Para muchas comunidades indígenas del país el bosque es una importante alternativa para la obtención de recursos económicos, muchas veces necesarios para mantener algunas dinámicas de la vida comunitaria como puede ser el trabajo de las autoridades o procesos jurídicos, donde la generación de empleos depende también del tipo de proyecto que tenga las comunidades hacia su bosque.

Por ejemplo, si una comunidad vende madera en rollo (troncos completos) a madereros que cuentan con aserraderos o carpinterías, la generación de empleos queda limitada a los “ayudantes” que el empresario pueda necesitar, acuerdos que aunque pocas veces se cumplen, es común verlos en las líneas de los contratos que celebran entre comunidades y empresas madereras.

Los costos en materia de infraestructura para el aprovechamiento del bosque, como es el caso de los caminos forestales o camiones troceros suelen estar también en manos de las empresas por el alto costo que se requiere. Sin embargo, otros costos muy significativos son los producidos por los estudios técnicos, que pueden estar entre los 100, 200 o 300 mil pesos para la elaboración de un plan de manejo, hecho por prestadores de servicios técnicos privados.

Este tipo de recursos actualmente en la mayoría de los casos provienen de fondos gubernamentales administrados por la Comisión Nacional Forestal, en programas como el Prodefor, que es el resultado de la privatización de los servicios técnicos forestales que antes hacía el Estado.

En un contexto de globalización en el que los precios de los productos maderables o no maderables que se obtienen de los bosques son regulados a nivel internacional, la obtención de dichos apoyos gubernamentales se vuelven estratégicos para insertarse en un mercado donde si no se es competitivo, no se puede sobrevivir.

Con ese proceso de privatización de servicios técnicos y con una estrategia forestal hecha por Indufor, una empresa multinacional finlandesa de consultoría, financiada por grandes empresas papeleras que a su vez financian campañas políticas, se reforma la legislación forestal en el sexenio foxista y se desregula la conversión de bosques naturales en plantaciones forestales industriales. El Banco Mundial lanza una serie de programas como el Prodeplan y Pronare, el primero dirigido a apoyar a grandes extensiones de plantaciones forestales, cuyos apoyos no llegaron a pequeños productores forestales y el segundo dirigido a las comunidades y ejidos con bosque dentro de su territorio, cuyo objetivo supuesto es el de reforestación llevando en muchas ocasiones especies ajenas a los ecosistemas. Posteriormente el programa Proarbol además de sembrar la corrupción en diversas elites gubernamentales y de pretenderla al interior de las comunidades, continúa con la lógica de transformación de los bosques en grandes fábricas de celulosa y servicios ambientales.

Así, por los altos costos, los programas de gobierno condicionan la rentabilidad del aprovechamiento forestal a sus propias reglas de operación, hechas desde los intereses multinacionales de las voraces empresas papeleras, industriales de todo tipo y biotecnológicas, pues en el mercado ya circulan especies transgénicas de pino y eucalipto, que al igual que el maíz tienen propiedades invasivas hacia los bosques naturales, que tienden a transformarse en extensos monocultivos, que se rocían diariamente con fertilizantes y plaguicidas que hacen imposible la vida campesina e indígena en los antiguos bosques. El cambio puede ser silencioso, mediante los árboles de Proarbol o Pronare o mediante los contratos de servicios ambientales.

Después del Convenio de Kioto, donde los grandes capitalistas reconocieron, en nombre del mercado, que el calentamiento global es una realidad y que las empresas deben disminuir sus niveles de emisiones de gases de invernadero, particularmente el dióxido de carbono, el pago por servicios ambientales se vuelve una prioridad para el Banco Mundial y mediante el GEF, financia este programa a nivel mundial. En el caso del pago por captación por CO2, es más lo que capta un bosque de rápido crecimiento, como los empleados para la producción de celulosa en plantaciones industriales, que un bosque natural en relativo equilibrio; por lo que el manejo forestal impulsado por el Estado es perfectamente armónico con el planteado por el mercado internacional, que permite a las empresas no dejar de contaminar e incluso contaminar más si lo desean, siempre y cuando compren los bonos de carbono necesarios, acelerando el cambio climático y la injusticia ambiental en todo el planeta.

Con los servicios ambientales, lo que las empresas buscan no es la madera, no es el agua en sí, no es la tierra, son las funciones ecosistémicas, la fotosíntesis, la descomposición de materia orgánica, la infiltración y retención de agua al subsuelo, la polinización, etc. Para los wixaritari es el Y+rameka, o las esencias de la vida, lo que nace y vuelve a nacer, lo que hace que la vida continúe.

Es por ello que surgen programas como el Procymaf, que pretende hacer de las comunidades, vendedores de todo lo que exista en su territorio, la biodiversidad, el agua, el aire, etcétera.

Es una realidad que los técnicos de Conafor ocultan a las comunidades al ofrecer los programas de gobierno, para ellos todo son “subsidios al buen manejo”, “subsidios a la conservación”, etcétera. Lo que sí muestran es el cheque y las cantidades de dinero que pretenden deslumbrar y después corromper.

Sin embargo, todo lo que los representantes del gobierno ocultan y deliberadamente niegan, puede verificarse fácilmente donde estos procesos están más avanzados. Basta con darse una vuelta a la Unión Zapoteca Chinanteca (Uzachi) en el estado de Oaxaca, donde directamente el Banco Mundial llega a supervisar el avance el programa Procymaf, donde se hacen transacciones directas de bonos de carbono a empresas como Televisa y Chino Inc., mediante la empresa Servicios Ambientales de Oaxaca (SAO), donde las empresas biotecnológicas como Novartis hacen contratos de bioprospección e instala laboratorios para “ayudarles” a las comunidades a detectar la presencia de maíz genéticamente modificado. Casualidad que Novartis es la precursora junto con Astra Zéneca de la empresa Syngenta, segunda productora de transgénicos en el mundo, y que cuando Syngenta o Monsanto se han preocupado por saber dónde hay contaminación del maíz ha sido para demandar a los campesinos por el uso indebido de patentes.

Es este el aprovechamiento forestal “ideal” para el mercado internacional, que es ecológicamente suicida y socialmente incendiario, se proyecta en la legislación y programas de gobierno en México como parte de un embate integral contra los pueblos indígenas