De la REDACCIÓN   Oaxaca, México.- Amnistía Internacional (AI) urgió al Estado Mexicano a cumplir cabalmente con la sentencia y asumir la responsabilidad internacional por las violaciones de los derechos humanos de la victimas y sus familiares en los términos estipulados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)   Claudia Ivette González, Laura Berenice Ramos Monárrez, y Esmeralda Herrera Monreal, respectivamente de 20, 17 y 15 años,  fueron secuestradas y asesinadas en Ciudad Juárez en el 2001. Sus cuerpos fueron encontrados junto a otras 5 víctimas en un campo algodonero en la ciudad.   [caption id="attachment_13363" align="alignleft" width="300" caption="Los familiares de las mujeres asesinadas con la esperanza de el gobierno cumpla con el fallo de la CIDH"][/caption] Los responsables por estos crímenes nunca han sido llevados ante la justicia debido a la negligencia de las investigaciones realizadas por las autoridades. Los familiares nunca han dejado de luchar por la justicia y el reconocimiento de la falta de debida diligencia del Estado.   “Es hora de garantizar la justicia en estos casos y de tantas otras de las mujeres y niñas desaparecidas y asesinadas en Ciudad Juárez desde el año 1993”, señaló el organismo internacional.   Indicó que la sentencia emitida por la CIDH, evidencia que las acciones por parte del Estado no han sido suficientes para cumplir con su obligación relativa a la no discriminación contra las mujeres y las niñas y de garantizar la prevención, sanción y erradicación de la violencia de género y de conducir una investigación eficaz.   Amnistía Internacional como otras organizaciones de derechos humanos vigilará las acciones por parte del Estado para cumplir con esta sentencia.   AI precisa que la sentencia de la Corte, determina la responsabilidad del Estado de no haber investigado debidamente y por lo tanto de haber violado la obligación de garantizar los derechos a la vida, integridad personal, y libertad personal de las tres víctimas.   La Corte también concluyó que el Estado violó el derecho al acceso a la justicia, la protección judicial e integridad personal de los familiares afectados y violó el deber de la no discriminación en la garantía de los derechos afectados.   La Corte ordena una serie de acciones para reparar el daño. Estas acciones incluyen: una investigación eficaz de los asesinatos de las tres mujeres – cuyos resultados deben ser publicados; la investigación de los funcionarios responsables por las deficiencias en las investigaciones anteriores, la investigación del hostigamiento contra los familiares; la realización de actos públicos de reconocimiento de responsabilidad internacional del Estado; la indemnización a los familiares; y una serie de acciones para mejorar la prevención e investigación de la desaparición y asesinato de mujeres y niñas.