Por Miranda Salas

Oaxaca, México.-  La Comisión Estatal para la Defensa de los Derechos Humanos de Oaxaca (CDDHO) dicto medidas cautelares a favor de los internos en el penal de Ixcotel y recomendó al gobierno estatal, separar de su cargo al director, Jesús Sebastián Izunza Gutiérrez.

Personal de ese organismo autónomo, se presentó al penal central de Ixcotel para verificar que los derechos humanos de los internos estuviera garantizado por el Estado durante una protesta que inició alrededor de las 10:00 horas de este martes.

Los visitadores también sostuvieron encuentros con los reclusos, quienes entregaron denuncias y documentos avalados por 500 firmas en los cuales describen la serie de arbitrariedades,  vejaciones y actos de corrupción por parte del director del penal.

Luego de documentar el caso, el Ombudsman Heriberto Antonio García, emitió una recomendación a la Secretaria de Seguridad Pública para que de manera temporal sea separado de su cargo como director del penal de Ixcotel, Jesús Sebastián Izanza, en tanto se realiza una investigación por los actos que se le imputan.

A la vez también dictó medidas cautelares en beneficio de la población interna para salvaguardar su seguridad ante posibles represalias por sus denuncias públicas.

Internos del penal de Ixcotel iniciaron un intento de motín para denunciar la corrupción y venta de drogas por el director Jesús Sebastián Izuza  a quien retuvieron por unas horas.

Desde las 12:00 horas  familiares de los reclusos comenzaron a llegar al centro penitenciario para demandar informes y exigir al gobierno no utilizar la fuerza pública.

Por su parte, los reos denunciaron la serie de arbitrariedades de Sebastián Izunza, a quien acusan de vender entre 200 y hasta 5 mil pesos  supuestos privilegios como recibir  visitas familiares y conyugales asi como correspondencia, ingresar alimentos y medicinas, además que tienen que pagar con recursos propios el mantenimiento del penal.

Dijeron que lo más grave es que Sebastian Izunza, ha reactivado el mercado negro de las drogas entre la población interna al permitir a través de su personal de confianza, la venta de mariguna y cocaina entre 160 mil y 500 mil pesos.

Las autoridades mantendrán una mesa de dialogo con los reclusos inconformes por lo que las actividades en ese centro de readaptación social se han normalizado.