Oaxaca, México.- El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Genero Góngora Pimentel, admitió a revisión un juicio que promovió la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en contra de una reforma en vigor desde diciembre pasado y que, en su opinión, limita el acceso a la justicia y pone en riesgo el patrimonio de los pequeños deudores, en especial de tarjetahabientes morosos.

Como primera medida, difundió el diario El Universal, el ministró requirió a las dos cámaras del Congreso de la Unión y al presidente de la República, Felipe Calderón, que respondan a la demanda que se interpuso en su contra por haber aprobado y publicado dicha reforma.

El presidente de la CNDH, José Luis Soberanes, solicitó a la SCJN, mediante un juicio de acción de inconstitucional, que anule dos artículos del Código de Comercio, en los que se estableció que las sentencias que se dicten en este tipo de asuntos sólo pueden ser apeladas -en una segunda instancia- por quienes enfrenten juicios por más de 200 mil pesos.

 

En opinión del Ombudsman nacional esta medida es violatoria de la Constitución, entre otras cosas, porque se discrimina, se limita el acceso a la justicia y se pone en riesgo el patrimonio de las personas de menos recursos, como es el caso de los deudores de tarjetas de crédito.

En la demanda que interpuso en contra de las dos cámaras del Congreso de la Unión, y del presidente Felipe Calderón, Soberanes explica que "esto resulta particularmente delicado".

En especial, agrega, "dada la complejidad y la cantidad de los actos de comercio, pues se está excluyendo del acceso a la justicia a las personas de menores recursos, cuyo patrimonio personal puede estar en juego, como en el caso, por ejemplo, de los deudores de tarjetas de crédito, quienes si no alcanzan la cantidad de 200 mil pesos tendrán vedado el acceso al recurso de apelación y, con ello, minados sus derechos de defensa al eliminarse una instancia".

Las reformas a los artículos cuestionados, 1339 y 1340, del Código de Comercio, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación el pasado 30 de diciembre de 2008.

Dicho código, en esencia, es el que se encarga de que regular todo lo relacionado con los juicios mercantiles en los que se dirimen todo tipo de conflictos relacionados con deudas que van desde rentas, arrendamientos, pagarés, letras de cambios e incumplimientos de contrato, hasta los más numerosos que son los que tienen que ver con las deudas generadas por las tarjetas de crédito.

De acuerdo con la CNDH, la reforma, al permitir que sólo quienes enfrentan juicios por más de 200 mil pesos tienen derecho a apelar las sentencias, dictadas en primera instancia, en su contra, es violatoria del artículo 1 de la Constitución, en tanto que discrimina a quienes tienen menos recursos.

 

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