lo cual –aseveró- carece de cualquier fundamento técnico ya que la empresa ha cumplido con todas las regulaciones ambientales y la normatividad técnica y legal aplicable.

Abundó que el reporte de Protección Civil en el cual se basó el juzgador federal para emitir la prohibición, es un documento antiguo elaborado en el 2015, mientras que los peritajes y estudios técnicos y ambientales especializados fueron emitidos en los años 2016 y los permisos en el año 2017, mismos que solamente se obtienen después de un riguroso proceso de escrutinio.

Añadió que entre los quejosos se encuentran: Gustavo Gris Limones; Rafael Candiani Gutiérrez; Lourdes Tenorio Vasconcelos; Guadalupe Carrasco Altamirano; y María Amparo Ruiz Solana, quienes arguyen una supuesta contaminación de mantos freáticos y tuberías de agua potable.

Al respecto, el empresario descartó tal riesgo ya que existen peritajes en materia ambiental que descartan tal situación, e incluso las medidas de seguridad exceden de cuatro a cinco veces lo establecido en las normas oficiales. Además que va en contra de toda lógica empresarial permitir que el hidrocarburo se fugue al subsuelo, ya que ello representaría una pérdida de producto.

El empresario también destacó que entre los querellantes también se encuentran; Enrique Gutiérrez Martínez; Diana Leverman Sagrero; Sandra Millán González; Óscar Alcantará Rosales; Gustavo Gris López; Omar Zárate Martínez; José Manuel Ángel Villareal; Angelina Meixueiro Ruiz; Alexander Cruz Acevedo; Enrique López Martínez; Alberto Nemesio Ordaz Águila; Fausta Virginia Ordaz Águila; Alfredo Zetina Moguel; Mariana Cervantes Andrés; Ana Lucía Ángel Tenorio; Abelardo Hernández Núñez; Sara Pacheco Pérez; Josefina Hamilton Álvarez; Omar Zárate Ramírez; y Nancy Soriano Carrasco; y trascendió, dijo, que el abogado de los quejosos, es Alberto Nemesio Ordaz Águila, y ésta persona estaría recibiendo asesoría y presunto tráfico de influencias por parte de un ex magistrado federal, de acuerdo a versiones de otros vecinos.

Indicó que además del peritaje realizado por un especialista registrado ante el Instituto Estatal de Ecología y Desarrollo Sustentable de Oaxaca, también se cuenta con la autorización del municipio de San Jacinto Amilpas, así como de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, dependiente de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), así como una serie de requisitos administrativos ante varias dependencias, entre ellas PEMEX, que han sido solventados en tiempo y forma para el funcionamiento de dicha estación.

Reyes Martínez lamentó que la falta de información hubiera orillado a algunos vecinos a inconformarse y se declaró en la disponibilidad de tener un acercamiento con aquellos que deseen obtener información verídica y técnica sobre el funcionamiento de la estación de servicio.

Añadió que la empresa que representa, se reservará el derecho de actuar en contra de aquellas personas que con dolo y mala fe, mediante el uso de tráfico de influencias o abuso de autoridad, hayan actuado en perjuicio de la gasolinera.

Sostuvo que cumplidos los requerimientos del juzgador federal que ordenó la suspensión del suministro de las gasolinas a la estación, la empresa dará continuidad a la promociones a favor de sus clientes y a la comprobación -a quien lo solicite a cualquier hora del día- que en el lugar se expenden litros completos, tal y como como se ha realizado desde la apertura del establecimiento.

Finalmente, Reyes Martínez lamentó que se vulnere la libre actividad empresarial que, pese a cumplir con todos los ordenamientos ambientales, técnicos, fiscales y administrativos, sea mediante argucias legales como se pretende afectar una fuente de empleos de la cual dependen varias familias.

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