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Piden justicia para caso Daphne Fernandez en Veracruz

Miércoles 17 de enero, 2018.
05:00 pm
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Por: Hazel Zamora Mendieta/Cimacnoticias 
Oaxaca.-Este 17 de enero la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) definirá si atrae para su revisión, la sentencia de amparo 206/2017 que se otorgó – y por el cual quedó libre- Diego Alonso Cruz, uno de los cuatros jóvenes acusados de violar a la entonces menor de edad, Daphne Fernández, en Veracruz, en enero de 2015. De aceptarlo, acercaría a la víctima al acceso a la justicia y marcaría un precedente en los lineamientos que tienen que tomar en cuenta los jueces para acreditar delitos de violencia sexual desde la perspectiva de género, destacó en entrevista con Cimacnoticias, la abogada y coordinadora del área legal de Equis Justicia, Fátima Gamboa Estrella. Daphne Fernández tenía 17 años de edad cuando fue víctima de violación y abuso sexual por parte de cuatro jóvenes veracruzanos; Enrique Capitaine Marín, Jorge Cotaita Cabrales, Gerardo Rodríguez Acosta y Diego Cruz Alonso, apodados como los “Porkys”. El caso captó la atención mediática luego de que Daphne diera a conocer en redes sociales que estos cuatros jóvenes la violaron a bordo de una camioneta y después circularan un video en el que los agresores le ofrecen una disculpa pública. Pero Daphne fue amedrentada al revelar los hechos, por lo que en compañía de su familia interpusieron en mayo de 2015 una denuncia por la violación. Enrique Capitaine fue acusado de pederastia simple, Jorge Coita y Diego Cruz de pederastia agravada (tumultuaria) y Gerardo Rodríguez quedó en libertad porque el Ministerio Público determinó que únicamente fungió como testigo de la violación. Se les acusó por pederastia porque el delito de violación cometida contra menores de edad (conocido como violación equiparada) no está tipificado de esta manera en el Código Penal de Veracruz, precisó también la abogada e integrante de Equis Justicia, Artemisia Cabrera. Para el momento en que se giraron las órdenes de aprehensión en contra de los tres jóvenes, ya estaban prófugos de la justicia. Diego Cruz huyó a España de donde fue extraditado para enfrentar los cargos en enero 2017, Jorge Coita sigue sin ser localizado y Enrique Capitaine, fue detenido en mayo de 2016 en Torreón, Coahuila. Actualmente está preso en un penal del estado de Veracruz, en espera de sentencia. LIBERTAD DE DIEGO CRUZ Tras la extradición de Diego Cruz, en febrero del año pasado su defensa legal promovió el juicio de amparo número 159/2017 para revocar el auto de formal prisión y dejarlo en libertad. Un mes más tarde, el juez Tercero de Distrito del Séptimo Circuito de Veracruz, Anuar González Hemadi, le otorgó el amparo debido a que la Fiscalía de Justicia veracruzana no acreditó el delito de pederastia, señaló. El juez argumentó que la víctima no estaba en indefensión al momento del ataque y que los tocamientos cometidos por Diego Cruz  fueron un “frotamiento incidental” sin que tuviera una intensión “lasciva” o de “cópula” para satisfacer un apetito sexual. Las explicaciones de González Hemadi causaron la indignación de la sociedad civil. El juez fue criticado severamente en redes sociales bajo la etiqueta #JuezPorky, en denuncia a los estereotipos de género que utilizó lo que motivó al pleno del Consejo de la Judicatura Federal a suspenderlo e iniciar una investigación administrativa en su contra. RECURREN A LA SCJN La Fiscalía veracruzana impugnó el amparo concedido a Diego Cruz (amparo 206/2017) que llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, luego de que los magistrados del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito (quienes llevan el caso) hicieran una solicitud de atracción. La solicitud fue turnada en septiembre de 2017 a la ministra Norma Lucía Piña Hernández, presidenta del Alto Tribunal, quien debe presentar este 17 de enero un proyecto para proponer si el caso cumple con la relevancia, interés y transcendencia en el sistema jurídico mexicano que permita a la SCJN atraerlo (expediente 401/2017). JUSTICIA PARA DAPHNE En este sentido se contemplan dos escenarios, describe la aboga de Equis Justicia, Fátima Gamboa: si la Corte ejercerse la facultad de atracción, podría mandatar al Segundo Tribunal Colegiado que revoque el amparo que dio la libertad a Diego Cruz y pedir que analicen las pruebas de la violación desde la perspectiva de género para poder juzgarlo pues en el proceso, el juez Anuar González no tomó en cuenta pruebas como la declaratoria de Daphne, los peritajes psicológicos que demuestran las afectaciones que le acusó la violación, y sobre todo, no hizo un análisis exhaustivo sobre el contexto en el que se perpetró ésta. Si bien el Código Penal local tipifica como pederastia a la violación a menores de edad -lo que calificó la abogada como anticonstitucional- sí define que la violación es la introducción del pene o cualquier otro objeto, por lo que no es un problema de tipificación, sino de una interpretación sesgada del juez, basada en estereotipos de género, denostando el dicho de la víctima y alejándola del acceso a la justicia, precisó la coordinadora de Equis Justicia. En caso de ser atraído, agregó la abogada Artemisia Cabrera, el Tribunal podría promover que la Fiscalía de Justicia estatal aporte más pruebas que permitan acreditar la violación, dando un giro completo al caso. El otro escenario es que no se acepte, con lo que quedaría en manos del Tribunal Colegiado, resolver la apelación de la sentencia de libertad de Diego Cruz. IMPACTO NACIONAL Que la Suprema Corte discuta la manera en que fue juzgado el caso de Daphne, repercute también en las otras víctimas de violación del país porque podría definir los lineamientos que deben seguir los jueces desde los Derechos Humanos y la perspectiva de género para analizar las pruebas de este delito. Fátima Gamboa precisó que dentro de estos lineamientos el máximo tribunal podría establecer de qué forma se tienen que valorar la declaración de la víctima, la obligatoriedad del contexto en el que las violaciones se llevan a cabo y las asimetrías de poder que puedan existir entre el presunto agresor y la víctima. La SCJN ya ha tratado casos de delitos sexuales, en específico el de hostigamiento sexual contra una servidora pública acosada por su jefe. Esto derivó en la tesis jurisprudencia 22/16 publicada en abril de 2016, en la que estableció como criterio la responsabilidad de valorar y preponderar el testimonio de una víctima. “Es relevante, urgente, porque no hay lineamientos sobre cómo juzgar la violación sexual. Hemos escuchado rumores de que no va a proceder, pero desde Equis Justicia consideramos que es totalmente trascendente” pues como Daphne, las víctimas de violación son revictimizadas, culpadas de los hechos y muy pocas acceden a la justicia, advirtió la abogada. En México cada 40 minutos ocurre una violación, según estimaciones del Observatorio Ciudadano Nacional (OCN). Tan sólo de 2014 a febrero de 2017, el Sistema Nacional de Seguridad Pública de la Secretaría de Gobernación registró 39 mil 663 casos de violación; 531 de éstas ocurrieron en Veracruz. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en 2015 permanecían en algún centro penitenciario 3 mil 713 personas cumpliendo una sentencia por violación y por violación equiparada, mil 65.
 
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