Oaxaca, México.- La denominada Ley de Salarios Máximos representará un gasto mayor en vez de un ahorro presupuestal, porque su aplicación requiere una inversión importante en fiscalización, aseguró la investigadora de la UNAM, Violeta Rodríguez del Villar.

[caption id="attachment_27140" align="alignleft" width="300" caption="Violeta del Villar"][/caption]

La académica del Instituto de Investigaciones Económicas (IIEc) y especialista en finanzas públicas señaló que el decreto por el que se modificaron una serie de artículos constitucionales referentes a los salarios y remuneraciones de los servidores públicos es un gran avance en materia de equidad social.

 

 

Sin embargo, esta medida puede resultar contraproducente por su costo, porque a la par se deben fortalecer las áreas de control y fiscalización, lo que representará un gasto mayor al ahorro por la disminución salarial, comentó.

En la actualidad, resaltó, los sistemas de fiscalización son ineficaces a todas luces, y con los cambios que implican estas modificaciones a la Constitución, es probable que aumente la corrupción; las principales afectadas serán, precisamente, las áreas donde existen más irregularidades.

Un ahorro insignificante

El hecho de que se realice una inversión en materia de control y fiscalización, dijo, es positivo, porque es un rubro que se tiene olvidado; sin embargo, hacerlo eficiente representa un costo mayor al ahorro por las remuneraciones, reiteró.

La no disminución del salario durante todo el ejercicio es un aspecto que también está considerado en la reforma, algo que sólo operaba para el Poder Judicial y que ahora contemplará a todos los servidores públicos, detalló.

Al combate de la corrupción

[caption id="attachment_27141" align="alignleft" width="199" caption="Irma Eréndira Sandoval"][/caption]

La coordinadora del Laboratorio de Documentación y Análisis de la Corrupción y Transparencia del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS), Irma Eréndira Sandoval Ballesteros aseguró que esta medida podría ayudar a combatir la corrupción.

 

 

La especialista en economía política e instituciones mencionó que será necesario revisar si estos topes también contemplan las comisiones de funcionarios, como los de la SCJN, una vía por la que se pierden muchos recursos.