Normas legales restringen métodos anticonceptivos a las mujeres

Por Sairi Córdova Medina/Marcha

Oaxaca, México.- Las mujeres son desde ahora más restringidas en el acceso a métodos de anticoncepción y a la interrupción legal del embarazo cuando son víctimas de abuso sexual.

La agrupación social Xochiquetzal  en Jalapa, Veracruz, se manifestó en contra de las 35 modificaciones a la Norma Oficial Mexicana Sobre Violencia Familiar, Sexual y Contra las Mujeres.

En conferencia de prensa, consideran que estas nuevas disposiciones restringirán aún más el acceso a la anticoncepción de emergencia.

La representante de esa agrupación Aracely González Saavedra, destacó que el gobierno mexicano, en sus tres niveles -federal, estatal y municipal-, tiene la obligación de respetar los tratados internacionales en los que se compromete a tomar las medidas necesarias para asegurar el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, incluídos los sexuales y reproductivos.

De igual forma, sostuvo que esas modificaciones no establecen la obligatoriedad de las instituciones de salud de contar con personal médico en condiciones de realizar las interrupciones legales de embarazo.

De allí que desaprobaron las modificaciones a la Norma Oficial Mexicana Sobre Violencia Familiar, Sexual y Contra las Mujeres, toda vez que violenta algunos derechos logrados por las féminas.

En ese mismo sentido, González Saavedra lamentó la violación a los derechos reproductivos de la mujer por la omisión a la solicitud de aborto presentada por los padres de una fémina indígena -con discapacidad mental- que fue abusada en Chicontepec.   [caption id="attachment_6690" align="aligncenter" width="300" caption="Las reformas a la norma oficial, vulnera el derecho el acceso a servicios de salud de mujeres que sufrieron abuso y violencia sexual en el país."][/caption]

La agrupación Xochiquetzal exigió que el gobierno estatal actúe en ese caso y tome las medidas necesarias para asegurar que toda mujer con un embarazo producto de una violación, pueda acceder a una interrupción legal del mismo.

“Mientras se siga penalizando la interrupción del embarazo, habrá discriminación contra las mujeres y se estará consintiendo y favoreciendo que ponga en riesgo su vida, anulando la posibilidad de que toda maternidad sea elegida, deseada, no producto de la imposición”, concluyó.