De la Redaccción

 

Oaxaca, México.- El Centro  Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco Briseño”,  condenaron el uso excesivo de la fuerza pública contra pobladores de San José del Progreso durante un desalojo de la mina La Trinidad que se registro la mañana de este miércoles.

 

A continuación el texto de la carta de protesta de este organismo civil..

 

 

 

Mayo 6 del 2009

·        El Estado nuevamente utiliza el uso excesivo de la fuerza pública para solucionar conflicto en San José el Progreso ante la resistencia de los habitantes a la exploración minera en su localidad.

 

·        El estado viola derechos humanos de las comunidades indígenas.

 

·        La protesta es un derecho, la represión un DELITO.

 

El Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco Briseño” A. C. y la COMISIÓN DIOCESANA DE JUSTICIA Y PAZ REPRUEBAN Y CONDENAN el uso excesivo de la fuerza pública como método institucional para acallar la voz y la participación de los inconformes ante los proyectos mineros; no es con la represión, detención y tortura como se resuelve la inconformidad, por el contrario genera más revuelta social y graves violaciones a los derechos humanos.

A los habitantes de las comunidades de San José el Progreso, Ocotlán Oaxaca se les están Violando sus Derechos Humanos:

-          Derecho a la tierra, territorio y recursos naturales,

-          Derecho a la información,

-          Derecho a la consulta,

-          Derecho a la participación,

-          Derecho a la integridad física,

-          Derecho al desarrollo,

-          Derecho a la organización y a la protesta social.

 

Exigimos

·        Al Gobierno Federal y Estatal garantizar estos derechos de las comunidades indígenas afectadas por el proyecto minero.

·        Que el Estado Mexicano se abstenga de hacer uso de operativos policíaco-militares como vía de resolución del conflicto y que garantice se resuelva mediante diálogo, ya que éste tipo de acciones violentan los derechos humanos y no atienden las causas estructurales que los generan.

·        Que las instituciones del Estado respeten los derechos de las comunidades al consentimiento libre, previo e informado sobre el futuro de sus tierras, territorios y recursos naturales, de acuerdo a la legislación nacional y a los instrumentos internacionales firmados por México (Convenio 169 de la OIT).

·        Que la Secretaría de Economía Federal revise y en su caso suspenda la concesión otorgada para este proyecto de exploración minera, ya que, al no existir estudio de impacto ambiental y programa de atención a contingencias éste pone en grave riesgo la vida y la integridad física de las comunidades.

·         Que cese la criminalización del movimiento de resistencia contra la minera.

·        Garantizar la integridad física y psicológica de los detenidos.

·        Garantizar el acceso a la justicia pronta y expedita de los detenidos.

·        Alto a la represión de los habitantes de San José el Progreso Ocotlán de Morelos, Oaxaca.