Por Lilia TORRENTERA G.

Oaxaca, México.-   Para protesta por la actitud del Gobierno mexicano de defender a ultranza, la participación de las Fuerzas Armadas del país en las desapariciones forzadas como es el caso de Rosendo Redilla y de los activistas del Ejercito Popular Revolucionario (EPR),  Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, este día, el defensor de los derechos humanos, Juan Sosa Maldonado realizó un sociodrama en la explanada de la Alameda Central.

[caption id="attachment_19057" align="alignleft" width="225" caption="El activista de derechos humanos Juan Sosa Maldonado, en el sociodrama para denunciar las desapariciones forzadas/Foto:Ciudadanía Express"][/caption]

Atado de manos, el rostro cubierto con una bolsa de tela, y teniendo como escenografía,  una mampara negra con las fotografías del presidente Calderón, seguida de la imagen del gobernador Ulises Ruiz Ortiz, del procurador de Justicia de Oaxaca, Evencio Martínez Ramírez, del ex presidente, Ernesto Zedillo y del ex secretario de Gobernación, Diódoro Carrasco Altamirano, el activista  recreó la forma en que las fuerzas castrenses y cuerpos policíacos actúan contra los luchadores sociales en México.

   

Luego el activista  leyó un texto en el que denuncia la serie de actos violatorios a los derechos humanos por parte del Gobierno mexicano, y de la actual administración de Felipe Calderón en la que se han registrado casos de lesa humanida contra los que alzan su voz para denunciar los abusos del poder político y económico de México.

Aquí el texto de su intervención:

"La capucha y las vendas constituyen una precaución de los torturadores: los protege de la mirada de la víctima. Pero cumplen otra función: encierran a la víctima en sí misma. El mundo entero ha quedado en tinieblas. Más allá de la tela vasta y grasienta que cubre el rostro, hay un universo de amenazas. No están allí los compañeros, la familia, los amigos. La capucha ha suprimido toda historia y porvenir. Es un negro presente de soledad y desamparo. Y se cierra sobre el individuo como una incógnita. No sólo impide mirar afuera, obliga a mirar hacia adentro. A preguntarse si uno va a resistir. Si va a salir de la prueba siendo el mismo de antes o va a convertirse en un traidor. La capucha reduce el mundo a una sola decisión, a un único temor. Es sabia. Más sabia y menos benevolente que la muerte." Miguel Bonasso: Recuerdo de la muerte.

Cuando han transcurrido once largos años de que fui víctima de desaparición forzada, se esperaría, como ha sido nuestro deseo desde entonces, que las cosas en nuestro país hubieran cambiado.

Sin embargo, la comparecencia del secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, en representación del gobierno mexicano y la defensa que hace del ejército, en el juicio que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le sigue al Estado Mexicano por delitos de lesa humanidad, concretamente en el caso de la Desaparición Forzada de Rosendo Radilla a manos de los militares hace 35 años, es prueba irrefutable del carácter fascista del gobierno de Felipe Calderón y de la impunidad que desde las más altas esferas del poder se les brinda a los militares, cuerpos policiacos y a todos los implicados en delitos de lesa humanidad.

[caption id="attachment_19058" align="alignleft" width="300" caption="Juan Sosa Maldonado en su protesta contra la violación de los derechos humanos/Foto:Ciudadanía Express"][/caption]

Para el caso que nos ocupa la responsabilidad de Diódoro Carrasco Altamirano, Ernesto Zedillo Ponce de León y demás subalternos en la desaparición forzada, tortura física y psicológica, ejecuciones extrajudiciales, detenciones ilegales y todo tipo de violaciones a derechos humanos en la continuidad de la guerra sucia en Oaxaca de 1996 a la fecha, no ha prescrito, y la inactividad de la Procuraduría General de la República en la Averiguación Previa  PGR/FEMOSPP/045/2002 por la denuncia que interpusimos ante la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado es clara evidencia de la impunidad que a estos personajes se les promueve.

   

Cuando hablamos de la responsabilidad del Estado Mexicano, pensamos en los tres niveles de gobierno y en los tres poderes de la República, además de aquellas instituciones que como el ejército son los pilares que sostienen a la tiranía.

Señalar que las cosas no han cambiado carecería de todo sentido si no existieran sólo en  Oaxaca, casos como el de las indígenas triquis Virginia y Daniela Ortiz Ramírez, el indígena Chatino Lauro Juárez, Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, desapariciones forzadas que en el sexenio de Ulises Ruíz Ortiz han sido denunciados y documentados ampliamente por sus familiares, aunque desgraciadamente no son los únicos.

El caso de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, luchadores sociales que han sido reivindicados por el PDPR-EPR y para el que se integró una Comisión de Mediación, ha evidenciado la continuidad de las prácticas contrainsurgentes en  nuestro país, practicas que nosotros padecimos a pesar que como ha sucedido en otros estados de la República, sólo hemos sido parte de la población a la que se le ha descargado toda la fuerza del estado, siguiendo los mismos patrones implementados en las dictaduras latinoamericanas al servicio del imperio.

Así como la “guerra contra el narco” y sus más de once mil muertos, la guerra sucia ha dejado una estela de sangre y llanto, dolor y muerte a lo largo y ancho de la República sin que la sociedad este lo suficientemente organizada para poner freno a todos los delitos que lesionan a la humanidad entera.

Por lo tanto, nuestra propuesta sigue siendo, trabajar intensamente por la defensa de los Derechos Humanos, la presentación con vida de todas y todos los desaparecidos, la libertad de todas y todos los presos políticos y de conciencia y el castigo a los responsables.