Deben universidades promover producción social del hábitat a favor de la ciudadanía

        UAM/Ciencias Sociales     Oaxaca, México.- Las universidades no deben quedarse al margen de la Producción Social y Gestión del Hábitat (PSGH), ya que es una más de las contribuciones que pueden dar a la ciudadanía, que busca hacer efectivo el derecho a la vivienda y la ciudad.   Así lo expuso la doctora Cristina Sánchez Mejorada Fernández, profesora-investigadora del Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), al participar en el Encuentro Latinoamericano y la Tercera Edición de Pasantías de Política Urbana y de Vivienda en Tiempo de Crisis.       De acuerdo con los participantes en la PSGH se garantiza la seguridad de la propiedad y su goce, que incluye la tenencia colectiva, el acceso a servicios e infraestructura y buenas condiciones de estancia.   [caption id="attachment_35726" align="alignleft" width="300" caption="El actual hábitad de los mexicanos reducido a 70 mts2 por empresas constructoras"][/caption] La académica de la Maestría en Planeación y Políticas Metropolitanas de la Unidad Azcapotzalco señaló que es indispensable la vinculación de las universidades con las diferentes comunidades, para conocer las problemáticas que les afectan en materia de hábitat y darles solución a partir del modelo de la PSGH.   La UAM, apuntó la especialista, difunde esta nueva perspectiva del hábitat entre los estudiantes de las diferentes licenciaturas y de manera particular participa en la PSGH con el servicio social.   María Lorena Zárate, representante de la Oficina Regional para América Latina de la Coalición Internacional para el Hábitat, estableció que la Producción Social del Hábitat (PSH) considera a la vivienda como un bien de uso y por ello construye la de mejor calidad, la que con el tiempo adquiere mayor valor, la que genera la autoestima y el empoderamiento de los involucrados, que a su vez fortalecen redes sociales y prácticas comunitarias, porque poseen una visión integral del hábitat.     La PSH –que se da bajo el control de auto-productores organizados– atiende a grupos en situación de desventaja y empobrecidos, considera los niveles de ingreso y capacidad de ahorro, la identidad y diversidad de los ocupantes e incluye prácticas de autogestión, autoconstrucción y ayuda mutua, las cuales impulsan procesos de organización social que construyen una ciudadanía activa y responsable en busca de garantías sociales y derechos individuales.   En cambio, sostuvo, la producción privada y pública de casa social a cargo de empresas constructoras, desarrolladoras o inmobiliarias que tienen el respaldo de políticas y fondos públicos, consideran la vivienda como un bien de cambio.       Además tienen una escasa producción pública directa, construyen hogares más baratos y pequeños en lugares cada vez más alejados, que con el tiempo tienden a deteriorarse, no sólo por su quebranto físico, sino además por el conflicto social, agregó.   Este tipo de morada de interés social promueve la propiedad privada individual –hipotecas de largo plazo que ponen en riesgo la seguridad de la tenencia–; provee instalaciones para servicios que en diversos casos no existen o son de mala calidad; sólo atiende a la franja de la población con cierto nivel de ingreso comprobable; garantiza dimensiones mínimas para la vivienda y en muchas ocasiones utiliza materiales de mala calidad e incluso nocivos para la salud.   Esta producción de casa-habitación, consideró, es producto de una visión sectorial, reduccionista y simplificadora, que debe ser modificada en aras de una ciudad posible, con base en principios de sustentabilidad, democracia, equidad y justicia social.   Por todo ello propuso fortalecer los procesos populares de la PSH e incidir en políticas públicas y en leyes, reglamentos, decretos y normativas que garanticen el derecho a la vivienda y a la ciudad.   Lorena Zárate enfatizó la importancia de la articulación de saberes y recursos de múltiples actores –organizaciones, movimientos sociales, investigadores,  legisladores e instituciones de cooperación internacional– que incidan en la sistematización, desarrollo y difusión de instrumentos y materiales para sustentar procesos de PSH, así como en la vinculación de redes e instancias que promuevan los derechos humanos relacionados con este tema.