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Piden ediles y sindicas, mecanismos para vigilar sentencias de tribunales electorales

Miércoles 30 de mayo, 2018.
08:00 pm
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Por: Anayeli García Martínez/Cimacnoticias Oaxaca.-Presidentas municipales y síndicas víctimas de violencia política de género en el estado de Oaxaca exigieron a las autoridades electorales y al Senado de la República la creación de un mecanismo o de un organismo que vigile el cumplimiento de las sentencias que emitan los Tribunales Electorales. Así lo demandaron las síndicas de los municipios de San Juan Colorado, Herminia Quiroz Alavéz; de Santa Cruz Tacache de Mina, Xóchitl Méndez; de San Martín Zacatepec, Yolanda Méndez Hernández; y la presidenta municipal de San Juan Ihualtepec, Lucía Piedad González González. En una gira de trabajo en la Ciudad de México, las mujeres, quienes en 2016 fueron electas para ocupar un cargo de elección popular, denunciaron que sus compañeros alcaldes, síndicos y regidores las han violentado negándoles información y no convocándolas a reuniones de cabildo a fin de impedir que desempeñen sus funciones. [caption id="attachment_419550" align="alignright" width="300"] Foto: e-tlaxcala.mx[/caption] Debido a la falta respuestas a sus denuncias este 30 de mayo presentaron un panorama de su situación en el Instituto Nacional Electoral y se reunieron con el titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), Héctor Marcos Díaz Santana y con la senadora Martha Tagle. Las síndicas coincidieron en que los varones que les pidieron participar en el proceso electoral las violentaron una vez que ganaron el puesto, por ejemplo, a ellas se les niega o se les pide que les otorguen a los hombres la firma electrónica, a fin de que no tengan acceso a la información presupuestaria del municipio. Los funcionarios de las presidencias municipales se niegan a ejecutar órdenes si no son aprobadas por el presidente municipal o el síndico que usurpa las funciones de las mujeres electas, además a ellas se les niegan viáticos, no les permite hacer uso de los vehículos del municipio y se les retiene el salario que deberían recibir. De acuerdo con datos del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, en el proceso electoral 2012-2013 fueron electos 145 varones y 8 mujeres como presidentas municipales y en el proceso 2015-2016 la presencia femenina aumentó al pasar a 115 hombres y 38 mujeres. Asimismo creció el número de mujeres con cargos en los ayuntamientos. Las mujeres agredidas han presentado denuncias y juicios por violencia política de género ante el Tribunal Electoral de Oaxaca y ante la Sala Xalapa o la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), organismos que han emitido sentencias a favor de las denunciantes. Sin embargo, informaron en conferencia de prensa en el Senado, estas denuncias que llaman a los integrantes de los ayuntamientos a garantizar que ejerzan sus funciones, no se cumplen y no hay ninguna autoridad que vigile que se acaten o que sancionen a quienes incurren en estas agresiones. Además de estos casos, existen las denuncias presentadas por la presidenta municipal de Eloxochitlán de Flores Magón, Elisa Zepeda; la presidenta de San Juan Bautista Lo de Soto, Samantha Caballero Melo; la síndica de Pinotepa Nacional, Yareli Cariño; y la síndica de Santo Domingo Zanatepec, Erika Molina. En este escenario la senadora independiente Martha Tagle, afirmó que de acuerdo con reportes periodísticos en el último mes han ocurrido 70 agresiones de violencia política, 10 fueron homicidios y 4 secuestros. Por esta razón este 30 de mayo la senadora presentó un punto de acuerdo en la Comisión Permanente del Congreso para llamar al gobernador, Alejandro Murat Hinojosa, a garantizar el acceso y ejercicio de los derechos políticos de las oaxaqueñas y a la Secretaría de Gobierno del estado a que coadyuve en el cumplimiento de la sentencias. El punto de acuerdo también propone que el Congreso de Oaxaca adopte las medidas correspondientes, debido a la omisión por parte de los integrantes del Ayuntamiento en el cumplimiento de las sentencias a favor de presidentas municipales y síndicas.
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