UNAM/Ciencias Sociales
Oaxaca, México.- Cada año, los mexicanos gastan más de 27 mil millones de pesos en sobornos y pagos para evadir las sanciones más comunes, es decir, el equivalente al ocho por ciento de los ingresos anuales de las familias con bajos recursos, afirmó la investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la UNAM, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros.
Asimismo, señaló que más del 43 por ciento de los mexicanos están convencidos de la abierta colusión de las autoridades con prácticas corruptas y el enriquecimiento ilícito; además consideran que las estrategias de combate a la corrupción han sido fallidas y poco efectivas.
La especialista consideró que la crisis económica por la que atraviesa el país, se debe en gran medida a la corrupción. México es una nación rica en recursos, pero si continúan los conflictos de interés sólo se acentuarán este tipo de prácticas corruptas, resaltó.
[caption id="attachment_36521" align="alignleft" width="300" caption="La investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la UNAM, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros"]
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De acuerdo con los últimos datos de Transparencia Internacional, México se encuentra en el penúltimo lugar de combate a la corrupción, sólo antes de Haití y República Dominicana, refirió.
En entrevista, dijo que la corrupción es un problema grave y ominoso que afecta las funciones básicas del Estado y destruye la economía de los sectores más vulnerables, así como los avances institucionales alcanzados.
“Lo que hace falta es una regulación para evitar conflictos de intereses entre lo público y lo privado, debatir las fronteras entre el Estado y el mercado, y el rol que debe jugar la sociedad para que estas fronteras sean rígidas”, subrayó.
Desafortunadamente, en México hay un autismo político y económico sobre el tema y se debe a que los gobernantes no se preocupan por el bienestar de la población y se han olvidado de la razón por la cual ocupan esos puestos, reiteró.
Por lo anterior, Sandoval Ballesteros propuso diversas leyes, entre ellas, una que regule el conflicto de intereses; otra, de promoción a los informantes, para combatir la opacidad, así como reformas a la Ley de Transparencia.
Si bien ha habido avances en la materia, no están puestos los cimientos necesarios para combatirla adecuadamente y en su totalidad, añadió.
Naciones como Perú, Venezuela y Ecuador ya lograron notorios avances. En el caso de Ecuador y Venezuela, han hecho cambios a nivel institucional y en sus reformas del Estado, plantean un cuarto poder: además del Ejecutivo, Legislativo y Judicial implementaron el poder Ciudadano, mismo que tiene organismos autónomos que sirven como herramientas para hacer valer sus atribuciones, finalizó.