Oaxaca, México.- Legisladores de la Comisión Permanente de Asuntos Migratorios del Congreso de Oaxaca y autoridades en materia de derechos humanos de Baja California acordaron iniciar acciones conjuntas para solicitar al gobierno de esa entidad del norte del país, la regularización del Rancho Cañón Buena Vista, ubicado en el municipio de Ensenada, y resolver la situación jurídica del predio en el que habitan cientos de familias de  jornaleros indígenas.

Con el propósito de constatar la situación actual en la posesión del terreno, el presidente de dicha comisión, diputado Felipe Reyes Álvarez y los legisladores Rogelio Sánchez Cruz e Isabel Carmelina Cruz Silva, integrantes de la misma, realizaron una gira de trabajo a ese lugar, junto con el presidente de la Comisión Estatal para la Defensa de los Derechos Humanos (CDDHO), Heriberto Antonio García y el director del Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante (IOAM), René Ruiz Quiroz.

[caption id="attachment_32988" align="alignleft" width="300" caption="Diputados locales, se entrevistaron con migarantes oaxaqueño en el estado de Baja Californía"][/caption]

En voz del indígena triqui, Julio Sandoval Cruz, los diputados y autoridades conocieron la preocupación de los migrantes por la incertidumbre en cuanto a la posesión del predio de aproximadamente 78 hectáreas, donde habitan en su mayoría familias oaxaqueñas, a quienes las autoridades pretenden cobrarles el impuesto predial por 10 años anteriores a la fecha.

Ante ello los integrantes de la Comisión Permanente de Asuntos Migratorios solicitaron al titular de la Procuraduría de Derechos Humanos de Baja California,  Heriberto García García -que estuvo presente en el recorrido por el lugar-,  su intervención en la  vigilancia, protección y salvaguarda de los derechos fundamentales de quienes actualmente viven en el Rancho Cañón Buena Vista.

La problemática de la irregularidad de la tenencia de tierra de las familias mixtecas, náhuatl, mixes y triques que ahí habitan y se encuentran laborando en ese estado del norte del país, fue atendida en el año 2003  mediante un decreto para enajenar a título gratuito a favor del gobierno de Baja California y regularizar la tenencia de la tierra en beneficio de sus actuales poseedores, con el fin de realizar las obras de urbanización y un acuerdo en el mismo sentido en el 2007.

Sin embargo, el gobierno estatal fraccionó los predios para venderlos a las  familias indígenas, lo que desencadenó un conflicto social que ha significado a muchos  jornaleros la persecución, embargo y desalojo, además la inseguridad jurídica no les ha permitido acceder a condiciones de vivienda digna. Tal situación fue denunciada en un punto de acuerdo aprobado por el Congreso de Oaxaca y en el que los diputados solicitaron la intervención del Gobierno Federal ante la pretensión de las autoridades de Baja California de desalojar a cientos de familias de jornaleros indígenas asentado en ese terreno.

Para dar seguimiento al tema y concretar la entrega de los títulos de posesión a las familias de los migrantes que con su mano de obra fortalecen la economía de Baja California y que no por su situación dejan de contar con los derechos más elementales, los legisladores oaxaqueños acordaron reunirse en fecha próxima con las instancias gubernamentales.  

Asimismo, reiteraron la disposición de la LX Legislatura local que encabeza como presidente de la Gran Comisión, el diputado Herminio Cuevas Chávez, para subsanar esa deficiencia y ayudar a que los jornaleros cuenten con los servicios indispensables como son agua potable, drenaje, pavimentación y otros.

En su gira de trabajo a Baja California, los legisladores recorrieron también los campos agrícolas San Enrique S.A de C.V., ubicado en el ejido Melitón Albañez en Baja California Sur, y Campo Agrícola Península de la Paz, ubicado en el Vizcaíno, donde constataron los principales problemas que enfrentan los trabajadores agrícolas como la insuficiencia de servicios de salud y vivienda, la falta de actas nacimiento o CURP y que no están inscritos en instituciones de seguridad social.

Al término de la visita a los campos agrícolas, los integrantes de la Comisión Permanente de Asuntos Agrarios atestiguaron la firma de convenio de colaboración entre los presidente de las comisiones de Derechos Humanos de Oaxaca, Heriberto Antonio García y de Baja California Sur, Jordán Arrazola Falcón y el Procurador de Derechos Humanos de Baja California,  Heriberto García García, con el objetivo de facilitar el intercambio de información, además de llevar a cabo acciones conjuntas para darle atención a la problemática existente en esas demarcaciones.