Inviabilidad de la pena de muerte en México

Por Antonio Cerda e Irma Ortiz/El Sentir de Coahuila

El presidente de Abogados Católicos de México, Armando Martínez, aseguró que el gobernador Moreira quiere abanderarse como paladín del fracaso del Estado de derecho con estas iniciativas que son un desafío al pacto federal.

La propuesta enviada por el Poder Legislativo de Coahuila a petición del gobernador Humberto Moreira de establecer en la Constitución federal la pena de muerte, “para los plagiarios que torturan y matan a sus víctimas”, sacó rayos y centellas en diversos sectores políticos del país.

Mientras el gobernador pidió analizar con seriedad la pena capital, debate que fue avalado por algunos partidos, analistas y juristas señalaron que esta reforma significaría un grave retroceso en el Estado de derecho.

Consecuencias de la inseguridad: Barragán

José Barragán, ex consejero del Instituto Federal Electoral, señaló que se trata de un debate importantísimo en México porque “estamos sufriendo las consecuencias de una gran inseguridad pública, de una serie de ajusticiamientos que se dan en un desorden completo y presentar en este momento esta propuesta es de la mayor importancia. Si se le va a mezclar con temas electorales, que ojalá no suceda, correríamos el riesgo de no examinar el tema con la seriedad necesaria y que se caiga en los extremos”.

“En el fondo —apunta— se trata de un asunto de decisión política si se establece la pena de muerte de nueva cuenta en nuestro país vigente hasta el 9 de diciembre de 2005. Si ahora se plantea su reestablecimiento en Coahuila, que para ellos es soberano, lo pueden hacer, no obstante lo que diga la Constitución General o se restablece para toda la República, si se pretende que la reforma sea a nivel de Constitución. Es una decisión política para la cual siempre ha habido, siempre hay y siempre habrá razones para condenarla lo mismo que para implantarla.

Un debate de carácter estrictamente político porque ni moral, religiosa o éticamente desde ningún punto de vista, se puede justificar la determinación de la pena de muerte. Un gobernante jamás la debe de aplicar y un buen gobernante nunca la aplicará porque sabe gobernar”.

“El problema que se plantea en Coahuila es que hay una evidente incapacidad de las autoridades para contener la delincuencia y mantener el orden público. Son incompetentes pero no sólo las autoridades de ese estado que han salido a dar la cara, sino todas las del país, porque ya tenemos muchos años con ese problema y lo que hay es una verdadera incompetencia no sólo para resolver los problemas de la seguridad pública, sino para resolver los económicos, de orden social y de la mala distribución de la riqueza pública que crea este caldo de cultivo donde proliferan todos esos ilícitos”.

“La gente esta más proclive a instaurar la pena de muerte porque está asustada, preocupada pero de eso se vale el político para hacer valer su incompetencia. La gente por supuesto que tiene derecho a reclamar para eso demandó que si no eran competentes que abandonarán su cargo, cosa que no han hecho. ¿Qué van hacer? Ahora les van a decir ustedes tienen la culpa porque no me dejan imponer la pena de muerte, cuando no existen garantías de que con su implementación se logre la paz y tranquilidad pública. La propuesta no tiene viabilidad y terminará en un programa de tipo político para buscar votos con el hartazgo de la gente”.

Ineficaz ante la delincuencia: López Portillo y Vargas

Por su parte, Ernesto López Portillo y Vargas, director ejecutivo del Instituto para la Seguridad y la Democracia, indica que la pena de muerte no reduce la delincuencia.

“En 2004 —dice— en la Unión Americana el índice medio de asesinatos en los estados con pena de muerte fue de 5.7 por cada 100 mil habitantes, pero en los estados sin ese castigo fue sólo de 4.02. En Canadá, en 2003, 27 años después de la abolición de la pena capital, el índice de asesinatos había descendido 44 por ciento con respecto a 1975, cuando ésta seguía en vigor”.

López Portillo dice que la pena de muerte es irracional, premoderna, regresiva y profundamente peligrosa. Implica la abdicación del Estado en cuanto a su capacidad de reinsertar a los criminales.

“En nuestro sistema de justicia penal —dice— el riesgo de condenar a pena de muerte a inocentes es enorme y, desde luego, el daño sería irreparable”.

Se le pregunta el porqué insistir en ella, y señala que quienes proponen la pena de muerte están desesperados en dos sentidos: “primero, porque no encuentran mejores formas para ganar el apoyo de la sociedad y, segundo, porque no encuentran la manera de solucionar el colapso institucional en el que se encuentra la policía y el sistema de justicia penal”.

Paladín del fracaso: Martínez

A su vez, el presidente de Abogados Católicos de México, Armando Martínez, aseguró que el gobernador Moreira quiere abanderarse como paladín del fracaso del Estado de derecho con estas iniciativas que son un desafío al pacto federal. “Primero —dijo— rechazo el principio de la pena de muerte que no es la solución para acabar con el crimen organizado. Segundo, creemos en el Estado de derecho, los delincuentes no pueden derrotarlo porque no es un problema de endurecimiento de la ley o de penas y tercero, si el gobernador promulga esta reforma de la constitución del Estado debería de ser enjuiciado políticamente”.

“Actúan con un doble discurso, por un lado envían una iniciativa al Congreso federal pero por otra adoptan una iniciativa en el congreso local. Manejan el discurso de la presión política y con una bandera separatista. Esta rebelión institucional debiera ser controlada por los mecanismos constitucionales porque no podemos permitir que alguien con ese dolo pretenda vulnerar el pacto constitucional”.

Aseguró que debates sobre este tema se dieron hace tres años “recordemos una de las reformas constitucionales que pasaron ya por supuesto que el derecho está en constante evolución pero no es menos cierto que hace dos años cuando se dio la reforma al 14, al 22 constitucional el debate fue amplio federal y la reforma que se logró en tiempos de una grave crisis y de disenso político fue hecha por unanimidad y con todos los partidos. Volverlo a debatir es redundar, lo que hace Moreira es tratar de colocarse en el ojo de la opinión pública para pretender contender a otras aspiraciones políticas pero no por lo que significa en el fondo la pena de muerte. Busca colocarse en la agenda nacional como candidato a la presidencia de la República por su partido, contender a través de reflectores”.

“Lo que la población exige es el cumplimiento del Estado de derecho y si llega con esa irresponsabilidad como Humberto Moreira y dice vamos a matar a los delincuentes por supuesto que la gente va a la barbarie. Las declaraciones de que si los vamos a fusilar o ahorcarlos es una incitación a la rebelión. Si lo que reconocemos es que las instituciones son las que están fallando quien va a decir que la pena de muerte no se aplicará como un mecanismo de control político para justificar acciones de quienes estén en el poder”.