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Lunes 23 de diciembre, 2024.
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Oaxaca, México.- El ministro José de Jesús Gudiño Pelayo presentó hoy al Pleno el proyecto de dictamen de la investigación constitucional de los hechos en San Salvador Atenco y Texcoco, Estado de México, los días 3 y 4 de mayo de 2006 y en cuyo dictamen reconocer graves violaciones a derechos humanos por la faltade protocolos de acciones de los cuerpos poliíiacos.
El ministro destacó que al ejercer la facultad de investigación, se generó una oportunidad para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación contribuya a la consolidación de una cultura democrática, fortalecida en el respeto a los derechos humanos, consciente de la legitimidad de aspirar a que sus cuerpos de seguridad se conduzcan con profesionalismo y legalidad.
[caption id="attachment_7172" align="aligncenter" width="300" caption="El ministro José de Jesús Gudiño Pelayo en la lectura del dictámen sobre el caso Salvador Atenco"]
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En la lectura de su proyecto, antes del inicio del debate, el ministro se refirió a los antecedentes de lo que denominó Caso Atenco, y a la facultad de investigación prevista en el segundo párrafo del artículo 97 constitucional.
Propuso que en los hechos se consideren graves las violaciones a las garantías individuales, porque alteraron de manera significativa la forma de vida de la comunidad en que acontecieron, así como sus relaciones con la autoridad.
Ello, precisó, porque se da cuenta de lesiones y agresiones físicas, sicológicas y sexuales recibidas por muchos civiles detenidos y otros que se encontraban en el lugar y no fueron privados de su libertad, y de la intensidad con que fueron proferidas.
[caption id="attachment_7173" align="aligncenter" width="300" caption="Las seria violaciones aderechos humanos a la población de Atenca fueron confirmadas por la SCJN"]
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Los eventos, agregó el ministro Gudiño Pelayo, también dejaron en evidencia omisiones importantes en materia de policía y seguridad pública; omisiones que propiciaron condiciones de vulnerabilidad de los derechos humanos, particularmente de los derechos de los detenidos.
Se trata, comentó, de omisiones legislativas en cuanto al uso de la fuerza pública, a los que se relacionan estrechamente, las omisiones reglamentarias y la falta de protocolos de la actividad policial.
Estas omisiones son también violatorias de los derechos humanos, de protección de la vida y de integridad personal, propuso el ministro, quien dijo que el Estado debe realizar acciones, incluyendo las de orden legislativo, que coadyuven al respeto y ejercicio de estos derechos.
Además, porque ello da paso a que las detenciones sean efectuadas sin apego a los derechos reconocidos en el derecho humanitario a todo detenido, y que son recogidos y tutelados por la Constitución.
En su proyecto, el ministro destacó que la investigación realizada por dos magistrados de Circuito dejó a la vista las carencias y deficiencias con que operan los cuerpos de seguridad; la inexistencia acerca del uso de la fuerza pública, a nivel legal y reglamentario, y la inexistencia de protocolos en materia de policía que permitan prever y automatizar acciones y reacciones de los cuerpos de seguridad.
No debatir los límites a la fuerza pública tiene un alto costo; no hacerlo da paso al uso arbitrario e ilimitado de las fuerzas del Estado; no hacerlo “nos torna vulnerables, porque nos coloca ante la disyuntiva de escoger entre el autoritarismo o la anarquía”, expresó el ministro José de Jesús Gudiño Pelayo.
Consideró que es inaplazable normar la fuerza pública, imponerle límites y profesionalizar a la policía.
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