Los 10 decretos de reserva de Agua afectan a comunidades indígenas de Oaxaca

Por Sherlyn Acevedo Oaxaca.-Comunidades indígenas de Oaxaca exigieron a los gobiernos federal y estatal garantizar su derecho al agua y a la consulta indígena organizada. A unos días de que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto emitió 10 decretos para la creación de igual número de reservas de agua, los afectados advirtieron que las nuevas normas beneficiarán a las empresas minerasque compiten por el agua con los campesinos y comunidades. La abogada Yanet Herrera, quien representa a 16 comunidades indígenas, afirmó que estos decretos sí representan un riesgo para la privatización del agua, puesto que pone en desventaja a los propias comunidades frente a los grupos empresariales. Las comunidades oaxaqueñas mantienen una disputa con las autoridades por el uso del agua, conflicto que lleva muchos años y que no ha detenido el turismo que hay en la región. El gobierno de Gustavo Díaz Ordaz impuso en 1967 un decreto de veda para la explotación de agua con el argumento de que era necesario poner orden en la perforación de pozos en la región de los Valles Centrales de Oaxaca. La veda incluye los municipios de Ejutla, Zimatlán, Ocotlán, Centro y Tlacolula; sin embargo, la veda limita y condiciona el uso del agua para la agricultura. Los campesinos comenzaron a padecer sequías de hasta el 60 por ciento en sus territorios. También empezaron a recibir “cartas invitación” disfrazadas de multas por concepto de “consumo por excedente de agua” que les enviaba la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Ese organismo afirmó que por el alto consumo de energía eléctrica, la extracción de agua era alta y por eso se justificaban las multas a las comunidades afectadas. Por ello, 16 comunidades se unieron para formar la Coordinadora de Pueblos Unidos por el Cuidado y la Defensa del Agua (Cocuda) en Oaxaca. A la par, se organizaron para capacitarse sobre los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y lograron restaurar su acuífero con obras comunitarias, con autofinanciamiento y sin el apoyo económico de la Conagua durante 13 años. En 2013, el Tribunal Superior de Justicia Fiscal y Administrativa (TSJFA) emitió una resolución a favor de la Copuda y ordenó a la Conagua a realizar una consulta indígena para la posible modificación del decreto. María de los Ángeles Santiago, representante de la Copuda, y Yanet Herrera, abogada de Flor y Canto, organización que apoya los derechos de los pueblos indígenas, apuntaron que en diferentes ocasiones se han interrumpido sesiones en la Conagua por cuestiones “técnicas” y frecuentemente responden con información relacionada a otras regiones del estado y no la que atiende a esas 16 comunidades. La encargada de los asuntos de la Delegación de la CDI en Oaxaca, Amable Cecilia Cruz Lozano, aseguró que se hizo entrega del glosario de términos y esperan que la Copuda ya no tenga dudas sobre el contenido. Las comunidades afectadas exigen a la Secretaría de Gobernación y al gobierno de Oaxaca que respeten los derechos de los indígenas reconocidos en leyes nacionales e internacionales. Los sembradores de agua también comentaron que el proceso electoral alenta la consulta y, por ende, una solución efectiva. Por su parte, la encargada de los asuntos de la Delegación de la CDI en Oaxaca reviró que la consulta es lenta por el “análisis de la propuestas” y aseguró que, “no es un proceso de personas, sino de instituciones”, destacando que la próxima administración deberá entender y respetar los acuerdos del caso porque se van a dejar por escrito todas las minutas y convenios. Debido a esto, la Copuda y la Conagua llegaron a un acuerdo de detener la cuarta etapa de la consulta por la jornada electoral 2018. La organización de consumidores de agua en la región oaxaqueña de Valles Centrales consideraron que los 10 decretos para crear reservas de agua, firmados por el presidente Enrique Peña Nieto el pasado 6 de junio, ejemplifican una lógica de repartición del agua “a quien primero lo pida”, ya sea una comunidad agraria, una cervecera, una refresquera o una empresa dedicada al industria extractiva. Luis Miguel Cano, abogado de la Central Campesina Cardenista (CCC), mencionó en entrevista que el Artículo 4 de la Constitución, reconoce el derecho al agua desde 2012 y dice que el acceso y el uso de los recursos hídricos tiene que ser “equitativo y sustentable”. La abogada Yanet Herrera sostuvo que con estos decretos se eleva la preocupación por una eventual privatización del agua. Asimismo, enfatizó que los decretos de Peña Nieto representan la permanencia de la minera canadiense Fortuna Silver Mines, a la que Conagua le dio una concesión por 50 años y un amplio uso del agua. Ante ello, las comunidades que representa exigieron respeto a los pueblos “sembradores de agua”, quienes con mecanismos propios planean fiscalizar la aprobación y entrega de los títulos de concesión y asignación de agua, destacando que el procedimiento actual los deja en desventaja frente a las empresas, y que no existe árbitro que garantice una distribución equitativa del líquido ni la preservación ni el respeto a la naturaleza y a los seres vivos. Ver reportaje completo: Con información de Aristegui Noticias