Inicia movimiento indígena contra megaproyectos eólicos

Considerando1.El impacto ambiental regional por la instalación de más de dos mil torres eólicas en nuestro territorio, tales como:

1. La irreparable muerte por colisión de aves y murciélagos contra las aspas de las torres, dada la importancia de la región del Istmo en el ecosistema global por ser la ruta migratoria de aves más importante del mundo, como se señala en el propio Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto "La Venta II".

  2. La contaminación de suelos y de aguas, de mantos, ríos y lagunas por el derrame y cambio de miles de litros de aceites lubricantes de las turbinas, cuyo destino al ser cambiado no se específica en los MIA.

3. La obstrucción de veneros y mantos acuíferos por miles de toneladas de concreto de las bases en toda la planicie, así como la modificación de la geomorfología original del terreno (relieve) y paisaje de manera permanente, sobre todo en la Barra de Santa Teresa que obstruiría la vital comunicación fluvial entre las lagunas Superior e Inferior.

4. El daño considerable a los habitantes de las comunidades próximas a los parques industriales eólicos, como La Venta y La Ventosa, debido al incremento considerable en los niveles de ruido electromagnético provocado por decenas de aerogeneradores trabajando a la vez.

5. La afectación de paisajes y la visibilidad de la Sierra de Tolistoque o Sierra Atravesada, de la planicie y de las lagunas Superior e Inferior del Mar Interior del Istmo.

6. La pérdida irreparable de vegetación, el proyecto no permite la existencia de árboles de más de tres metros de altura, reduciéndose el hábitat para todo tipo de fauna.

7. La inseguridad provocada por los posibles incendios de aerogeneradores por tormentas eléctricas y cortos circuitos.

Considerando 2. El Impacto económico regional negativo por la instalación de más de dos mil torres, considerando las centrales eólicas en su conjunto, tales como:

1. La falta de generación de empleos suficientes, estables y permanentes, en su fase operativa.

  2. Los contratos de arrendamiento celebrados entre empresas prestanombres de las transnacionales y comunidades, ejidos y/o propietarios particulares, son un verdadero despojo encubierto en dicho contrato. Cabe agregar que ni siquiera en la época colonial la corona presumió de tanto despotismo y vileza, como actualmente lo hacen dichas empresas, en su mayoría españolas, también.

3. La ridícula remuneración ofrecida por las empresas por la reserva territorial antes del montaje y operación, así como el pago por arrendamiento de las tierras con torres asignadas y/o involucradas, por treinta años, los montos son de diez a veinte veces menores a lo que las mismas transnacionales ofrecen en Europa y Estados Unidos.

4. La injusta diferenciación socioeconómica provocada al beneficiar sólo a arrendadores.

5. La devaluación inmobiliaria de casas y terrenos de las comunidades aledañas a las torres y centrales eólicas.

6. La irreparable pérdida de vocación y capacidad de captación turística, nacional e internacional, de las zonas próximas a los parques eólicos.

7. La pérdida de la vocación agropecuaria de la zona, sobre todo en las tierras del distrito de riego No. 19, dejando sin empleo a campesinos obligándolos a emigrar.

8. El alza de precios propiciada por la diferenciación de ingresos en la región.

  9. El alza en los precios del suministro de energía eléctrica doméstica, dados los costos incrementados para su generación y transmisión.

Considerando 3. El impacto sociocultural negativo propiciado desde la promoción de la instalación de las centrales eólicas, tales como:

1.    La Ausencia total de información y consulta a los pueblos y comunidades indígenas asentados durante siglos en este territorio, como se establece en el Convenio 169 de la OIT y en la propia Ley Indígena del estado de Oaxaca.

2. la desintegración y división de ejidos y comunidades, por la misma falta de información y valoración de consensos en asambleas para la toma de decisiones con relación a los proyectos eólicos.

3. Derivado de lo anterior, la imposición de los proyectos por parte de las empresas, en contubernio con dependencias gubernamentales estatales y federales, como la Procuraduría Agraria, la Semarnat y la Secretaría de Energía.

4. El aumento de la emigración hacia los Estados Unidos, dada la diferenciación socioeconómica y el aumento de la pobreza en familias que no sean directamente beneficiadas por los parques eólicos.

5. Ignorancia total, por parte de las empresas, la SEMARNAT y de los gobiernos, de nuestros derechos como comunidades y pueblos indígenas.

  6. Pérdida de identidad cultural y de soberanía nacional, sólo grupos de familias en determinadas zonas, así como las empresas transnacionales, serán las que se verán beneficiadas económicamente por este tipo de proyectos; la tecnología para el manejo, instalación y operación del proyecto es extranjera.

7. Violación del marco jurídico constitucional, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece y define que se reserva al Estado la generación y transmisión de energía; punto actualmente discutido en el Congreso de la Unión.

  8. Pérdida de la herencia cultural de la autosuficiencia alimentaria a nuevas generaciones a través de la agricultura.

Analizados y discutidos los impactos de las centrales eólicas, en su conjunto, que se pretenden instalar en la planicie del sur del istmo de Tehuantepec, NOS PRONUNCIAMOS Y EXIGIMOS

1.    En contra de la privatización de la industria eléctrica.

2. En contra de la instalación del Corredor Eólico del Istmo de Tehuantepec.

3. Demandamos a los gobiernos Federal y estatal detengan por completo las distintas etapas del proyecto y se haga una consulta verdadera y dialogada a los pueblos.

4. La revocación de los dictámenes de la Semarnat a los proyectos eólicos hasta ahora autorizados, mientras no exista una Consulta verdadera.

  5. A las distintas instancias de gobierno y en especial a la Semarnat considerar la modalidad regional del Corredor Eólico y la dimensión e impactos de las centrales eólicas en su conjunto.

6. El respeto a nuestra cultura y derechos como Pueblos Indígenas, anteponiéndolos a cualquier proyecto.

7. Respeto a nuestro territorio para la conservación de los habitats de flora y fauna.

  8. Nos oponemos a la instalación de cualquier proyecto ahí donde existen conflictos agrarios, de límites o de invasión, así como cualquier rezago agrario.

9. El acceso a la información veraz sobre contextos, impactos y riesgos, misma que debe ser socializada no sólo a los directamente involucrados en los proyectos, sino a toda la sociedad.

10. El respeto al disentimiento de las comunidades, grupos o personas con respecto a las supuestas bondades de los proyectos.

 Fuente fotográfica: www.sipaz.org           www.mx.news.yahoo.com