En vigor defensa colectiva contra malos servicios a consumidores

Oaxaca, México.- El movimiento denominado “Estrategia de Acción Antimopólica y Derechos del Consumidor”, constituido por ciudadanos consumidores, presentó el día 23 de abril de 2009 ante el pleno de la Cámara de Diputados, una propuesta que aprobó por unanimidad, reformar el artículo 17 de nuestra Carta Magna.

En un comunicado sus representantes acusan de prácticas monopólicas empresariales.

[caption id="attachment_34766" align="alignleft" width="300" caption="Los consumidores tiene derecho constitucional a defensa colectiva"][/caption]

“Nuestra economía está colonizada y capturada por un grupo de empresas que tienen el control de grandes mercados, imponen sobreprecios a bienes y servicios, impiden la competencia y aplastan a los pequeños productores y comerciantes y abusan sistemáticamente de los consumidores”.

De igual forma señalan que es cierto que con dicho cambio se  acepta que en México debe existir la defensa colectiva  como derecho constitucional.

Pero, – afirman  – al mismo tiempo,  se cometió la regresión de permitirla solo a partir de la aceptación y la promoción  de organismos públicos como la Profeco, la Condusef y Procuraduría del Medio Ambiente, y también la restringió  solo a los usuarios de los servicios financieros, los derechos del consumidor y la protección del medio ambiente.

La minuta fue enviada a la Cámara de Senadores para que dicha instancia la pudiera aprobar o estableciera las modificaciones necesarias.

  Esta unión de consumidores en actividad política, señalan que su movimiento “tiene que conquistar, junto a muchos otros, el mandato constitucional  y la nueva legislación procesal de tal manera que nunca más tengamos que enfrentar de manera individual y en condiciones de desventaja los abusos en el cobro de comisiones y tasas de interés de bancos e instituciones financieras, de las empresas que venden productos con sobreprecio y pésima calidad, corporaciones que nos afectan en el suministro de energía eléctrica, servicios de telefonía, venta de gasolinas y de  gas, o en la entrega de viviendas con daños y desperfectos estructurales”; así lo advierten a través de un comunicado.