Agencias

Oaxaca, México.- México debería terminar con la impunidad por violaciones de los derechos humanos, reclamaron varias Organizaciones No Gubernamentales (ONG) a unas horas de que este lunes, inicie la revisión del Examen Periódico Universal (EPU) por el caso Anteco y Oaxaca en la sede de la ONU en Ginebra.

“Las autoridades aún no han hecho rendir cuentas a nadie por el centenar de homicidios y las 700 desapariciones forzadas que tuvieron lugar entre las décadas de 1960 y 1980", denunció Patrizia Scannella, encargada adjunta de la oficina de Amnistía Internacional (AI) en Ginebra.

“Los agentes de la policía federal, estatal y municipal de México implicados en violaciones graves de derechos humanos -como tortura, violación y homicidio ilegítimo-, especialmente las cometidas durante los disturbios civiles en San Salvador Atenco y en la ciudad de Oaxaca en 2006, no han comparecido ante la justicia”, puntualizó Scannella.

[caption id="attachment_7108" align="aligncenter" width="500" caption="La Policía Federal Preventiva lanzando gases lacrimógenos durante una de sus acciones en 2006"][/caption]  

“¿Cuales son las medidas decisivas y creíbles que va a anunciar México en la ONU para esclarecer lo que ocurrió durante la guerra sucia de los años 70?”, se preguntó por su parte Juliette de Rivero, responsable en Ginebra de Human Rights Watch (HRW).

«Quisieramos que México resolviera de una vez por todas que cualquier abuso a los derechos humanos va a ser juzgado por la justicia ordinaria, y que se abolieran los tribunales militares», sostuvo De Rivero.

“En el contexto de violencia que vive México, cuando el gobierno ha tomado la decisión de desplegar más personal militar en las calles, es inadmisible que el fuero militar siga siendo competente para ocuparse de delitos contra los derechos humanos”, subrayó José Zeitune, uno de los responsables en Ginebra de la Comisión Internacional de Juristas (CIJ).

El tipo de examen al que México será sometido el lunes en Ginebra, denominado EPU, se realiza a partir de un informe presentado por el gobierno mexicano con la contraparte representado por AI y organismos no gubernamentales defensores de derechos humanos.