A estudio de magistrados del SCJN, el proyecto de resolución del caso Oaxaca
NOTIMEX
Oaxaca, México.- Para estudiar el proyecto de resolución sobre el caso de violaciones de derechos humanos en Oaxaca durante 2006, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) suspendió. Este lunes, sus sesiones públicas
El ministro presidente del alto tribunal, Guillermo Ortiz Mayagoitia, informó que el proyecto de resolución se publicará "íntegro" y de forma "inmediata" en la página de Internet de la corte.
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En el proyecto de sentencia elaborado por Mariano Azuela Güitrón no se señalan responsabilidades pero sí se nombran a servidores públicos involucrados,
En dicho documento de resolución, se documentan las posibles violaciones graves a derechos humanos durante las protestas de maestros y la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) ocurridas entre el 1 de mayo de 2006 y el 17 de julio de 2007.
Este proyecto se repartió a todos los integrantes del pleno, quienes suspenderán sus sesiones públicas para avocarse al estudio de dicho proyecto del martes 7 al martes 13 de octubre.
En un informe preliminar la comisión investigadora, integrada por Baraibar Constantino y Roberto Lara Hernández, se indicó que en las conclusiones "no se adjudican responsabilidades".
"Unicamente se identifica a las personas que participaron en los hechos calificados como graves violaciones a las garantías individuales", abunda.
La comisión recabó 151 informes de autoridades, de los cuales 29 son de funcionarios federales, 71 estatales y 51 de municipales, así como colaboraciones y entrevistas de diversos integrantes de la sociedad, como comerciantes, empresarios y representantes del clero.
De la misma forma, la investigación contiene testimonios de integrantes de organizaciones de derechos humanos, artesanos, prestadores de servicios, medios de comunicación, integrantes de la Sección 22 y 59 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca.
Las conclusiones en las que se basó el ministro Azuela para elaborar su proyecto de sentencia están documentadas con material fotográfico y videográfico.
De igual forma se sustenta en 346 entrevistas a autoridades federales, estatales y municipales, funcionarios y ex funcionarios, en 20 viajes durante los cuales se levantaron las respectivas actas circunstanciadas en casi seis mil 600 páginas.
Responsabilidad del gobernador Ruiz Ortiz y el presidente Vicente Fox
El documento de investigación que integró el ministro Mariano Azuela, concluye que durante los enfrentamientos de los cuerpos policíacos federales, estatales y municipales con los trabajadores de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) en 2006 y 2007, existieron garve violación a las garantías de de derecho a la justicia, a la vida, integridad personal, libertad de tránsito, de trabajo, pensamiento, libertad de expresión, educación y a la paz.
Señala al gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz como participante de dichas violaciones, sin embargo, minimiza su responsabilidad al considerar que no contó con los elementos necesarios para actuar en consecuencia.
En el documento de 923 cuartillas se destaca el nombre de Ardelio Vargas Fosado, como el mando policiaco de mayor rango señalado en el dictamen. En aquel momento era jefe del estado mayor de la entonces Policía Federal Preventiva (PFP) y hoy es actual diputado federal por el PRI.
En todos los casos sólo existe la mención de funcionarios menores, pero en todos ellos el ministro Mariano Azuela prácticamente los exonera. Con argumentos como los siguientes: sin embargo, tan participación debe estimarse atenuado, atentas las circunstancias históricas y presupuestales, sobretodo en una entidad que presenta rezagos, que por su propia naturaleza deben de atenderse de manera prioritaria, lo que declama la erogación ineludible de recursos públicos.
Para analizar el documento y subirlo para la revisión al pleno el próximo martes 13 de octubre, los ministros determinaron cancelar sus sesiones públicas y así tener tiempo para la revisión del documento.