Se acentuan problemas sociales sin diálogo gobierno-ciudadanos

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Oaxaca, México.- En México hay grave problema de impartición de justicia, inseguridad y corrupción ante la falta de diálogo y respeto de las autoridades gubernamentales con la sociedad civil a favor de los Derechos Humanos, así lo concluyeron expertos en la materia durante el Seminario "Balances de la Política de Derechos Humanos en México 1998-2008", liderado por Ricardo Sepúlveda Iguíniz, presidente del Consejo Jurídico para los Derechos Humanos (CJDH).

Al denunciar que México ocupa el número dos en quejas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Jorge Carpizo, ex Procurador General de la República, dijo que "hay un problema muy grave de impartición de justicia y de inseguridad, que se resume en: derechos humanos", al poner como ejemplo la aceptación del gobierno de Coahuila y su población en la aplicación de la pena de muerte, la cual está prohibida y es un desafío abierto a la Constitución", aseguró.

Durante el Seminario que se llevó a cabo en el Colegio de México (Colmex), los expertos coincidieron en que la falta de diálogo entre el gobierno y la sociedad civil lleva a los rezagos en materia de derechos humanos.

"A pesar de que en la elaboración del Programa Nacional de Derechos Humanos estaba contemplado el derecho a la participación de la sociedad civil, la realidad es distinta, ya que el gobierno no está abierto a la consulta de las organizaciones civiles", afirmó Miguel Concha, del Consejo Directivo y Director del Centro de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos "Fray Francisco de Vitoria O.P.", A.C. .

A esta afirmación se unió Ramón Muñoz, Fundador de la Asociación Civil Mujeres Unidas en torno al Género, la Equidad y la Reivindicación A.C.  quien puntualizó que "aunque el gobierno debería ser el primero en sentarse a tener una interlocución con estas organizaciones, no lo va a hacer", por lo que llamó a la sociedad a "tomar como reto el legitimar este derecho para que se logre el respeto a los derechos humanos y así consigan el apoyo de organismos internacionales, ya que su lugar lo están ocupando organismos pro-gubernamentales". También pide que le den seguimiento a las denuncias y recomendaciones.

Por su parte Rodolfo Stavenhagen, vice-presidente del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, dijo que en México existe un doble discurso respecto a los derechos humanos. "El gubernamental es que están haciendo las cosas bien, lo que dicen se refleja en los informes y el de las ONG’s es que siguen habiendo violaciones y regresiones en el tema, ambas posturas sólo reflejan que no hay un diálogo constructivo y de buena fe entre el Estado y representantes de la sociedad civil".

Stavenhagen platea que el problema fundamental es "la politización de los derechos humanos al interior de nuestro país… los feminicidios son ahora un asunto político, el narcotráfico es ahora también un asunto político".

Durante el Seminario "Balances de La Política de Derechos Humanos en México 1998-2008", contrario a lo que anteriores expertos declararon, Daniel Cabeza de Vaca, actual Subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, y Emilio Álvarez Icaza, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, aseguraron que tanto el gobierno federal como el del Distrito Federal trabajan duro en la impartición de los Derechos Humanos. "Lo rescatable es que fuera de estas posiciones demagógicas y oportunistas, sí hay cosas que se están haciendo para que en México los derechos humanos sean algo ya aceptado por la población como tal y que sean un eje en el actuar del gobierno" señaló Cabeza de Vaca.

Al dar a conocer un convenio con la UNAM para que haga un diagnóstico de todas las formas de discriminación, Cabeza de Vaca confirmó que "la Segob trabaja con el principio de buscar el espacio de diálogo entre el gobierno y la sociedad civil para dar seguimiento y evaluación a las políticas públicas".

Por su parte, Emilio Álvarez Icaza destacó algunas acciones que en el DF se llevan a cabo en pro de los derechos humanos. "Este año sale el primer presupuesto público con enfoque de Derechos Humanos, tenemos una agenda que permite identificar núcleos de problemas y se ha dado pie a un debate entre organizaciones civiles, poder judicial, actores de gobierno, así como con la CDHDF para hacer un diagnóstico de estos derechos en el DF".

No obstante, Álvarez Icaza reconoció que el gobierno tiene parte de la culpa en el rezago de los derechos humanos. "Los cambios de nuevos gobernantes no son suficientes para que los gobiernos afronten los problemas. Los tramos de control en la gestión pública se debilitan enormemente. No bastan las leyes".

El objetivo fundamental de este Seminario, según expuso Ricardo Sepúlveda era abrir un espacio de análisis para impulsar a un verdadero lugar y ubicación a una política real de Derechos Humanos y el tema de la tarea de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) no podía faltar en sus mesas de debate.

La mayoría calificaron a la CNDH como un obstáculo para el pleno ejercicio de los derechos humanos. Miriam Morales, catedrática en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Autónoma de México, dijo que "La CNDH no ejerce plenamente su mandato, no induce a las instituciones del Estado a la reparación del daño, no ha promovido las reformas necesarias para prevenir abusos futuros, no entrega ni difunde información acerca de casos, excluye a las víctimas de abusos al firmar acuerdos con el gobierno por su parte y no está sujeta a rendición eficaz de cuentas".

Las conclusiones de este Seminario fueron las siguientes recomendaciones:

1) Sueldos justos para funcionarios del Ministerio Público (MP) y a policías. 2) La sociedad civil debe organizarse más para participar, exigir y monitorear. 3) Lucha frontal contra la corrupción e impunidad 4) Cultura de la legalidad 5) Valores morales laicos fuertes para la sociedad mexicana. 6) Aplicar los Derechos Humanos por igual, no sólo a presuntos maleantes. 7) Congruencia y adaptación entre los tratados internacionales y las legislaciones locales. 8) Interlocución como derecho de la sociedad civil con el Gobierno. 9) Terminar con la discriminación que es una práctica invisible, pero sistemática y permanente. 10) Defensa de los casos paradigmáticos. (Redacción de El Financiero en línea)