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Siguen impunes, 98% de delitos por lavado en México

Publicado por shinji_nerv el martes, 9 enero 2018
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Por Mathieu Tourliere

Oaxaca.-El sistema de combate al lavado de dinero en México tiene huecos tan profundos, que en 2016 las autoridades se incautaron apenas de 0.1% de los más de 56.5 mil millones de dólares de dinero sucio que generaron el narcotráfico, el fraude fiscal y otros delitos financieros.

Tras 11 años de “guerra contra el narcotráfico” –en la que han sido asesinadas más de 200 mil personas–, el gobierno aún no golpea los bolsillos de los grupos criminales.

De hecho, 98% de los delitos vinculados con lavado de dinero, que la Procuraduría General de la República (PGR) llegó a investigar en 2016, quedaron impunes.

Los narcotraficantes no son los únicos que aprovechan las deficiencias del sistema: políticos corruptos, criminales de cuello blanco y evasores fiscales recurren a los mismos métodos para insertar su dinero ilícito al circuito financiero legal, según informes recientes del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), así como de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y el gobierno federal.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) –que este sexenio fue dirigida por Luis Videgaray Caso y José Antonio Meade Kuribreña– y la PGR son las principales responsables del fracaso. La primera no vigila adecuadamente a los operadores del lavado de dinero y la segunda no investiga, y menos castiga, a los criminales.

Un ejemplo: el Servicio de Administración Tributaria (SAT), dependiente de la SHCP, cuenta con un equipo de apenas 16 personas para auditar a las más de 66 mil empresas y profesionistas cuyas actividades presentan un riesgo de blanqueo de capitales, como casinos, agencias automotrices, empresas inmobiliarias, joyerías y servicios de transporte. En los últimos tres años la institución inspeccionó a 118 de esos establecimientos, apenas 0.2%.

Entre los profesionistas que escapan en gran medida a la supervisión del SAT se encuentran los más de 4 mil notarios públicos, los cerca de 450 mil abogados y 600 mil contadores que trabajan en el país, mismos que, según un oficio que el propio gobierno federal entregó a la oficina para América Latina del GAFI, cumplen una función “fundamental” en el lavado de dinero.

“A veces el notario puede estar coludido con el prestanombres (por ejemplo cuando el notario registra decenas de empresas a nombre de la misma persona sin reportarlo)”, señala el GAFI, el cual recordó que el SAT nunca ha revocado el permiso a un notario, aunque en 2016 detectó que 10 de ellos habían cometido más de 150 infracciones.

Según el “Informe de Evaluación Mutua sobre medidas contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo”, publicado por el organismo internacional el pasado miércoles 3, existen “serias deficiencias” en la identificación de los llamados “beneficiarios finales”, es decir, los verdaderos dueños de las empresas y cuentas bancarias. Aprovechando estas fallas, los delincuentes utilizan intermediarios y prestanombres para crear sociedades de papel y abrir cuentas que les permiten lavar dinero anónimamente.

Particularmente expuestas a ser utilizadas para lavar dinero, las sociedades de banca múltiple –que gestionan actualmente 8 billones 858 mil millones de pesos en activos– tienen controles laxos para indagar a los beneficiarios finales e identificar a sus clientes de riesgo, entre ellos los políticos y otros “personajes políticamente expuestos” (PPE).

Según el GAFI, los bancos identifican a los beneficiarios finales “sólo en circunstancias limitadas” –muchas veces confían en las propias declaraciones de sus clientes– y en 99% de los casos clasifican a sus clientes PPE como de riesgo “mediano” o “bajo”.

El gobierno de Enrique Peña Nieto informó al GAFI que apenas está elaborando una estrategia nacional para combatir el lavado de dinero, la cual “establecerá prioridades más claras” y “está por finalizarse”.

MIGAJAS DEL PIB

El gobierno federal estima que cada año los ingresos del tráfico de mariguana y cocaína, del fraude fiscal y de “otros delitos” suman por lo menos 56.5 mil millones de dólares (equivalentes a 6.6% del PIB nacional de 2014), los cuales requieren del lavado para ingresar en la economía formal, de acuerdo con un informe confidencial que la administración entregó al GAFI y que consultó la agencia Reuters.

En un reportaje publicado en noviembre pasado, la agencia señaló que esta suma no incluye “los ingresos del tráfico de heroína y metanfetamina” ni el dinero generado por “los crímenes de cuello blanco como el desvío de dinero público y el uso de información privilegiada, el tráfico de personas y de armas, el robo de hidrocarburos y la explotación sexual”.

Tras analizar el informe confidencial del gobierno –que sirvió de base para su propio estudio sobre México–, el GAFI consideró que algunas de sus conclusiones “no aparecen razonables o completas en algunos aspectos”. Lamentó, por ejemplo, que el gobierno no identifique la corrupción como una “amenaza principal” en materia de lavado de dinero.

Sin embargo, al igual que las estructuras de blanqueo de capitales utilizadas por el narcotráfico, los esquemas de desvío de dinero público más sonados de los últimos años involucraron redes de empresas fantasma y prestanombres.

Fue el caso en las administraciones de Javier Duarte de Ochoa en Veracruz y de Roberto Borge Angulo en Quintana Roo, pero también en el presunto desvío de cientos de millones de pesos de la SHCP –entonces dirigida por Videgaray– operado a través del gobierno chihuahuense de César Duarte Jáquez para financiar las campañas del PRI en las elecciones de 2016.

El GAFI se alarmó de que, en materia de corrupción, la PGR es todavía más estéril que con el lavado de dinero: de las 13 mil averiguaciones previas que inició entre 2013 y 2016, la dependencia consiguió apenas 51 condenas, equivalentes a una eficiencia de 0.4% o, dicho de otro modo, de una tasa de impunidad de 99.6%.

Por si fuera poco, la ley no incluye como PPE a los militares retirados, algunos de los executivos de las empresas paraestatales o funcionarios municipales, y tampoco obliga los bancos a determinar si los beneficiarios finales de las cuentas de sus clientes pertenecen a esta categoría.

 

Eficiente en el papel

>El Estado mexicano reconoció en 2000 la “vulnerabilidad” de su economía frente al lavado de dinero y se adhirió al GAFI, creado 11 años antes.

> En los últimos 17 años, los sucesivos gobiernos pasaron leyes y diseñaron mecanismos institucionales para combatir el delito acorde a las reglas del organismo.

> El esquema actual recae en gran parte en la colaboración de los bancos y las empresas con actividades susceptibles de lavar dinero con las autoridades. Son los responsables de detectar las “operaciones de riesgo”, de identificar a sus clientes y de enviar reportes a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SHCP cuando lo estimen necesario.

> La UIF centraliza y analiza los informes y, de confirmar las sospechas, pasa los casos a la PGR. A su vez, ésta investiga, integra el expediente y lo presenta ante un juez.

> Las comisiones nacionales Bancaria y de Valores (CNBV), de Seguros y Fianzas y del Sistema de Ahorro para el Retiro, junto con el SAT y el Banco de México, verifican que los bancos y empresas realicen las acciones de vigilancia e inspección, y castigan a las infractoras.

> Tal es el marco normativo del combate al lavado de dinero que, según el GAFI, “mejoró significativamente” en México desde 2008.

> Sin embargo, este año la ASF evaluó la eficiencia de la Procuraduría y de Hacienda en la detección y persecución de los delitos financieros. Su diagnóstico, junto con el informe del GAFI, exhibe el abismo que separa las leyes de la realidad.

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