Ministros de la SCJN no reconocen las nuevas tendencias en derechos humanos

Por Dolores Magallón

 

Oaxaca, México.- Los derechos sociales ofrecen retos mayores para su cumplimiento que los individuales, porque hoy se sigue dudando de su calidad como garantías humanas y porque no se cuenta con perspectivas jurisdiccionales que los hagan posibles, señaló el doctor David Chacón Hernández, profesor-investigador del Departamento de Derecho de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

En el marco del Segundo Foro Interuniversitario sobre Derechos Humanos que organiza esta casa de estudios y la Universidad Iberomericana (UIA), el académico consideró que el Estado tiene la obligación fundamental de dar cumplimiento a los derechos sociales y los juzgadores de demandarlo, aprovechando lo existente en el derecho procesal, como sucede en muchos países.

En forma lamentable, aseveró el docente de la Unidad Azcapotzalco, la mayoría de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), educada a la vieja usanza del derecho soberanista, positivista y formalista, no reconoce las nuevas tendencias internacionales, las cuales tienen una nueva perspectiva de interpretación, basada en la tarea preponderante de los derechos humanos.

 

 

Para ellos, indicó, “sólo aquello que está plasmado en la Constitución como garantías, es lo que el Estado está obligado a cumplir, y es esta actitud lo que convierte a los derechos sociales en simples declaraciones en papel”.

En su exposición aclaró que ya existen tres generaciones de derechos humanos: los individuales, los sociales (colectivos de grupos) y los difusos (al desarrollo, la paz, al patrimonio cultural y a la defensa de la soberanía), en los que el individuo no es localizable de manera clara.

Chacón Hernández enfatizó que la obligación de los Estados de proteger los derechos individuales de primera generación aún no ha sido cumplida y ya se tienen los de tercera generación, por lo que puede asumirse que existe un grave déficit histórico en materia de garantías humanas.

Pese a todo, advirtió, no debe caerse en una actitud escéptica sobre los derechos sociales por el hecho de que no se cumplen, ya que eso sólo ayudaría al Estado a deshacerse de sus deberes.

Todo lo contrario, exhortó, “debemos promover acciones jurisdiccionales que garanticen una lógica procesal para demandar estos derechos”.

El maestro Alan García Campos, catedrático de la UIA, precisó que la justicia transicional, que abarca la variedad de procesos y mecanismos asociados a los intentos de una sociedad de resolver problemas derivados de un pasado de violaciones a gran escala de los derechos humanos, continúa como asignatura pendiente para México.

Puntualizó que contrario a las promesas planteadas por la anterior administración, no se sancionó a los responsables de los sucesos de Tlatelolco de 1968 y el Jueves de Corpus de 1971; no se develó la verdad histórica ni se reparó el daño a las víctimas relacionadas con abusos del pasado.

El docente recordó que desde la perspectiva de la persecución criminal, fueron pocas las órdenes de aprehensión liberadas, aquellas que fueron redimidas se ejecutaron tarde, y los pocos procesos instaurados terminaron sin sentencias condenatorias.

Para el experto, la Fiscalía Especial adoptó la cuestionable estrategia legal de caracterizar lo sucedido como genocidio, mientras que la SCJN estableció que la matanza estaba sujeta a reglas de prescripción.

A años de distancia el caso de Jueves de Corpus se encuentra cerrado en el ámbito nacional y espera su desenlace en la esfera internacional y sobre la matanza del 2 de octubre se ha anunciado en fechas recientes que el ex presidente Luis Echeverría Álvarez es inocente.

Enfatizó que nuevas iniciativas deben ser adoptadas como la creación de una comisión investigadora que satisfaga el derecho a la verdad, además de estrategias adecuadas de persecución penal, desclasificación y sistematización de los archivos públicos y procesos de depuración.

 

 

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[caption id="attachment_11118" align="aligncenter" width="300" caption="Ministros de la Supema Corte de Justicia de la Nación aun sin reconocer las nuevas generaciones ede derechos humanos en México"][/caption]