Comunicado

Oaxaca, México.- Como una medida para mitigar el grave problema de la basura en Oaxaca y de la que se llegan a recolectar en la entidad más de tres mil toneladas por día, el pleno del Congreso local aprobó ayer por unanimidad la Ley para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos del Estado de Oaxaca, que prevé sanciones de hasta 50 mil salarios mínimos a quien cause daños o contamine el entorno ecológico.

En la sesión ordinaria de este jueves, en vísperas de la conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente que tiene lugar este 5 de junio,  la LX Legislatura avaló la nueva norma que se convertirá en la herramienta jurídica para frenar y evitar que la contaminación destruya la riqueza natural  a través de la participación coordinada entre gobierno, sociedad e iniciativa privada y para lo cual se expedirá el Programa Estatal para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos.

En tribuna, los diputados Alfredo Ahuja Pérez, presidente de la Comisión Permanente de Administración de Justicia y Paola España López, integrante de la Comisión Permanente de Ecología, encargadas de emitir el dictamen correspondiente, señalaron que la ley garantizará el derecho de los habitantes a disfrutar de un ambiente sano, adecuado para su desarrollo, salud y bienestar y establecerá mecanismos para el manejo adecuado de los desechos.

Puntualizaron que la ley  considera aspectos sobre el servicio de limpia, barrido y recolección de basura, prohíbe tirarla en la vía pública, caminos, carreteras, predios, barrancas, cañadas, ductos de drenaje y alcantarillado entre otras zonas y lugares no adecuados; depositar residuos biológicos, medicamentos, pilas y baterías, animales muertos o aparatos eléctricos  en los contenedores de la vía pública y quemar cualquier tipo de desechos.

La legisladora España López insistió en la importancia de atender aspectos como el aceite usado, la utilización de bolsas de plástico biodegradables y  la recolección de pilas o baterías usadas, pues tan sólo una del tamaño de un botón puede contaminar  hasta 6.5 millones de litros de agua.  A su vez, el diputado Ahuja Pérez explicó que la ley prevé que en un plazo no mayor de un año, el estado y los municipios emitan sus programas para el manejo de los residuos sólidos.  

Otras acciones que la norma instituye son  las atribuciones del estado, municipios y autoridades comunitarias, la clasificación de los residuos, la participación social, educación y capacitación sobre el tema, además de la responsabilidad de toda aquella persona que genere residuos sólidos  urbanos, de separarlos  en orgánicos e inorgánicos dentro de sus domicilios.  La ley entrará en vigor a los 120 días de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

Por otra parte, durante la sesión se turnaron a  la Comisión Permanente de Administración de Justicia los proyectos de reforma, adición y derogación de diversos artículos de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Oaxaca, enviado por el gobernador del Estado, Ulises Ruiz Ortiz, y al Código Penal local propuesto por el diputado Agustín Aguilar Montes.

Asimismo, a la misma comisión se dio entrada a la propuesta de la Comisión Estatal para la Defensa de los Derechos Humanos, hecha a través de su presidente, Heriberto Antonio García, de reformar el artículo 147 del Código Civil local, que permitiría aumentar la edad mínima para contraer matrimonio.

Los diputados, encabezados por el legislador Rogelio Sánchez Cruz, presidente de la mesa directiva del mes de junio, aprobaron además 34 leyes de ingresos para el ejercicio fiscal 2009, de igual número de municipios y 11 dictámenes de la Comisión Permanente de Gobernación donde se ratificaron renuncias y licencias de concejales; se aprobaron reconocimientos oficiales de localidades y el inicio del procedimiento de desaparición del ayuntamiento de la villa de Etla.

De la Comisión Permanente de Asuntos Migratorios se aprobaron tres dictámenes para que Oaxaca se adhiera a los puntos de acuerdo por separado de los Congresos de los estados de Quintana Roo, San Luis Potosí y Puebla, así como de Michoacán, relacionados con la reducción de trámites para la obtención de visas, apoyo a ex braceros  y evitar el maltrato de inmigrantes en embajadas, consulados y misiones diplomáticas.