Oaxaca, México.- La desaparición de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) es un error histórico que profundizará conflictos en el campo mexicano, ya que compete a esta instancia habilitar y cumplimentar todos los expedientes que fueron abiertos en términos  de reparto agrario, y aún se cuentan por cientos los casos que están en este proceso y que no han sido resueltos.

Así lo señaló el doctor Carlos Durand Alcántara, profesor-investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), quien advirtió que la SRA tiene “ataduras” respecto al artículo 2 transitorio de la nueva Ley Agraria, en cuanto a habilitar y cumplimentar todos los expedientes abiertos para confirmar, titular o restituir tierra a muchos pueblos.

  Con esta medida, apuntó, se evidencia que en esta materia el país camina en sentido contrario a lo que recomiendan organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), el Club de Roma e instancias especializadas en términos de lo agrario, que sugieren retener a las poblaciones en sus lugares de origen.

[caption id="attachment_28120" align="alignright" width="300" caption="Los problemas del campo mexicano, se agudizarán con la desaparición de la SRA"][/caption]

El académico del Departamento de Derecho de la Unidad Azcapotzalco afirmó que el reparto agrario es más que viable y puso como ejemplo a países latinoamericanos que han iniciado este proceso como Bolivia, Venezuela, Brasil, Chile y Paraguay.

 

 

  Sin embargo, en México, durante los cuatro últimos sexenios se ha apostado al abandono rural y de las economías campesinas, para dar paso a la privatización del campo, cuyo fin es impulsar el mercado de tierras, aunque los datos indican que las desnacionalizaciones se han realizado para fraccionamientos urbanos –en el caso de ejidos que se encontraban en zonas conurbadas– y desarrollos turísticos.

  Por consigna del Estado, las vindicaciones de tierras de muchos pueblos indígenas han sido reprimidas con violencia y con obstáculos legales, exigiendo títulos de propiedad a comunidades que han vivido desde tiempos inmemoriales en sus parcelas.  Frente a dichas circunstancias, refirió el académico, es ofensivo que en México un capitalista –que estaría mejor definido como latifundista, aunque en términos del artículo 27 constitucional, después de las reformas del periodo salinista, se le reconozca como “pequeño propietario”– pueda poseer 60 mil hectáreas.

  El Estado benefactor, el de la empresa mixta; el que creaba bancos de solidaridad, de crédito; el que habilitaba semilla mejorada, ha quedado atrás. Ya no hay prospectiva social, sino intereses particulares; los vínculos que tienen quienes dirigen el país con trasnacionales son evidentes, criticó.

  En la actualidad, la producción del campo representa únicamente 6.2 por ciento del Producto Interno Bruto del país, y mucho de lo que se genera está determinado por las necesidades de los socios de México en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

  En términos generales, la agricultura no tiene mucho peso en los últimos programas nacionales de desarrollo, y el despoblamiento del sector rural será una consecuencia promovida con el abandono del campo.

  De esta forma los cerca de tres millones y medio de personas que poseen títulos parcelarios o certificados de derechos agrarios y constituyen parte de la población rural del país ya no causarán al Estado costos para proveerles de infraestructura, y este despoblamiento será pertinente para el desarrollo de megaproyectos que el gobierno mexicano tiene pactados con organismos internacionales, como es el caso del  Plan Puebla Panamá.