Por Miranda Salas y El Universal

 

Oaxaca, México.- Defender los derechos humanos en México es una actividad de alto riesgo. Las organizaciones civiles que trabajan en la defensa de las garantías fundamentales padecen de manera cotidiana amenazas, hostigamiento, robo de documentos, detenciones arbitrarias y diversos obstáculos para poder investigar, hasta el homicidio. En Oaxaca la situación se recrudeció a partir del conflicto social del 2006.

 

Por ello, demandaron al Gobierno Federal mecanismos de protección, el reconocimiento de su trabajo y que “dejen la retórica y realicen acciones claras y de largo plazo para consolidar una cultura de respeto a los derechos humanos”.

En su reciente informe anual señaló que “después de haber sido electo en 2006 para la Presidencia, al término de un escrutinio marcado por acusaciones de fraude, Felipe Calderón Hinojosa, proveniente del PAN y su gobierno, se caracterizaron en 2007 por una línea dura, con una fuerte tendencia a la represión de toda forma de protesta”.  

 

[caption id="attachment_3740" align="aligncenter" width="320" caption="Los defensores de derechos humanos, en la mira"][/caption]

En ese año, este observatorio documentó cuatro asesinatos y 10 actos de hostigamiento contra varios defensores de los derechos humanos.

   

 

 

 

También mencionó el caso de Lydia Cacho, periodista y presidenta del Centro Integral de Atención a las Mujeres, en Cancún, Quintana Roo. “El 7 de mayo del 2007 fue víctima de una tentativa de asesinato. El 2 de mayo del 2007, Lydia Cacho había testificado en un proceso contra un empresario enjuiciado por prostitución infantil y trata de niños y niñas. Durante la audiencia, Lydia Cacho fue amenazada por el empresario”.  

 

 

Hostigamiento en Oaxaca

 

Desde hace décadas el territorio oaxaqueño, no ha quedado al margen de  las hostilidades contra defensores de derechos humanos y que se ha agudizado durante conflictos sociales como el acontecido en el año 2006.

 

Organizaciones civiles, líderes sociales, estudiantiles, sindicales, sacerdotes, periodistas o ciudadanos han padecido severos y preocupantes actos que han puesto en riesgo su integridad física, moral y psicológica.

 

Entre estos casos de amenazas, hostigamiento, persecución, y difamación y secuestro están el de la ex representante de la Liga Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos, Jessica Maya; el de Aline Castellanos del Grupo de Derechos Humanos Consorcio, el del padre Wilfrido Mayrén, del periodista Pedro Matías Arrazola, del pintor Francisco Toledo, de los integrantes del colectivo Educa A.C  y de la Red Oaxaqueña de Derechos Humanos entre muchos otros.

También la desaperición forzada en mayo del 2007 de dos activistas reconocidos por el Ejército Popular Revolucionario (EPR)como integrantes de su organización.

[caption id="attachment_3754" align="aligncenter" width="124" caption="La desaparción forzada de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez en Oaxaca"][/caption]